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el caso rattin |
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Los Ediles de la Junta Departamental se mantuvieron en "omisión contumacial a los deberes de su cargo" al no investigar el Caso Rattin y anular la "transacción" ruinosa. Algunos Ediles no fueron propuestos por sus sectores políticos a una reelección en sus cargos. |
En su edición del jueves 04 de agosto de 2005, N° 55 el semanario "Tres Puntos", en su editorial comenta las expresiones del abogado de Dogliani, Dr. Gastón Pesce acerca del monopolio informativo del Diario "El Telégrafo" en Paysandú, concluyendo que "la información que recibe la población no se desenvuelve en un clima de libertad". "Tres Puntos" refiriéndose a Fernando Baccaro, Director de "El Telégrafo" de Paysandú, afirma que "un geronte casi centenario que cree ser el único profesional de la palabra con derecho a dar visiones o versiones de la realidad, o mejor dicho de su realidad acomodada a los intereses de los mandamases de turno de los cuales ha sido su proverbial vocero". Recuerda "Tres Puntos" que "El Telégrafo" fue un instrumento decisivo para validar la Dictadura Militar instaurada en el Uruguay en 1973 a la que dejó de apoyar recién en 1982 cuando la apertura democrática era un hecho innegable. Entre 1984 y 1989 fue colorado de Belvisi y Sanguinetti, de 1990 hasta 1995 blanco de Larrañaga y Lacalle, y de 1995 a 2000 del "Guapo" y de Sanguinetti. Por último, en el período "rosadito" volverá a ser oficialista esta vez a través de las administraciones de Lamas y Batlle". Concluye el editorial que "ha llegado el momento de cambiar. Para hacerlo es imprescindible comenzar a ver la realidad tal cual es, sin necesidad de que ojos con intereses extraños nos expliquen quienes somos, cómo somos, y qué debemos hacer".
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Ante denuncia del Intendente Municipal Álvaro Ricardo Lamas Fraschini y del Asesor Letrado de la Intendencia Dr. Martín Etchebarne Parietti, la Fiscal Letrada Departamental Graciela Perazza Furlán -la misma Fiscal que exoneró a Fernando Baccaro del cargo de Difamación presentado por el autor de esta web- solicitó el procesamiento del periodista Carlos Dogliani por el delito de Difamación e Injurias por Ley de Prensa 16.099. La Jueza Dolores Sánchez procesó al periodista generando un escándalo internacional y el repudio de la Sociedad Interamericana de Prensa. Obviamente que el Departamento una vez más fue expuesto a la vergüenza internacional debido al manejo autoritario que el líder falangista Jorge Washington Larrañaga Fraga realiza presionando a sus críticos y disidentes, y aún a verdaderos representantes populares, con una justicia adicta, que bien lo exonera a él de responsabilidad, aún si se lesionan gravemente personas, ó se rematan sus casas. En síntesis, un contribuyente propietario de bienes inmobiliarios por más de medio millón de dólares, fue ejecutado por la Intendencia Municipal de Paysandú por una deuda de más de trescientos mil dólares y a días del remate, el apoderado de la Intendencia, Dr. Martín Etchebarne Parietti, celebra transacción y concede una quita del 90% de la deuda, cobrando sólo el 10%, usando su poder legal. Este hecho despertó suspicacias de inmediato y en los mentideros políticos se habló de una "colaboración a la campaña política del Intendente" de más de cincuenta mil dólares "por afuera" que había "aportado" el contribuyente para parar el remate. Las cifras variaban, los rumores se superponían y éste ambiente de comentarios infundados las más de las veces, fue tema de un artículo del periodista Carlos Dogliani en "El Regional". Así lo registró "Brecha": "Estanciero perdonado, periodista procesado. El recurso del intendente Alvaro Lamas. En agosto de 2002 la Intendencia de Paysandú (IMP) intimó a 16 de sus grandes deudores a que se pusieran al día. Entre ellos el estanciero Luis Rattin, que a la fecha debía 2.960.071 pesos por concepto de contribución inmobiliaria rural, con un atraso que databa desde la segunda cuota de 1990. Según informó Búsqueda (23-XII-04), un año después de la intimación el abogado asesor de la IMP, Martín Etchabarne "inicia un juicio ejecutivo contra Rattin, pero para ello citó las deudas que mantenía un año antes y no incluyó las cuotas impagas que se había sumado en el año transcurrido. Al día siguiente, la jueza María Isabel Vaccaro trabó embargo sobre la estancia de Rattin a efecto de cubrir la suma de 2.960.071 pesos, a la cual adicionó los costos (gastos del juicio y honorarios profesionales) por un valor estimado en el 80 por ciento de ese monto". Sin embargo, transcurrido un mes del embargo todo pareció solucionarse cuando Etchebarne y Rattin se presentaron a la justicia y solicitaron que se avalara una "transacción" que habían acordado: el estanciero pagaría 30 mil dólares -unos 900 mil pesos- y la Intendencia lo dejaría libre de deudas, siempre y cuando el acuerdo fuera también homologado por la Junta Departamental y por el ministerio público y fiscal, condiciones que surgen "por imperio de la ley 9.515". Pero antes de que el cuerpo de ediles se expidiera sobre el asunto se efectuó la transacción y la jueza levantó el embargo y archivó el caso. La sangre parecía no haber llegado al río hasta que en marzo de 2004 el periodista Carlos Dogliani escribió en el poco después desaparecido semanario El Regional: "El intendente Lamas abusa de su poder. Ignora a la Junta Departamental, exige a su departamento jurídico violar la justicia. El caso Rattin promete convertirse en un escándalo de proporciones. Lamas le otorgó una quita del 90 por ciento de su deuda. Pagó 30 mil dólares. Debía 322 mil dólares. Se espera la inmediata renuncia del doctor Martín Etchebarne, operador jurídico de la estafa a los sanduceros". Ante esto el intendente Alvaro Lamas reaccionó con el inició de un juicio a Carlos Dogliani, por difamación e injurias, y el 14 de diciembre último la jueza Dolores Sánchez proceso al periodista con suspensión condicional de la pena de prisión. p11". Fuente "Brecha".
Así fue informado a la Sociedad Interamericana de Prensa en su Reunión de Medio Año en Ciudad de Panamá, Marzo 11-14, Panamá "El 14 de diciembre, una jueza de Paysandú (380 Km. al noroeste de Montevideo) condenó a cinco meses de prisión a un periodista que denunció al gobierno local por haber aceptado que un estanciero de la zona cancelara una abultada deuda que mantenía con la municipalidad con apenas el 10 por ciento del monto que debía pagar. El periodista, Carlos Dogliani, fue demandado por el intendente (alcalde) de Paysandú, Álvaro Lamas, y una fiscal y una jueza coincidieron en que el reportero merecía una condena de cinco meses de prisión por “cuatro delitos de difamación especialmente agravados en reiteración real”. El 25 de marzo del 2004, en el semanario "El Regional" de Paysandú, el periodista Dogliani publicó un artículo bajo el título de “Fraude” en el que denunció un presunto “abuso de poder” del intendente Lamas por haber concedido al estanciero Luis Rattin Siemens, quien no pagaba impuestos desde 1990, una quita del 90 por ciento de su deuda para quedar “al día”. Rattin, según el periodista que se apoyó en informes jurídicos, debía 322,000 dólares, pero saldó su deuda con 30,000. Dogliani opinó que esa decisión del intendente supuso una “estafa a los sanduceros” (los habitantes de Paysandú). El Regional volvió a informar y a opinar sobre el caso en sus ediciones del 1º de abril y el 2 de julio. El intendente Lamas y el funcionario de la Intendencia de Paysandú, Martín Etchebarne Parietti, sintieron afectado su honor por las publicaciones de El Regional y demandaron al periodista Dogliani por los delitos de “difamación” e “injurias”, que en las leyes uruguayas se castigan con penas de hasta tres años de prisión. El 10 de diciembre de 2004, en un juzgado de Paysandú, la fiscal Graciela Perazza Furlán pidió cinco meses de prisión para el periodista. La fiscal admitió que la información publicada por Dogliani se basó en “información pública”, pero entendió en su dictamen que “la presentación” que el periodista hizo de esa información “no fue objetiva” porque “la tiñó con adjetivos calificativos fuertes". Más grave aún, la fiscal marcó hasta dónde puede llegar en Uruguay la libertad de expresión. “Los límites de la libertad de expresión están dados por el interés público, entendido como el interés objetivo o de utilidad social de la información y la verdad, exigiéndose en este caso que la información sea veraz, que responda a una investigación seria que pueda llegar a una certeza razonable de su contenido”, (.. según ella, NdeA.). Cuatro días después, el 14 de diciembre, la jueza penal Dolores Sánchez acogió la solicitud de la fiscal y condenó al periodista a cinco meses de prisión. La jueza Sánchez fundamentó su decisión afirmando en su sentencia que “la tesis de que el personaje público debe tolerar determinadas críticas por sus actuaciones no es de recibo”. Agregó que “el delito de difamación es uno de los límites de la libertad de expresión”. La jueza escribió en su fallo que “el derecho a expresión no puede llevar consigo el derecho a ofender”. La magistrada reconoció en su sentencia una serie de “hechos probados” que, básicamente, coinciden con las denuncias del periodista, pero igualmente lo condenó, centrando su análisis en la afectación del honor del intendente. La jueza suspendió “condicionalmente el cumplimiento de la pena”, pero puso al periodista bajo vigilancia policial. La defensa de Dogliani, al apelar el fallo judicial, resaltó que los artículos del periodista “se fundaron en hechos verdaderos” y de “interés público” puesto que aludieron a una “insólita transacción” que operó “en desmedro de los recursos municipales y del principio de igualdad de los contribuyentes ante las cargas públicas”. El periodista apeló la condena y recordó que el intendente Lamas es un funcionario público y argumentó que “indudablemente dañó a la administración en beneficio ajeno”. El Círculo de Periodistas de Paysandú lamentó el fallo judicial y rechazó “con toda energía la vigencia de la ley que permite enviar a prisión a quienes desde medios de prensa difunden sus ideas”. A su vez, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) se declaró “en estado de máxima alerta” por una sentencia “que vulnera la protección constitucional” y anunció que si el fallo es confirmado en instancias judiciales superiores, llevará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La APU expresó su “alarma por la cantidad de condenas a periodistas por el delito de difamación que se tipifican por parte de los juzgados con competencia penal en el interior del país”. La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) afirmó en su relatorio anual sobre el estado de la libertad de prensa y el derecho a la información que 2004 fue “uno de los peores años” para la libertad de prensa en el país, después de la finalización de la dictadura militar en 1985.
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