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Aunque la responsabilidad única y exclusiva sobre la organización y celebración del referéndum corresponde a la Organización de las Naciones Unidas, de acuerdo con la práctica habitual en este tipo de procesos, y el propio Plan de Paz, se establece la conveniencia de la observación y la vigilancia del proceso por parte de la Comunidad Internacional, como garantía para la realización de un referéndum libre, transparente e imparcial. La presencia de misiones de observación y acompañamiento proporcionan apertura y transparencia al proceso, fomentan la confianza de la opinión pública en. el mismo y sobre todo reduce las posibilidades de intimidación, coacción o fraude.
Conforme al Plan de Arreglo para el Sahara Occidental y a los acuerdos firmados por Marruecos y el Frente Polisario, bajo los auspicios de James Baker, en Houston -Texas-, el 16 de septiembre de 1997, la organización del Referéndum en el Sahara Occidental se llevará a cabo ante la presencia de observadores. Así está claramente estipulado en dichos acuerdos, en los que podemos constatar, durante la cuarta ronda de Conversaciones:

"Las partes reconocen que las Naciones Unidas están obligadas en virtud del Plan de Arreglo a organizar y celebrar un Referéndum libre, imparcial y transparente y libre de toda restricción para los participantes y los OBSERVADORES ACREDITADOS y dan su conformidad para ello...."

Y en el Código de Conducta, aprobado en la misma Ronda de Conversaciones, se acuerda lo siguiente:

"Las dos partes darán a los representantes de la prensa internacional y local y a los OBSERVADORES INDEPENDIENTES debidamente acreditados por el Representante Especial, acceso sin restricciones a todas las actividades políticas públicas que se celebren durante la Campaña por el Referéndum y durante el Referéndum mismo. Los OBSERVADORES para recibir la acreditación deben ser personas reconocidas y con experiencia en la observación de elecciones, desempeñar únicamente tareas de observación e información y no tomarán parte en ninguna actividad partidista. Las dos partes respetarán igualmente los derechos de los OBSERVADORES OFICIALES, previstos en el Plan de Arreglo, a observar todas las actividades políticas que se celebren durante la Campaña del Referéndum y el Referéndum mismo y dar fe".

Aunque para nuestro propósito de asegurar la limpieza del proceso, toda presencia de personas en el territorio puede ser considerada una posibilidad de observación, en realidad, cuando se habla de observadores en los textos oficiales, se refiere básicamente a personas acreditadas para realizar tareas de control del proceso refrendarlo en sí mismo, esto es, al período de campaña electoral, votaciones y proclamación de resultados. En función de:

1. el texto de los acuerdos.
2. las posiciones de las partes.
3. la legislación internacional sobre observación.
4. la experiencia de otros procesos electorales en situación de conflictos.
5. Y a los efectos de determinar qué tipo de gente puede realizar algún tipo de observación en sentido amplio cabe establecer las siguientes categorías:

1. Observadores OFICIALES.
2. Observadores INTERNACIONALES.
3. Observadores INDEPENDIENTES.y COOPERANTES.

Además de los técnicos y de los equipos de la MINURSO, que actuarán como organizadores del referéndum, debemos añadir la categoría de COOPERANTES.
Se entiende por colaboradores el conjunto de personas que, sin estar acreditadas como observadores, tienen una presencia en el terreno durante el proceso. Entre estos podríamos destacar los cooperantes de diversas ONG'S y organizaciones internacionales como ACNUR desplazados a la zona y los colaboradores de las partes durante la campaña electoral.
Algunas de estas personas jugarán un importante papel a la hora de proporcionar seguridad y protección a los saharauis durante el proceso.

Su propuesta plantea:

Ese posible desbloqueo, en base a esta propuesta permitiría terminar con el proceso de elaboración del censo y, en un plazo razonable, acceder al proceso electoral propiamente dicho: "un referéndum para que el pueblo del Sahara Occidental pueda elegir libremente, sin restricciones administrativas o militares, entre la independencia o la integración a Marruecos".

Un planteamiento ciertamente previsible, en base a lo que la XXIV Conferencia de Apoyo al Pueblo Saharaui celebrada en Manchester, en octubre de 1998, decidió promover e impulsar este proceso con la puesta en marcha de un Observatorio Internacional del Referéndum para el Sahara Occidental (OBSO) con sede en Ginebra (Suiza).

El Observatorio Internacional y la "Task Force" coordinarán una serie de Observatorios Estatales situados en diferentes países de Europa y de América del Norte. Y, en el caso de España, en cada una de las Comunidades Autónomas. El observatorio Estatal con sede en Madrid pretende ser un instrumento del conjunto de instituciones y organizaciones sociales, para garantizar la transparencia, libertad e imparcialidad del proceso del referéndum de autodeterminación del Pueblo Saharaui.

En concreto, quiere ser el instrumento para la captación, formación y coordinación de las misiones de observación y/o acompañamiento en el Sahara Occidental durante la fase transitoria de campaña electoral, votaciones y postrefrendaría. Su coordinación depende de la Comisión Permanente de la Comisión de Enlace. Entre sus funciones se encuentran:

La garantía de la justicia de las elecciones exige diversas medidas técnicas y jurídicas destinadas a dar protección efectiva al proceso contra el favoritismo, el fraude y la manipulación. Entre tales medidas figuran la presencia de observadores como medio eficaz para verificar la autenticidad del resultado electoral. Por otra parte, los observadores neutrales y objetivos pueden inspirar confianza en el electorado acentuando con ello no sólo su disposición a participar en el proceso sino también sus posibilidades de expresar libremente su voluntad política en la cabina de votación, sin temor a represalias.
Las elecciones constituyen, en si mismas, acontecimientos relativos a los derechos humanos; en primer lugar, porque dan expresión a la voluntad política de los pueblos respectivos; y en segundo lugar porque solo pueden ser verdaderamente libres y justas, compatibles con las normas internacionales, si se realizan en un clima respetuoso de los derechos humanos fundamentales. Las recomendaciones de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos que en la declaración y programa de la Declaración de Viena exhortó a que se prestase asistencia a solicitud de los gobiernos para la celebración de elecciones libre y justas, incluyendo la asistencia sobre los aspectos de elecciones relativas a los derechos humanos y la información pública sobre las elecciones.
Los derechos a la libertad de opinión, expresión y asociación y los derechos de reunión pública y la libertad respecto del temor y las intimidaciones, son derechos internacionales protegidos que el observador debe velar.
El voto secreto constituye un mecanismo reconocido desde hace mucho tiempo para poner el proceso de votación al abrigo de la intimidación. Este requisito abarca todo lo que va desde el diseño de las hojas de votación y las cabinas hasta las normas jurídicas que disponen que ninguna autoridad judicial ni gubernamental exija a nadie revelar el contenido de su voto. Lo que determina en última instancia si una elección es libre es el grado en que se facilita la plena expresión de la voluntad política del pueblo respectivo. Es la voluntad la que conforme a la Declaración Universal constituye la base de la autoridad legítima del poder público.
También la exigencia de que las elecciones sean justas constituye una norma internacional indudable. Cualquier medida que pudiese tener el efecto de menoscabar o frustrar la voluntad popular sería desde luego violadora de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y determinaría que las elecciones no fueron justas.

Los derechos de los observadores

Condiciones para la estancia en el territorio que deben reunir los observadores.

Los candidatos, tanto a observadores como a cooperantes deberán:

Descripción del candidat@ a observador