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Sábado 26 de Octubre de 2002 Editorial
I, La Nacion Ante las acusaciones que pesan sobre el padre Julio César Grassi, que desde anteayer está detenido por denuncias que lo hacen responsable de actos de corrupción de menores, es fundamental tener en cuenta que existen sobradas razones para que el periodismo -y la sociedad toda- maneje este tema con extremada prudencia. No puede desconocerse que el hombre acusado de tales hechos es el mismo que ha llevado adelante, con un enorme esfuerzo personal, una obra de loable inspiración social: la Fundación Felices los Niños, en la que actualmente viven o reciben educación y alimentos 6300 niños, así como un alto número de madres adolescentes que encuentran albergue en compañía de sus hijos recién nacidos. Es imposible ignorar, entonces, que hay varios miles de niños afectados por la información que se está difundiendo con alguna ligereza y que el futuro de la fundación que los alberga está ahora gravemente amenazado. Esa sola razón debería bastar para que el asunto sea tratado con la máxima cautela y para que se evite cualquier prejuzgamiento sobre conductas que, en definitiva, la Justicia deberá evaluar en su debido momento. El daño causado a una obra que brinda amparo a tantos niños y adolescentes podría llegar a ser irreparable. Es lamentable que algunos medios informativos insistan en la torpe tendencia de vincular los casos de homosexualidad o de corrupción de menores que afectan o rozan a la Iglesia con el mantenimiento de la institución del celibato, que no guarda relación alguna con esas situaciones. Las estadísticas del mundo entero revelan que tales desviaciones se registran con muchísima más frecuencia en personas que tienen una relación conyugal estable -y hasta una familia a su cargo- que en personas célibes. No se puede pasar por alto una desafortunada actitud del magistrado que interviene en el caso del padre Grassi. Nos referimos a su participación -desde todo punto de vista imprudente- en un programa de televisión tendencioso y cargado de hostilidad contra el sacerdote. Su intervención en esa producción televisiva constituyó un acto de prejuzgamiento incompatible con la responsabilidad que pesa sobre sus hombros. La Justicia debería analizar este delicado caso con total asepsia y con el máximo rigor, sin dejar que ninguna clase de condicionamientos influyan sobre su criterio en un sentido o en otro. Es cierto que los propios antecedentes del padre Grassi remiten a una realidad fuertemente conectada con lo mediático, ya que él mismo ha frecuentado largamente los canales de TV. Pero eso no debe servir de pretexto para que los medios de comunicación sobreactúen el papel que les corresponde en la difusión de un caso que, en rigor, debe ser abordado con especial cuidado, justamente porque trata sobre cuestiones que atañen a la minoridad. Como hemos dicho otras veces desde esta columna editorial, la investigación periodística tiene límites estrictos que es indispensable observar. De lo contrario, se corre el riesgo de que la función de los profesionales de la prensa se confunda con la que es propia de los fiscales o los jueces de instrucción. Los medios de prensa no deben caer en la tentación de ocupar espacios que están reservados a los poderes del Estado. Tampoco es admisible que dos canales de televisión libren una guerra despiadada por el rating, como ocurrió en estos días, con total olvido del respeto que debe inspirar, en toda ocasión, el honor de las personas. Es necesario advertir que el tratamiento irresponsable y escandaloso de estos temas puede llegar a poner en peligro la situación de todos los hogares de niños y adolescentes que sostienen las instituciones religiosas, en la medida en que tiende a sembrar la semilla de la desconfianza respecto de toda acción solidaria que involucre a menores. Esa sola reflexión basta para que se advierta la magnitud de la responsabilidad que los medios periodísticos tienen ante esta clase de situaciones. |
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