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Piden
la elevación a juicio de la causa contra el padre Grassi La fiscal
de Instrucción de Morón, María Rita Bustamante, pidió
ayer la elevación a juicio de la causa contra el sacerdote Julio
César Grassi, por la presunta comisión de los delitos de
abuso deshonesto y corrupción de menores, informaron voceros judiciales.
La requisitoria puede ser apelada por la defensa del acusado por lo que
en ese caso la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Morón
deberá decidir y hasta definir la fecha del juicio oral y público
para el año 2003.
La fiscal tomó esta resolución luego que la Cámara
de Garantías y Apelaciones de Morón le devolviera la causa
a la jueza de Morón, Mónica López Osornio, entendiendo
que ya que no tenía tiempo para expedirse y alegando que los temas
que le presentaron no eran "asunto de feria".
La elevación de la causa a la Cámara y su posterior devolución
al juzgado de origen postergó la resolución sobre la nulidad
hasta el mes de febrero, junto a los recursos que presentaron la fiscalía
y la defensa contra el régimen de coerción de libertad que
dispuso la jueza al expedirse en el caso.
Así lo informó ayer el fiscal general de Morón, Federico
Nieva Woodgate, quien explicó que con esta resolución de
la fiscal "termina la etapa instructoria del caso y se pasa al juicio".
El funcionario aclaró que si se acepta el pedido de elevación
a juicio oral, la fiscal María Rita Bustamante, "dejará
de actuar en la causa y el caso quedará en manos de un fiscal de
juicio".
Grassi fue detenido en la mañana del 24 de octubre frente a la
Delegación de Investigaciones de Morón, después de
que en un programa televisivo se hicieron públicas dos denuncias
de adolescentes que acusaban al sacerdote de abusar de ellos.
El sacerdote fue acusado de abusar de dos menores cuando estaban internados
en la Fundación Felices los Niños, que el religioso creó
en 1993; en 2002 tenía casi 6.000 criaturas tuteladas, más
de 300 internadas en la sede de Hurlingham.
A partir de ese momento comenzó una intrincada batalla judicial
en la que Grassi fue asistido por al menos tres estudios de abogados,
los que sucesivamente recusaron al primer fiscal del caso, al primer juez
y al fiscal general, acusaron a los denunciantes de extorsión y
pidieron la nulidad del caso.
31
de diciembre de 2002
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