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Piden
detener al hermano
El Juzgado de Garantías 1 de Morón libró ayer la orden de captura contra
Juan José Grassi, uno de los hermanos del padre Grassi, informó Télam.
El
abogado del cura, Miguel Pierri, dijo que la orden no tiene relación con
el sacerdote, "es por estafas recíprocas".
¿Puede
un juez condenar a alguien cuando lo que tiene contra esa persona son
testimonios y no pruebas materiales concretas? De acuerdo a las normas
procesales que rigen en la mayoría de las provincias argentinas,
la regla que deben tener en cuenta los magistrados es la de la "sana
crítica". Más allá de si toman en cuenta uno
o diez testimonios, lo que la ley les exige es reunir todos los elementos
posibles para así evaluar correctamente lo que pasó: testimonios
y, si los hay, también exámenes médicos, armas u
otras pericias. Si su "sana crítica" le permite a un
juez llegar a la conclusión de que su imputado es culpable, deberá
condenarlo; si por la misma vía de análisis entiende que
es inocente, deberá absolverlo.
Lo
mismo sucedería si lo que el juez tiene en sus manos son dos testimonios
opuestos, uno contra el acusado y otro en su favor. Si la fuerza de uno
y otro son equivalentes, no habría peso suficiente como para sustentar
una condena. Y, además, un principio penal muy importante determina
que, ante la duda, siempre debe favorecerse al imputado.
En
conclusión, lo principal no es la cantidad de testimonios, sino
la valoración que haga el juez. "Su tarea, en ese sentido,
es evaluar y relacionar las pruebas, los indicios, sus presunciones. Lo
que tiene que hacer es un ensamble inteligente de todos esos elementos.
Y entonces decidir", resumió Joaquín Da Rocha, director
del Instituto de Derecho Penal del Colegio Público de Abogados.
Los
Códigos Procesales son provinciales, a diferencia del Código
Penal, que es único y rige en todo el país. Todos los más
antiguos, especialmente el que regía en la Capital Federal, establecían
antes el criterio de la "prueba tasada". Para una condena se
exigía que los testigos fueran dos, y con eso era suficiente.
Las
reglas nuevas le dan al juez más posibilidades para, dentro de
su subjetividad o de su "sana crítica", reconstruir todo
lo que haya pasado y en función de eso, juzgar. Un conocido tratadista
de Derecho Procesal, Lino Palacio, advierte que este sistema no autoriza
al juez a valorar arbitrariamente; por el contrario, le exige que determine
el valor de las pruebas "haciendo un análisis razonado de
ellas, siguiendo las reglas de la lógica, de lo que le dicta su
experiencia, el buen sentido y el entendimiento humano".
Es
por esta razón que en una sentencia ningún magistrado puede
anunciar que condena o absuelve a alguien sin explicar porqué.
Las resoluciones y los fallos deben ser "fundados" y "motivados",
con los detalles que precisen por qué se tomó una decisión
y no la otra, según prevé el Código Procesal que
se usa en los juicios penales de todo el ámbito de la Ciudad y
de la provincia de Buenos Aires.
Martes 12 de noviembre de 2002
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La causa, paso a paso
El
29 de noviembre de 2000, el Juzgado de Menores N° 3 de Morón
recibió una denuncia anónima que involucró al padre
Julio Cesar Grassi en un caso de corrupción de menores. Se comenzó
a investigar, pero no hubo avances.
Todo se precipitó casi dos años después. El 23 de
octubre de este año, la Justicia ordenó la detención
de Grassi bajo los cargos de abuso deshonesto y corrupción de menores
agravadas. Esa misma noche Telenoche Investiga difundió una investigación
donde se vinculaba a Grassi en hechos de abuso sexual a menores bajo su
tutela. Pero sólo un joven declaró en la TV y luego
en la Justicia haber sido víctima directa.
El 24 de octubre Julio Grassi se entregó y declaró ante
el fiscal Adrián Flores.
Negó todo y aseguró que estaba siendo víctima de
una venganza. Pero quedó preso. El mismo día se garantizó
la continuidad de la Fundación Felices los Niños.
Al día siguiente la Justicia recibió cuatro
nuevos testimonios que complicaron la situación de Grassi. Los
testigos que se presentaron fueron dos ex empleados de la Fundación,
un empleado actual y un psicólogo.
El 27 de octubre la Justicia ordenó ponerles custodia a dos testigos
que habían denunciado haber recibido amenazas. Otros testigos que
habían declarado contra Grassi también habían denunciado
presiones.
A cuatro días de la detención comenzó la contraofensiva
judicial de Grassi.
El
abogado Jorge Sandro cuestionó el testimonio correspondiente a
un joven supuestamente abusado, pidió la nulidad de la causa y
la libertad del cura. El juez
Alfredo Meade rechazó el planteo, pero la defensa enseguida apeló
ante la Cámara.
El 30 de octubre Telenoche Investiga reveló que el director General
de Hogares de la Fundación, el ex policía Juan Domingo Pérez,
tenía seis causas por violencia familiar. Lo separaron de su cargo.
El 5 de noviembre, la Iglesia denunció la existencia de una campaña
en su contra. Habló de "ataques" para afectar su "credibilidad"
y para que dejara de denunciar las injusticias sociales y los hechos de
corrupción. Pero no hizo referencias puntuales.
Dos días después, por sospechas de parcialidad, el fiscal
Adrián Flores fue separado de la investigación contra el
padre Grassi. Lo habían denunciado por eliminar en un testimonio
pasajes que favorecían al sacerdote.
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