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El
homicidio del country
Cotejarán las huellas de unos 200 allegados a los García
Belsunce
El fiscal quiere reconocer la impronta de una mano que, en curiosa
posición, apareció en la escena del crimen
Se refuerza así la sospecha sobre personas con acceso a Carmel
El fiscal que investiga el asesinato de María Marta García
Belsunce ordenó ayer que las huellas dactilares de unos 200
allegados a la víctima, que estuvieron en la escena del crimen
luego de la muerte, sean cotejadas con la impronta de tres dedos
y la palma de una mano izquierda registrada en curiosa posición
invertida sobre una de las paredes de la planta alta de la vivienda,
donde se consumó el homicidio.
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Con esta medida, el fiscal Diego Molina Pico reforzó su estrategia
de fundar con pruebas científicas irrefutables cualquier
eventual medida de coerción que pudiese tomar, como una detención
o una indagatoria, confiaron a La Nacion fuentes judiciales.
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Al mismo tiempo, esa resolución da mayor sustento a una de
las hipótesis que, sobre el crimen, cuenta con el más
elevado consenso entre los allegados a la investigación:
que el autor del homicidio y aquellos que, de una u otra forma,
entorpecieron con sus actos la actividad judicial, son personas
del country Carmel o que, en todo caso, tienen acceso irrestricto
a él.
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Así, las mayores expectativas sobre un avance cualitativo
en la investigación del crimen siguen puestas en los resultados
que, tarde o temprano, enviará el laboratorio criminalístico.
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Ayer, el fiscal comenzó a recibir algunos de los análisis
esperados. Como anticipó La Nacion en su edición del
último viernes, Molina Pico ya sabe oficialmente que de ninguno
de los revólveres calibre 32 secuestrados a ve-
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cinos del country salieron los cinco proyectiles que dieron muerte
a María Marta García Belsunce, el 27 de octubre último,
en el baño de su casa.
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Aun así, el fiscal no dio por cerrado el capítulo
de los peritajes balísticos. Molina Pico resolvió
dar intervención a la Gendarmería Nacional para que
sus expertos criminalísticos busquen en los cinco proyectiles
recuperados del cadáver durante la autopsia, el 2 de diciembre
último, restos de polímeros que permitan establecer
si el homicida usó algún elemento que hubiera servido
como silenciador.
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En cuanto al cotejo de huellas resuelto ayer por el fiscal, las
fuentes explicaron que se realizará sobre la base de las
fichas decadactilares existentes en el Registro Nacional de las
Personas y en los organismos policiales. Los informantes aclararon
que esto debe hacerse así, ya que para tomar las huellas
a esas personas en forma compulsiva debe haber una imputación
concreta por algún delito en el expediente.
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Ya se sabe que los tres dígitos y la palma de una mano izquierda
no son los de María Marta García Belsunce. La confirmación
se logró luego de que la impronta fue chequeada con una ficha
de vieja data de la víctima que estaba en poder de la Policía
Federal.
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También se sabe que esa huella -de una mano fina, sin indicios
de trabajos arduos, y con una cicatriz en un dígito- no es
de ninguno de los integrantes del círculo íntimo de
la víctima ni de las dos personas que, en algún momento,
aparecieron como sospechosas en el caso.
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Tampoco coincidió esa huella con los 2.100.000 registros
de la base de datos computadorizada de la Policía Federal,
que incluyen a personas con prontuario y a aquellas que, desde 1996,
hayan tramitado un pasaporte o una cédula de identidad de
Capital.
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Pero no todos los elementos de prueba que aguarda el fiscal deberán
provenir de los laboratorios.
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Las fuentes consultadas dijeron que Molina Pico espera que la SIDE
le remita un informe sobre el relevamiento de las cuentas bancarias
-en el país y en el extranjero- de la víctima, de
su familia y de un reducido grupo de vecinos de Carmel.
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La Justicia investiga los presuntos vínculos entre María
Marta García Belsunce y su esposo, Carlos Carrascosa -ex
agente de Bolsa- con el liquidado Banco General de Negocios, de
los hermanos José y Carlos Rohm. Igualmente, espera develar
si existieron eventuales relaciones comerciales o financieras entre
la víctima y su marido con algunos de sus vecinos del Carmel.
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El fiscal pidió la información sobre las cuentas y
propiedades a la SIDE veinte días atrás. Como aún
no obtuvo respuesta, Molina Pico evaluaba ayer reiterar el pedido.
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No es esta la única cuestión relacionada con dinero
sobre la cual el fiscal aguarda precisiones. En los primeros días
de diciembre último los investigadores hallaron en la casa
en la que ocurrió el crimen una caja metálica que
contenía una reducida suma de efectivo y cheques. En ese
cofre había además una llave que pertenece a una caja
de seguridad de una sucursal del banco HSBC de Pilar, según
dijeron a LA NACION fuentes judiciales.
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Molina Pico pidió al banco informes sobre los registros de
apertura de esa caja. En este caso, tampoco obtuvo respuesta hasta
ahora.
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Certificado sospechoso
En tanto, el juez porteño Julio Lucini, que investiga presuntas
maniobras ilícitas entre médicos y cocherías
fúnebres para fraguar datos en certificados de defunción,
recibió ayer el protocolo de autopsia de un matrimonio mayor
que fue exhumado la semana última debido a que, sospechosamente,
se asentó que los cónyuges murieron el mismo día,
pero en distintos lugares.
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Fuentes judiciales dijeron que, según la necropsia, las causas
de muerte no difieren de las que fueron asentadas en las actas por
el médico Juan Carlos March, el mismo que firmó el
certificado de García Belsunce.
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Pero sí se supo que la fecha de una de las muertes asentadas
difiere en un par de días con la verdadera. Se cree que así
se buscó favorecer una herencia.
La
Nacion, jueves 9 de enero de 2003
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