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Sin
descartar el motivo pasional
Sin dejar la lado la hipótesis que el crimen de María Marta García Belsunce pudo haber tenido un móvil pasional, los investigadores del caso ahondaron desde ayer en la posibilidad que el asesinato de la mujer, ocurrido hace dos meses en su casa del country Carmel, en Pilar, pudo haber tenido un motivo económico. Por eso, ayer, el fiscal de Pilar Diego Molina Pico incorporó a sus cuatro expertos forenses de la Policía Judicial, dependientes de la Procuración General bonaerense, a dos peritos contadores, dijeron fuentes judiciales.
La primera
misión fue trabajar sobre los vínculos económicos de la víctima y de su
esposo, Carlos Carrascosa. Así ahondaron en las relaciones que tuvo el viudo
con el Banco General de Negocios, cuyo vicepresidente, Carlos Rohm, está
detenido desde el 23 de enero, y su presidente, José Rohm, está prófugo.
La jueza María Servini de Cubría acusó a Rohm de integrar una asociación
ilícita dedicada a burlar los controles oficiales y enviar divisas al exterior,
cuando la vigencia del corralito financiero lo prohibía.
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Por lo menos
una de las declaraciones en la causa mencionaba que, como agente de Bolsa,
Carrascosa trabajó para los Rohm. El contador se retiró en 1996 y, desde
entonces, con una buena posición económica, se alejó de los negocios.
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No obstante,
entre los papeles que observaron y fotocopiaron los contadores que trabajan
a órdenes de Molina Pico hallaron constancias de que María Marta García
Belsunce era directora de una compañía vinculada con el Banco General de
Negocios en la cual Carrascosa era su vicepresidente, dijeron a LA NACION
fuentes judiciales. Esa empresa es la Compañía General de Inversiones Bursátiles,
dijeron las fuentes. Sin embargo, allegados a la familia no recordaron que
la víctima fuera directora.
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Carrascosa
vendió su porcentaje de esta sociedad que controlaba dos acciones de Bolsa.
Se trataba de un 40 por ciento de la compañía que fue comprado en unos 800.000
dólares, dijeron allegados a la familia.
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Además,
entre los papeles depositados en el juzgado de Servini de Cubría se encontró
registrada en un libro de la Compañía General de Mandatos la empresa Carlos
Carrascosa y Compañía, donde el hombre de negocios figura como comitente,
encargado de la compra y venta de acciones.
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Esta empresa
tenía domicilio a mediados de los años 90 en la calle Perón 667, donde las
escuchas telefónicas de la causa del Banco General de Negocios realizadas
en octubre de 2001 determinaron que funcionaba una mesa de dinero dedicada
a cambiar cheques.
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Se encontraron
además dos cartas dirigidas a un familiar de la víctima que hacen referencia
a dos ventas de certificados de custodias de títulos en 1996 y 1997 por
unos 347.000 dólares, dijeron las fuentes judiciales.
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Este resurgir
del caso Rohm, congelado desde que la Cámara Federal confirmó el procesamiento
de Carlos Rohm y que actualmente está a estudio de la Corte Suprema de Justicia,
hizo pensar a algunos observadores que pueda volver a poner sobre el tapete
la forma en que esta investigación golpeó al menemismo.
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El abogado
de Carrascosa, Marcelo Nardi, dijo ayer a LA NACION que el marido de la
señora asesinada "no tienen ninguna razón para pensar en un móvil para el
crimen impulsado por una cuestión económica". Además, dijo que no cree que
el homicidio fuera una venganza personal.
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La necesidad
de profundizar las pistas, para el caso descartarlas o seguirlas, hizo que
los anunciados arrestos que anticipó el jefe de la Delegación de Investigaciones
de San Isidro, comisario inspector Aníbal Degastaldi, se aplazaran.
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Las molestias
del fiscal Molina Pico con los anuncios de detenciones que realizó el jefe
policial llegaron a su punto máximo cuando le envió un oficio, "muy duro",
según fuentes judiciales, en el que le advirtió que dejará de tener contacto
con la prensa.
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Los fuentes
interpretaron que los anticipos de Degastaldi pretenden presionar al fiscal,
cuando aún resta conocer los resultados de diversas medidas de prueba.
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Entre ellas,
la semana próxima se conocerá el resultado del análisis de las manchas de
sangre halladas en las paredes de la casa de Carmel y eventualmente a quién
pertenecen las cuatro huellas digitales halladas en la vivienda, que podrían
pertenecer a quien limpió esas salpicaduras.
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Además se
analizan al menos cuatro revólveres calibre 32, uno de ellos largo, como
el utilizado para matar de cinco disparos en el cráneo a la víctima. Esas
armas estaban registradas a nombre de vecinos de Carmel ante el Registro
Nacional de Armas (Renar).
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Esos datos
pueden terminar de completar el escenario para afianzar las tesis de un
crimen pasional. Anteayer la policía realizó el primer allanamiento de la
causa al buscar en la casa de la familia Piazza un revólver calibre 32,
que no encontró. Se realizó en la vivienda de la señora Carmen Piazza, que
padece algunas dolencias de salud y vive con sus hijos Sebastián y Diego.
El 27 de octubre último, cuando María Marta García Belsunce apareció vestida,
semisumergida en la bañera y con una gran herida en el cráneo, Diego, estudiante
de medicina, concurrió a la casa y fue uno de los que durante 20 minutos
realizaron tareas de resucitación cardiopulmonar, aunque en vano. Esa es
una de las pistas, aunque no la única que orienta la pesquisa.
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En el entorno
familiar insisten en que es necesario averiguar todo, pero se apegan a la
idea de que el crimen pudo ser cometido por una vecina del country, relacionada
de algún modo con la víctima.
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No obstante,
días después de que se supo que María Marta García Belsunce murió asesinada
y no por un accidente, un miembro del corazón de la familia dijo convencido
a LA NACION: "Este crimen nunca se va a esclarecer por falta de pistas".
Armas Los vecinos
del country Carmel tienen registradas o reempadronaron ante el Registro
Nacional de Armas (Renar) al menos 82 armas de fuego. Entre ellas se cuentan
revólveres, pistolas, escopetas de caza y carabinas de diversos calibres.
Una sola de ellas es un revólver calibre 32 largo. Además hay otros tres
revólveres calibre 32 en la lista que suministró el Renar a la Justicia,
dijeron allegados a la causa. Lo curioso es que una escopeta, una carabina
y un revólver reempadronados por un vecino tienen pedido de secuestro
en una causa por robo calificado y privación ilegítima de la libertad.
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Liberan
al empleado de la funeraria
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Uno de los
camilleros de la funeraria Casa Sierra que ayer la policía buscó para
ser interrogado acerca de la muerte de María Marta García Belsunce se
presentó ayer en Tribunales, fue indagado por el juez de instrucción Julio
Lucini y luego quedó en libertad.
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Roberto
Di Feo, que llegó hasta la casa del country Carmel durante la madrugada
del crimen para acondicionar el cuerpo para velarlo en el dormitorio familiar,
declaró ante el juez que prácticamente no tuvo que realizar ninguna labor.
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Explicó
que el cuerpo ya estaba en la cama, acomodado y descartó la idea de que
se hubiera manipulado de algún modo el cadáver para taponar u ocultar
sus heridas.
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Al contrario,
su testimonio coincidió con el de la esposa de Horacio García Belsunce,
que repitió prácticamente la misma versión, en la que negó que el cuerpo
haya sido maquillado de algún modo.
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El juez
Lucini investiga a una supuesta asociación ilícita dedicada a fraguar
certificados de defunción. En esa causa mantiene detenidos a dos empleados
de la funeraria Casa Sierra, a cargo de los trámites de la inhumación
del cuerpo, y al médico Juan Carlos March, que firmó el acta de defunción
irregular de María Marta García Belsunce, sin ver el cuerpo.
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Allí consta
que la mujer falleció de un paro cardíaco en un departamento en la Capital
Federal, cuando en realidad fue asesinada de cinco disparos en el country
Carmel de Pilar.
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En esa causa
está procesado, en libertad, Guillermo Bartoli, cuñado de la víctima,
pues fue quien realizó los trámites para la inhumación del cuerpo en la
funeraria.
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Pasado mañana
el juez resolverá si procesa o no a los imputados y decidirá si corresponde
liberar a los empleados.
La
Nacion, Sábado 28 de Diciembre de 2002
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