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EL CASO GARCIA BELSUNCE DEJO AL DESCUBIERTO EL ESCANDALOSO NEGOCIO DE LOS CERTIFICADOS DE DEFUNCION
El regreso de los muertos vivos

Pagina 12,  Buenos Aires-Argentina, 29 Diciembre 2002

No sólo se callan y se contienen secretos y escándalos alrededor del crimen de María Marta García Belsunce. En realidad, cuando partió la primera bala que terminó con la vida de la ex vicepresidenta de Missing Children, se puso en evidencia otro secreto, apenas sospechado públicamente y guardado bajo tierra por quienes coparticipan de sus beneficios: los finados, la muerte y sus negociados. Página/12 cavó y hurgó más allá de la Laguna Egidia, entre los infiernos del Dante, siguiendo la pista de la estilográfica del defuntólogo Juan Carlos March y descubrió que, al menos, cuatro March son seguidos con lupa en Capital; que hasta el ‘99 firmaban a razón de entre 30 y 40 certificados diarios; que hasta ese año, March solito firmaba el 30 por ciento de los 130 fallecimientos diarios en Capital; que los certificados son firmados en blanco y llenados en las cocherías y que por ellos se pagan alrededor de diez pesos. Y mucho más: causas de muerte adulteradas, falsificación de domicilios, documentos perdidos y créditos tomados por finaditos. Cuando en el ‘99 fue intervenida la Central de Defunciones, el clima fue áspero: a los nuevos directivos, seres misteriosos acostumbraban patearles la puerta de sus despachos, pero al abrirlas nadie aparecía como responsable. Eran los muertos vivos.
Según la ley del Registro Nacional de las Personas, el fallecimiento de una persona se puede denunciar mediante la firma del médico de cabecera o por otro médico que haya revisado el cadáver. O, aunque cueste creerlo, por las referencias de un tercero al médico firmante. Esa ley es contradictoria a su vez con la 17.132, que regula el ejercicio de la medicina, y la 14.586 porteña. Ambas sostienen que el médico debe revisar el cadáver.
En septiembre de 2001, el director general del Registro Civil porteño, Félix Pelliza, ordenó modificar el formulario del certificado de defunciones. A esa altura, la Central de Defunciones empezaba a perder su encanto de silencioso escándalo y terreno de negociados, después de haber sido intervenida en noviembre del ‘99. “El primer día que el director general se presentó a la central –describió a este diario un empleado, obviamente anónimo, del edificio ubicado junto al cementerio de la Chacarita– entró sin que nadie lo reconociera. El ambiente era diferente al de ahora. No había ventanillas. Había una mesada donde se atendía. Los empleados estaban mezclados con los funebreros. Y estaba lleno.” “¿De empleados?”, preguntó este diario que, dada la situación, debió presentarse en el lugar como pariente de un finado. “No, de funebreros –respondió cauteloso el anónimo–. Ese día, cuando entró Pelliza, nadie lo reconoció. Ni los empleados, ni los funebreros.”
Pero el ambiente allí dentro estaba tan tomado por los gestores de las cocherías que Pelliza no pudo dar más de dos pasos y uno de ahí dentro ya le ordenaba: “Ey, psst, psst, ¿adónde va?”. “La orden –susurró el anónimo, en voz baja mientras miraba con los rabillos de sus ojos casi desorbitados a uno y otro lado–... se la dio uno de los gestores. Se armó un quilombo bárbaro. Cuando Pelliza intervino la central, una de sus primeras medidas fue ordenar colocar una división con ventanillas para la atención.”
Una de las claves fue la modificación del certificado de defunciones. Pelliza cambió el formulario que debía llenar el médico, anulando el casillero que decía “reconoció el cadáver por referencias de terceros”. Hasta ese momento, la terceridad era una costumbre entre los defuntólogos. La eficiencia de ese cambio quedó registrada en la Justicia: fue el primer detalle en el que se basó la investigación para detener a March en el caso García Belsunce II.
–March no es el único médico que se investiga –sorprendió a su vez una fuente judicial.
–¿¡Hay otros profesionales sospechados!?
–En el caso que lleva el juez Lucini, por ahora no. Pero apunte este dato: desde que se intervino la Central de Defunciones, se presentaronvarias denuncias por falsificación de causal de muerte. En el 2000 se hicieron seis. Dos contra March (en una fue sobreseído) y cuatro contra otros cinco médicos.
De esos cinco médicos, uno en particular es seguido por los cancerberos de la Justicia casi con la misma prestancia con que siguen la pista de March, aunque sin actuaciones directas en su contra. Cuando este diario intentó conocer su identidad, el investigador se limitó a dar sólo un detalle físico: “Tiene cejas grandes”.
Un caso que revela los negocios que se cuecen bajo tierra provocó una de las mentadas denuncias de 2000. “Una persona falleció un día 10 –reveló la fuente judicial–. Sospechosamente, el médico aparece firmando el certificado de defunción dos días más tarde de declarada la muerte. Pero lo que más llamó la atención es que los gestores de la cochería llevaron los papeles de la denuncia de la muerte para iniciar la licencia de inhumación recién diez días más tarde. ¿Qué hicieron con el cuerpo? ¿Lo tuvieron doce días en el freezer en la casa? No. Después supimos que ya lo habían enterrado. ¿Cómo lo enterraron si no tenían la licencia de inhumación?” La fuente respondió con un gesto: se golpeó con los nudillos de una mano sobre la palma de la otra. “Pagaron, y consiguieron saltear la espera hasta conseguir la licencia. Eso también es una costumbre.”
¿Quién era el médico firmante? Nada menos que Cejas Grandes. Cejas Grandes es tan marchiano como el propio titular de la carátula del caso que lleva el juez Lucini. Firmaba entre 20 y 40 certificados, según los días. Pero la denuncia en su contra es más incomprobable que la de su colega detenido: March corrió esa suerte porque se exhumó el cuerpo de María Marta y en su cráneo encontraron los cinco pitutos calibre 32. El finado de los doce días no tuvo la suerte de que lo exhumaran. Hasta ahora, por lo menos. De todos modos, de exhumarse el cadáver y sin pitutos o fracturas mediante, no habrá nada que se pueda hacer al respecto.
Desde la intervención, a fines del ‘99, de todos modos, tanto March como Cejas Grandes habían reducido notablemente la actividad de su estilográfica: bajaron a no más de 6 o 7 certificados por día. Después de que se destapara el crimen de María Marta, ni Cejas Grandes ni su firma volvieron a mostrar la cara en los ámbitos de la defunción porteña.
“Lo que hay que seguir es el rudimento del negocio –detalló el temeroso informante de la Central de Defunciones, mientras disimulaba, ventanilla mediante, explicando cómo debía llenarse un formulario–. Las cocherías quieren cobrar rápido. Los parientes del fallecido quieren sacarse problemas de encima. Los médicos son remisos a llenar certificados y cuando lo hacen se equivocan o les faltan datos. ¿Cómo lo resuelven? El médico firma certificados en blanco. OoOoooojo. Son unos pocos. Firman y los venden. ¿Cuánto cobran? No sé –aclaró desligándose la fuente. Este diario reunió estimaciones que bordean los diez pesos el paper–.”
El certificado, que es un documento público y una declaración jurada del médico firmante, tiene tan pocos contralores que los formularios se pueden fotocopiar. Muchos presentan fotocopias en lugar de originales. “Existe la figura del delegado interviniente –prosiguió el empleado–, en otras palabras, es el gestor de la cochería. Es el que se acerca a la familia y le dice ‘¿cuál es su problema que yo se lo resuelvo?’. El gestor debe presentar los papeles. Tienen que traer el documento del fallecido, el certificado médico, formularios de estadísticas. Una vez chequeado que no hay errores o faltantes, se expide la licencia de inhumación, de traslado o de cremación. Con esa licencia, van a la Dirección de Cementerios, acá al lado, donde les dan los turnos de inhumación de a diez minutos para dar tiempo a la capilla. Todos quieren llegar primero porque la cochería no quiere tener frenado sus coches en una cola esperando en la capilla, prefiere despacharlo a otro servicio. Entonces, antes estaba aquello de pagar para estar primero en la pila. Ahora no hay más pila. Apenas entran los papeles, una máquina expide los turnos de llegada.”
La prisa del negocio tiene sus encantos: durante la intervención se registraron quejas y presiones de los cocheros. “Una vez denunciaron que los empleados habían subido la tarifa en la atención –reveló la fuente–, con lo que ellos mismos se autoacusaban de coimear. Eso desató una investigación. Se descubrió que algunos empleados empastaban el trámite, alegaban que faltaba personal, decían que no entregaban partidas. Ojo, igual las cocherías les dicen a los familiares que el trámite demora quince días y una gestoría propia puede acortar el tiempo. Así les sacan más moscateli.”
No es todo. Además de cuantiosos sumarios y denuncias por adulteración de causa de muerte, se investiga la adulteración de domicilios, y hasta de horarios. Uno de los casos investigados por Lucini estudia una probable modificación de horarios en un caso de dos ancianos fallecidos el mismo día: con hijos de matrimonios anteriores, depende de quién murió último la determinación de los herederos. También se suelen falsificar actas para cobrar seguros o pensiones.
En los trámites hay que presentar indefectiblemente el documento de la persona fallecida teóricamente corroborado por el médico en el certificado de defunción. Ese documento se destruye luego. Pero muchos presentaban el otro documento (cédula por DNI o viceversa) o no llevaban ninguna. “Acta de ley”, se escuchaba decir entonces al empleado. Esas tres palabritas mágicas indicaban, según la antigua usanza, que con la presentación de dos testigos que aseguraban que el documento se había perdido pero que correspondía con el número, quedaba resuelto el trámite. La intervención detectó numerosos casos de documentos de finados circulando por el mundo como ánimas reencarnadas en otros seres. Esos seres, blandiendo su reencarnación, hasta la devaluación sacaban créditos y cobran sueldos a nombre de los finados

Un solo médico llegó a firmar 14 mil actas por año. En el negocio hay médicos, cocherías y empleados corruptos. Y amenazas de muerte a los que investigan. Para qué se usan los certificados truchos.

EL CASO DEL MEDICO DETENIDO POR EL CERTIFICADO DE MARIA MARTA
Un león firmando certificados truchos

Juan Carlos March s/falsedad ideológica y asociación ilícita” es la calificación que pesa sobre el médico defuntólogo que titula la carátula, y sobre Oscar Sierco y Marcelo Ferrín, empleados operativos de Casa Sierra. Para los investigadores, March aparece como la figura necesaria para que se cometa el delito. “Y si además cobraba por eso, hay dolo”, reveló a este diario una fuente judicial. Qué cobraba March y cuántos certificados expedía es algo que aún no fue determinado. Algunas fuentes señalaron que “se cobra alrededor de diez pesos el certificado firmado en blanco”. Para dar una idea cabal del volumen que estiman los investigadores, cuando el juez porteño que investiga los certificados truchos pidió toda la data sobre March desde el ‘95, le respondieron:
–Doctor, es imposible.
–¿Por qué?
–Calculamos que desde ese año firmó más de 100 mil certificados.
En la ciudad autónoma mueren, según las estadísticas, unas 130 personas por día, o unas 50 mil al año. Mucho antes de que saltara el caso García Belsunce, March ya estaba suscripto a la lupa de los investigadores: hasta la intervención de la Central de Defunciones, donde se presentan los certificados del ser o estar finado, el defuntólogo que llegó a la fama por el caso de Pilar, según registros oficiales, presentaba entre el 20 y el 30 por ciento del total de los certificados diarios. “Algunos días más, algunos días menos”, citó una fuente.
Esto lleva la cifra de óbitos marchianos naturales a unos 15 mil anuales. Cuando desde el juzgado de Julio Lucini solicitaron todos los certificados firmados por el médico detenido desde 1995, le respondieron “Doctor, imposible”. El impedimento que planteaban en el Registro Civil era operativo: una gruesa columna de empleados debería dedicarse durante días pura y exclusivamente a desenterrar de los libros de actas alrededor de cien mil certificados firmados por el médico.
March trabajaba no sólo con Casa Sierra en ámbitos porteños. Pero donde más tinta gastaba era en territorio bonaerense. Allí, la amplitud de jurisdicciones hacen prácticamente incontrolable el sistema. Ya en 1995 se le había abierto un sumario en La Plata cuando le detectaron la firma de tres certificados de defunción el mismo día, a la misma hora, en ciudades tan distantes como Junín y Lanús.
A todo esto se agregan las actuaciones iniciadas en 2000 por el interventor de la Central de Defunciones, Alejandro Lanús. Cuando saltó el caso García Belsunce II, desde la dirección de legales del Registro Civil porteño se contactaron con los registros civiles provinciales de todo el país. “En el registro bonaerense nos respondieron con sus dificultades –citó una fuente–. No tienen forma de controlar porque el registro de firmas es otorgado por el Colegio Médico, que a su vez sólo toma la decisión de suspender la firma con una causa judicial.”
Así se descubrió que el grueso de los certificados marchianos operaba en blanco en cocherías bonaerenses, aunque no se descarta que ocurra lo mismo en el resto del país, ya que su matrícula médica es nacional: “Calculamos que de cada cinco o seis certificados que firmaba en Capital, tenía entregados unos cien en territorio bonaerense”.
En el 99 por ciento de los casos firmados por March, la muerte por paro cardiorrespiratorio no traumático se lleva los laureles. En algunos casos variaba, agregando insuficiencia cardíaca. En el caso que inició la denuncia de 2000 por la que luego fue sobreseído, agregó una tercera causa: descompensación cardíaca.
“El paro cardiorrespiratorio no es una causa de muerte –explicó un especialista–. Según la OMS, es un efecto de una causa. El cáncer puede ser una causal. Pero todos mueren por paro cardiorrespiratorio. Es como decir que la causa de muerte fue que dejó de respirar.” En ese certificado (ver facsímil), el 22 de junio de 2000, March afirmó esas tres causas pero además marcó en una cruz el casillero correspondiente a comprobación demuerte “por referencias de un tercero”. Sólo de esa manera puede entenderse que haya firmado en Capital y en provincia el mismo día y con escasos minutos de diferencia. No pudo hacer lo mismo en el caso de María Marta García Belsunce. Le faltaba el casillero de la versión de terceros. Certificó entonces la muerte natural “no traumática”, “por haber reconocido el cadáver personalmente”. Nadie sopló a su oído que los pitutos traen problemas coronarios graves

El negocio de los muertos vivos tiene algunas bases permanentes:
- Certificados firmados en blanco para ahorrar tiempo y errores.
- Falseamiento de causas de muerte.
- Falseamiento de horarios por sucesiones.
- Pérdida de documentos que luego son utilizados en operaciones financieras.
- Pago bajo cuerda para acelerar los trámites.
- Pago bajo cuerda de parte de la parentela para resolver problemas.
- Cuando se empezaron a cambiar las reglas se registraron amenazas.
- Se intervino la Central de Defunciones y se removieron 70 empleados.
- Buscan la forma de controlar la extensión de certificados

Buscando evitar las irregularidades

 No sólo la resolución del crimen de María Marta es una complejidad inédita. Las autoridades locales del Registro Civil pierden el sueño buscando la forma de impedir o, al menos, de limitar los certificados marchianos. Para resolver el problema se encuentran ante un galimatías: la ciudad será autónoma pero carece de Colegio Médico porteño. No hay quién resuelva las faltas disciplinarias y los tribunales de ética, porque todo depende, a la vieja usanza, del Ministerio de Salud de la Nación. El viernes pasado, representantes de Femeca (Federación de Médicos de Capital) y la Asociación Médica intentaban desenredar las trabas en una reunión con el titular del Registro Civil porteño, Félix Pelliza. Mañana iniciarán los borradores. “Esto tiene que cambiar –reveló un allegado a la dirección general–. Aníbal Ibarra no quiere que cuando se apague el caso García Belsunce esto vuelva a ser lo de siempre.”
En esa reunión, Pelliza y sus asesores presentaron su intención de modificar todo el sistema vigente, caracterizado por la falta de controles. “Los médicos mostraron muy buena disposición –reveló la fuente–. Pero señalaban que uno de los temas a resolver es el de crear por ley un colegio público donde entre pares se realicen los controles y se dispongan sanciones.” Por el momento, la Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud es el órgano encargado de la matrícula médica. El 17 de diciembre pasado, Pelliza envió la nota 8798-DGRC-02 a Héctor Conti, a la sazón, el subsecretario. El motivo era anunciar la suspensión provisoria de Juan Carlos March en el registro de firmas y solicitaba que la Subsecretaría considerara qué medidas tomar respecto de la matrícula del médico. “Hasta hoy ni siquiera mandaron un fax de recibido”, se quejó un allegado al caso.
Otra complicación que plantearon los médicos es su dificultad de firmar certificados de defunción. “Nadie puede determinar en dos minutos por qué ocurrió la muerte. El cuerpo puede estar perfecto y quién dice que no lo envenenaron.

Por Horacio Cecchi

El country Carmel puede ser escenario en cualquier momento de una redada de amigos y relaciones.

La policía espera luz verde para hacer una redada por María Marta

Impacientes, los investigadores esperan que el fiscal autorice entre 10 y 15 detenciones. Pero todo indica que tendrán que esperar unos días más hasta que se reúnan “pruebas suficientes”

Como si el asesinato de María Marta García Belsunce fuera una historia de suspenso en capítulos, con la intriga forzada de las telenovelas, las diez o quince detenciones que viene pidiendo la policía desde hace días seguirán demoradas cuando menos hasta la semana entrante. El fiscal Diego Molina Pico insiste en que todavía no hay “pruebas suficientes” como para estacionar el celular de culata frente a la otrora apacible puerta de ingreso al country Carmel de Pilar, donde María Marta supo vivir con discreción y retirarse de la escena dejando tras de sí un escándalo de incierta resolución. Fuentes de la investigación dejaron trascender la creciente impaciencia de la policía, que esperaba este fin de semana la detención de todo el misterioso clan femenino que rodeaba a María Marta y de parte del entorno familiar, las primeras sospechadas por el crimen propiamente dicho y los segundos por el encubrimiento.
Para los investigadores policiales, la forma correcta de actuar frente a un caso de tan difícil resolución era imitar lo que hizo el juez Julio Lucini en la causa donde se investiga la existencia de una organización dedicada a falsificar certificados de defunción: meter presos a todos, interrogarlos sin anestesia y analizar después quién queda y quién sale. Esa no es la postura del fiscal Molina Pico, quien prefiere la prudencia, aunque pueda parecer excesiva. El fiscal se mantiene equidistante de la ansiedad policial y de las presiones de la familia, obsesionada todavía por frenar los efectos de un escándalo definitivamente instalado.
Los investigadores policiales, encabezados por el comisario Aníbal Degastaldi, confían en que la detención de las amigas de María Marta y de algunos familiares redundaría en beneficio del esclarecimiento, porque se producirían contradicciones y hasta “quiebres” que conduzcan a la resolución del caso. El allanamiento en la casa de Carmen Piazza, la vecina de María Marta, no arrojó, en principio, el resultado esperado: encontraron un arma, pero es una pistola calibre 22 y no calibre 32 como la que fue usada en el crimen.
De todos modos, Piazza seguiría en la mira porque se supone que tenía una oculta rivalidad con la víctima. Se habla de un problema de celos o de odio, porque María Marta sería la causante de que Piazza se haya separado de su esposo. Nadie piensa en una relación entre el hombre y la víctima, sino en la posibilidad de un “consejo de amiga” para que el ex esposo de Piazza dejara el hogar que compartía con su cónyuge. Todos los datos habrían sido aportados a la causa por la terapeuta que acompañaba a Piazza y que estuvo con posterioridad en la escena del crimen, cumpliendo un rol que todavía sigue en el misterio. Es la mujer que unos indican que vestía de rosa y otros de lila, pero que todos señalan como testigo importante. La hipótesis del crimen pasional sigue en pie, mientras avanza la causa que busca arrojar luz en la vinculación que María Marta tenía con los hermanos Rohm, del Banco General de Negocios. Hay que seguir pegados a la noticia para saber cómo continúa esta historia real que supera cualquier ficción

Por Carlos Rodríguez y Raúl Kollman