logotipo

CARCELES

29 de octubre - Pelea fatal en la cárcel de Olmos Un detenido que purgaba una condena en la Unidad N´ 1 de Lisandro Olmos, murió ayer en horas de la madrugada luego de ser apuñalado durante una sangrienta reyerta de internos, informaron voceros policiales.
El preso asesinado fue oficialmente identificado como Juan Carlos Romero Espinoza, de 34 años, quien estaba detenido desde el 9 de mayo último aunque no trascendió por qué delito.
El caso fue descubierto a las 4.20, cuando guardiacárceles de la unidad penitenciaria detectaron que se registraba una pelea en uno de los pabellones del penal y de inmediato se dirigieron al sector.
En determinado momento, uno de los detenidos sacó a relucir una faca, como se conoce en la jerga carcelaria a los elementos cortantes de fabricación casera, y se la clavó a otro reo.
Al llegar al pabellón, varios presos acercaron a los guardias a un interno envuelto en una frazada ensangrentada. El recluso aún vivía, por lo que fue trasladado de inmediato al sector hospital del penal, donde ingresó en estado desesperante y falleció minutos más tarde. Los facultativos precisaron que la víctima presentaba varias heridas punzocortantes, que fueron las que finalmente le ocasionaron la muerte. El homicida, en tanto, estaría identificado, aunque no se dio a conocer su nombre.
El fiscal penal Tomás Morán libró actuaciones por “homicidio”, investigación que quedó a cargo del juzgado de Garantías actualmente en turno.

28 de octubre - CRIMEN EN LA CARCEL: LA CAUSA QUE JAQUEA A JEFES DE LOS PENITENCIARIOS El escándalo de los que salían de la cárcel a robar (Clarin) Fugas imposibles de cárceles de máxima seguridad, suicidios y homicidios sospechosos dentro de los penales, tráfico de drogas en los pabellones, pagos para lograr traslados y comodidades, negociados con el dinero de la comida de los presos.
En los últimos años, el Servicio Penitenciario Federal fue bombardeado con denuncias de todo tipo. Pero la más escandalosa y seria de ellas apuntó a la Unidad N° 1 de Caseros. Allí —según dio por probado recientemente la Justicia— los guardiacárceles dejaban salir a algunos presos a la calle para que fueran a robar y volvieran al penal con botines de los cuales les correspondía la mayor parte.
El martes 8 de octubre, el Tribunal Oral N ° 5 de Capital confirmó, a través de un veredicto, que Alejandro Hebert Núñez (un preso que estaba alojado en Caseros desde junio de 1998) pudo salir de la cárcel para asaltar a una familia y volver a su pabellón a dormir.
El mismo había contado los detalles de la salida involucrando, entre otros, a guardiacárceles del área de Inteligencia del SPF y a jefes del penal de Caseros.
Los jueces condenaron a Núñez a 8 años de prisión y también dijeron que las salidas no se limitaban a él. Incluso, sentenciaron a 20 años a un guardiacárcel por integrar la banda y matar a un policía frente al restaurant Dolli, de Palermo, la madrugada del 18 de julio del 98.
"La prueba en la presente causa permite considerar suficientemente acreditado no sólo que Núñez salía a delinquir sino que otros también lo hicieron y que para ello, sin duda alguna, contaron con la complacencia de algunos y la directa complicidad de otros", dijeron los jueces Martín Becerra, Rafael Oliden y Fátima Ruiz López.
Pese a las pruebas reunidas por la Justicia ningún jefe de la Unidad fue sancionado por estas irregularidades. El sumario interno abierto en 1998 nunca avanzó y por eso, luego de conocido el veredicto del Tribunal N° 5, el Ministerio de Justicia decidió sacarle la investigación administrativa al SPF.
"La idea es revisar la actuación de toda la cúpula de Caseros en 1998. Algunos están retirados y, si se comprueba que tuvieron responsabilidad, podrían perder su jubilación. Pero la mayoría sigue trabajando", le dijo a Clarín Mariano Ciafardini, Secretario de Política Criminal y jefe político del SPF. Ese, por ejemplo, es el caso del jefe de la alcaidía de tribunales, Eduardo Sabe.
Contra la ex cúpula de Caseros también apunta el juez Alberto Baños que llevó desde el principio el caso. Aunque algunos acusados llegaron a juicio oral, gran parte de la investigación aun sigue en su despacho. Y según fuentes de tribunales el juez ya tendría pruebas para avanzar en las imputaciones sobre los principales jefes del penal.
Otra causa que está en trámite apunta a un supuesto complot penitenciario para matar a Baños y así detener su investigación sobre la corrupción dentro del SPF. Este expediente se abrió en el 2000 con la declaración de un preso, Alejandro Penczarsky.
Penczansky —miembro de la superbanda de Luis "El Gordo" Valor— aseguró que a principios del 2000 lo dejaron salir de Caseros para que, primero, hiciera inteligencia sobre los lugares que solía frecuentar Baños, y luego lo asesinara.
El mayor problema para los responsables políticos del SPF es este expediente. La razón: quién era jefe de Caseros en ese entonces, Juan Alberto Cid, es el actual jefe del Servicio Penitenciario Federal.

28 de octubre - CRIMEN EN LA CARCEL: NUEVAS SOSPECHAS SOBRE EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL Investigan si entregaron a un preso para que lo maten Aníbal Saibaa, acusado de homicidio, fue acuchillado el 2 de octubre en Devoto. Horas antes un juez había ordenado al SPF que no lo llevara allí. No le hicieron caso y lo alojaron con el primo de su víctima. La policía lo detuvo por un homicidio ocurrido en Villa Soldati el 27 de agosto. Cuando declaró ante el juez — el primero de octubre— confesó y sólo pidió una cosa: que lo mandaran al complejo penitenciario de Marcos Paz porque en el resto de las cárceles federales se encontraría indefectiblemente con familiares y amigos del hombre que había matado. Aníbal Yamil Saibaa tenía miedo de una venganza y sus temores se confirmaron.
Sin hacer caso de un oficio del juez Ricardo Warley —que ordenaba su traslado de la alcaidía de Tribunales únicamente a Marcos Paz— el Servicio Penitenciario Federal (SPF) llevó a Saibaa a la Unidad N° 2 de Devoto. Lo alojaron en pabellón 6 de la planta II donde estaba el primo de su víctima.
Y la venganza llegó: horas después de haber sido indagado por Warley, Saibaa fue acuchillado en la cárcel. Según los registros oficiales entró al pabellón a la 1.50 de la madrugada del 2 de octubre y a las 2.05 lo sacaron de allí con una herida mortal en el pecho.
El crimen fue difundido por el SPF como la muerte de un preso en medio de una pelea entre internos. Pero la historia es mucho más compleja que eso, según confiaron tres altas fuentes judiciales. Por eso en la causa abierta para investigar el crimen de Saibaa ( a cargo del juez Julio Corvalán de la Colina y el fiscal Pablo Lanusse) no sólo se está buscando al asesino del preso.
La Justicia también trabaja sobre la teoría de que el cambio de cárcel no sólo fue una decisión desafortunada sino que pudo haberse tratado de una "entrega": El hombre al que Saibaa había matado el 27 de agosto en el Barrio Fátima de Villa Soldati era el hijo de una mujer que habría sido señalada como una de las distribuidoras de cocaína más poderosa de la zona.
Además, la muerte de este preso es la tercera ocurrida en Devoto en poco más de un mes. Y en los tres casos las hipótesis más fuertes son la de ajustes de cuentas por tráfico de drogas, tanto dentro como fuera de la cárcel.
Puntualmente en el caso de Saibaa las sospechas apuntan al desempeño de las autoridades de la Unidad 28 ( la alcaidía de Tribunales) que no hicieron caso a la orden específica del juez Warley de llevar al detenido al complejo Marcos Paz.
La Unidad N°28, que queda dentro del edificio de Tribunales, tiene como jefe máximo al alcaide mayor Eduardo Sabe, quien logró un ascenso en los últimos años pese a un grave antecedente: él era uno de los jefes de la cárcel de Caseros en 1998 cuando —según acreditó la Justicia— varios presos fueron dejados salir del penal para robar.
El nombre de Sabe está mencionado varias veces en el expediente sobre las "salidas de Caseros" que lleva el juez Alberto Baños y —según fuentes consultadas— su situación procesal en este expediente podría complicarse en los próximos días.
Por lo pronto, el homicidio de Saibaa ya le costó a las autoridades penitenciarias un sumario interno y un allanamiento al pabellón 6, concretado pocos días después del crimen por el fiscal Lanusse.
Según explicaron fuentes judiciales, en la legislación no está claro hasta qué punto el SPF debe obedecer la orden de un juez de Instrucción de enviar a un preso a una cárcel en particular. "Hace años hubo un fallo de la Corte en el que se aseguraba que la derivación de internos debía quedar a criterio del Servicio. Es un tema discutido pero los penitenciarios se agarran de él cada vez que ocurre un caso parecido", explicó una fuente.
Cuando murió Saibaa, y el juez pidió explicaciones sobre por qué había terminado en Devoto, el S.P.F habría explicado simplemente que como el detenido era primario (no tenía antecedentes) se consideró difícil que tuviera problemas o enemistades dentro de la cárcel, como sostenía el oficio de Warley. Por eso lo enviaron a la Unidad N°2. Además —dijeron—, Marcos Paz es un complejo donde se suelen derivar a miembros de fuerzas de seguridad detenidos.
El argumento penitenciario por el momento no convence a los investigadores. Desde el SPF se sostiene que el episodio se debió a un "error involuntario". Sin embargo, persiste una seria sospecha: que Saibaa pudo haber sido entregado a sus asesinos por el mismo Servicio Penitenciario que, por expresa orden de un juez, debía proteger su vida.

27 de octubre - Cárcel de puertas abiertas y con autodisciplina
Un penal en Olmos donde solamente se aloja a evangelistas - Es una experiencia piloto en el país (La Nacion)

Con oraciones y cánticos, más la lectura bíblica, comienza otro día para los presos evangelistas

LA PLATA.- Regido por rítmicos aplausos, el enérgico coro inunda con sus cánticos la sala y los pasillos pintados de un celeste muy parecido al cielo. Los versos pegadizos y los gritos de alabanza dan paso a la prédica de un pastor que, como cada tarde, ofrece el culto a sus discípulos: los 90 internos de la Unidad 25 Cristo la Unica Esperanza, ubicada en la localidad de Olmos. Es la primera cárcel evangélica del mundo, según las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), .

Los detenidos pusieron el penal en condiciones y ahora lo mantienen Foto: Santiago Hafford

---

26 de octubre - Crisis por la superpoblación de presos / Se amotinaron 46 detenidos en una comisaría de Luján Allí sólo podían alojarse 17 personas; ahora están en cárceles La revuelta comenzó ayer por la mañana, por reclamos de hacinamiento A pocos kilómetros de allí, el presidente Eduardo Duhalde encabezaba un acto Tensas negociaciones LA PLATA.- Los 46 detenidos que se hacinaban en reducidos calabozos de la comisaría 1a. de Luján -que sólo tiene capacidad para albergar a 17 presos- provocaron ayer un motín que finalizó cuando fueron trasladados a dependencias carcelarias.
.Los detenidos originaron la revuelta debido a las pésimas condiciones de encierro, según alegaron ante las autoridades policiales que concurrieron al lugar.
.Fuentes de la policía bonaerense precisaron a LA NACION que la revuelta de los detenidos se inició alrededor de las 10.30 en la citada seccional, situada en Las Heras 387, de esa ciudad del oeste del conurbano bonaerense.
.En ese momento, un grupo de detenidos intentó tomar como rehén al policía de imaginaria de la comisaría, quien logró zafarse y avisar a sus compañeros.
.Asimismo, los reclusos comenzaron a exteriorizar sus exigencias de ser trasladados a cárceles provinciales, en virtud de las deficientes condiciones de alojamiento que deben tolerar.
.De inmediato, el personal policial presente procuró contener a los presos, algunos de los cuales comenzaron a provocar importantes destrozos en el mobiliario de los calabozos.
.Cerca del Presidente
.En ese momento, las máximas autoridades policiales de la zona se encontraban en un acto en la vecina ciudad de General Rodríguez, encabezado por el presidente Eduardo Duhalde, por lo que debieron abandonar la ceremonia para dirigirse de inmediato a la seccional donde se desarrollaba el motín.
.En prevención de mayores disturbios, el titular de esa seccional, comisario Claudio Martínez, dispuso el cierre de la dependencia, al tiempo que se hicieron presentes efectivos de la Unidad de Prevención Urbana (UPU) y del Cuerpo Guardia de Infantería de General Rodríguez.
Sin embargo, no se hizo necesaria la intervención de ese personal, ya que a pesar de la tensión reinante el propio comisario Martínez logró entablar un diálogo con los amotinados para encontrar una solución al conflicto.
En esa ocasión, el jefe policial se comprometió con los presos a solicitar a las autoridades del Servicio Penitenciario bonaerense el traslado de la mayor parte de los alojados, con el propósito de descomprimir la situación y el estado de hacinamiento reinante.
Una vez lograda la autorización necesaria de la Justicia, al promediar la tarde comenzó a ser derivada la mayoría de los detenidos con destino a distintas unidades carcelarias de la provincia.
Estado de emergencia
Cabe recordar que hace dos semanas el gobernador bonaerense, Felipe Solá, firmó un decreto de necesidad y urgencia que declara en emergencia todas las comisarías de la provincia, como consecuencia de la superpoblación de detenidos en esas dependencias policiales.
Un total de 343 comisarías están diseminadas en el territorio provincial y en ellas permanecen alojados más de 7500 presos, por lo que, en promedio, hay casi 22 reclusos alojados en cada una de las seccionales, lo que supera la media normal.
Según el Ministerio de Seguridad, las jefaturas departamentales con más problemas en sus comisarías son las de Lomas de Zamora, La Matanza, Morón, Mercedes, San Isidro, San Martín, Quilmes y La Plata.

En noviembre comenzarían los trabajos para construir la cárcel de Saavedra SAAVEDRA, 24 OCT (AIBA). El presidente del Senado bonaerense, Alejandro Hugo Corvatta (PJ), confirmó que esta semana comenzó la compulsa de precios entre unas 10 empresas para la construcción de la cárcel en Saavedra, y anunció que las obras podrían iniciarse a fines de noviembre, si es que los tiempos previstos se cumplen con normalidad. "Esto es lo que teóricamente tendría que ocurrir en el transcurso de este mes", comentó el legislador, al tiempo que anticipó que "tendrán prioridad las empresas que participaron en la licitación anterior, aunque ya varias fueron adjudicatarias de Magdalena, Gorina y Sierra Chica". El complejo albergará a unos 700 presos y le dará trabajo a unos 350 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), y también destacó que, para los oficiales "habrá que edificar no menos de 30 viviendas", que serán concretadas mayoritariamente con mano de obra local. "Creo que esto es lo fundamental para Saavedra, que ha quedado marginada por la situación de crisis del país. Este es el momento de recuperar el trabajo y la dignidad. Sin trabajo es muy difícil conseguir una vida digna", subrayó Corvatta. (AIBA)

23 de octubre - Más beneficios para los presos Reducir la superpoblación carcelaria y el hacinamiento en las comisarías es un objetivo compartido por dirigentes de casi todas las vertientes ideológicas. La manera de lograrlo marca la diferencia: el gobernador Felipe Solá ya anunció que se alojarán a detenidos en contenedores acondicionados para ese fin y la oposición contestó con una iniciativa que apunta a dotar a los jueces de ejecución de los instrumentos necesarios como para definir en un plazo de no más de diez días si determinados internos son mantenidos entre rejas o son beneficiados con algún régimen especial. Muchos condenados podrían dejar entonces sus lugares de detención.
La iniciativa del senador Eduardo Sigal obliga a las autoridades penitenciarias a informar semestralmente la capacidad máxima de las cárceles que se encuentran bajo su órbita,siempre en función de los parámetros sobre tratamiento de reclusos establecidos por las Naciones Unidas. Con esos datos, y luego de verificar el exceso en cada caso, el servicio informaría al ministerio de Justicia sobre la cantidad de internos procesados y condenados, de mujeres embarazadas y con hijos menores, el número de enfermos terminales y la cantidad de personas mayores de 70 años.
En un plazo de diez días, Justicia remitiría a los jueces esa información. Los magistrados podrían resolver aplicar alguno de los siguientes mecanismos, contemplados en el código de ejecución penal:
l Presión domiciliaria.
l Sistema de monitoreo con
pulseras magnéticas.
l Salidas laborales.
l Comparecencia ante los juzgados.
l Libertad.
En la actualidad, hay más de 7 mil presos en las comisarías y unos 17 mil en el sistema penitenciario bonaerense. En el primer caso, la tarea sustrae a policía de la prevención y represión del delito.

11 de octubre - DECISION DEL GOBIERNO BONAERENSE Cómo serán los contenedores para presos Dicen que antes de fin de año habrá traslados. Es para evitar hacinamientos de presos en comisarías y cárceles. El gobernador Solá defiende el proyecto. Los contenedores son infinitamente más sanos y humanitarios que la situación terrible que tenemos en las cárceles y en los calabozos policiales por el hacinamiento". Felipe Solá y su gabinete casi en pleno salieron a respaldar ayer el uso de estos módulos para alojar a 1.500 de los 7.000 detenidos en comisarías. Aún con la polémica provocada tras el anuncio, el gobernador ratificó que antes de fin de año comenzarán los traslados.
Los contenedores serán colocados en terrenos de distintas cárceles. Según el ministro de Justicia, Alfredo Meckievi, los módulos metálicos "brindan todas las condiciones de bienestar que un espacio físico de esas características requiere. Son instalaciones que tienen agua fría, agua caliente, ventilación, puertas y ventanas", dijo.
Para el senador Eduardo Sigal (Frepaso), es "un malgasto del dinero". Pero su compañera de bancada Graciela Podestá dijo que es "una buena idea". Y agregó: "El hogar del padre Grassi tiene contenedores reacondicionados para la atención de los chicos y son espectaculares."
El fiscal Marcelo Romero opinó que "es una solución de emergencia, coyuntural, pero creo que por lo menos apelaron a la imaginación. Ultimamente ni siquiera había eso, sino simplemente discursos".
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero, también salió a defender la propuesta: "El uso de contenedores es común en Uruguay, Costa Rica y EE.UU."

10 de octubre - Por el hacinamiento de presos en comisarías bonaerenses: hubo otra revuelta en una seccional Alojarán en contenedores a detenidos Las unidades tienen una capacidad de 4 a 6 acusados; se integrarán en módulos que estarán instalados en los penales Costarán 1.900.000 pesos cada 150 detenidos Los construirá la Gendarmería Nacional El gobernador Felipe Solá declaró ayer el estado de emergencia en las comisarías LA PLATA.- El gobernador Felipe Solá, en su desesperado intento por solucionar el hacinamiento de los detenidos en las comisarías bonaerenses anunció que los presos serán alojados en contenedores que adquirirá la provincia, los que se instalarán en los predios de los penales y les costarán al Estado 1.900.000 pesos cada 150 detenidos. Así lo dijo al firmar ayer un decreto de necesidad y urgencia que declara en emergencia a todas las comisarías bonaerenses.
Los contenedores podrán alojar entre cuatro y seis detenidos y estarán incorporados a un módulo integral que los unifica. Otra opción es la construcción de estos mismos módulos de material de construcción rápida.
Ambas medidas, dijo Solá, están dirigidas a paliar el hacinamiento en las seccionales policiales provinciales, donde conviven unos 8000 detenidos, a pesar de que pueden albergar a sólo 3075 personas, según informó el Ministerio de Seguridad que conduce Juan Pablo Cafiero.
"La superpoblación es uno de los problemas más difíciles que el gobierno debe resolver. Por eso decidimos declarar la emergencia, pensando especialmente en lo que ocurre en las seccionales del conurbano bonaerense. Es muy importante que la Legislatura ratifique el decreto", dijo ayer el mandatario provincial, tras la reunión de Gabinete.
Las jefaturas departamentales más problemáticas son las de Lomas de Zamora, La Matanza, Morón, Mercedes, San Isidro, San Martín, Quilmes y La Plata.
Esta crisis en las dependencias policiales generó un detrimento en las condiciones edilicias, alimentarias y sanitarias. También, severos riesgos para presos y policías, debido a motines, incendios, peleas, huelgas de hambre. Por ejemplo, en las comisarías de Lomas de Zamora hubo 80 hechos violentos en 2000 y 94, en 2001; los conflictos aumentaron en concordancia con el crecimiento del número de detenidos, según fuentes judiciales de dicho distrito.
Además, el personal de la policía bonaerense no está capacitado para la custodia de presos, ya que no es su función, sino para la prevención y represión del delito.
En defensa de los comisarios
La declaración de emergencia, agregó el mandatario provincial, "servirá para defender jurídicamente la situación de muchos comisarios, que a veces no pueden cumplir con los traslados ordenados por los jueces, cuando los presos tienen que declarar. Hay comisarios procesados por eso. Los policías terminan siendo víctimas de una situación que no provocaron".
El gobernador dijo que el decreto de necesidad y urgencia y la construcción de los módulos son medidas de corto plazo que apuntan a paliar la superpoblación en las comisarías. Estos serán confeccionados por Gendarmería Nacional y, según Felipe Solá, cada obra puede estar terminada en 45 días.
Con calefacción y ventilación
Lo que aún no determinó el gobierno es cuántos contenedores habrá ni dónde serán instalados. El ministro de Justicia provincial, Alfredo Meckievi, informó que cada uno de los módulos cuesta 1.900.000 pesos y que se pretende que estén terminados antes del verano. Añadió el ministro que cuentan con calefacción, ventilación y que en cada uno pueden ser alojados 150 presos.
En la reunión de gabinete también se evaluaron otras medidas, como la liberación de unos 50 presos que padecen epilepsia o enfermedades crónicas terminales o la utilización de la pulsera electrónica para los condenados por delitos leves. Respecto de esta última alternativa, se concluyó que el costo es muy elevado y no es del todo segura.
Además, el gobierno bonaerense espera la ayuda del Ejecutivo Nacional para resolver el problema. Hace pocos días, Solá le envió una carta al presidente Eduardo Duhalde en la que insistió en que se habilitara al Servicio Penitenciario Federal para alojar presos de la provincia.
El gobernador dijo: "Al gobierno de Duhalde no le falta voluntad. De hecho, Juan José Alvarez (ministro de Justicia y Seguridad de la Nación) convocó a una reunión a las autoridades de todos los servicios penitenciarios del país para intentar encontrar una salida a la situación".
El Poder Ejecutivo provincial avanza, asimismo, con el proyecto de construir seis nuevas cárceles, que en total podrán alojar a 4200 reclusos. El costo global de estas obras es de unos 40 millones de pesos.
Por su parte, el subsecretario de Política Penitenciaria y Readaptación Social, Marcelo Lapargo, afirmó ayer que "ya hay movimiento de tierra en Sierra Chica y en Gorina", donde se levantarán dos de estas unidades.
Entretanto, aseguró el gobernador Solá, la crítica situación en las comisarías bonaerenses se aliviará -aunque muy levemente- en los próximos días. Es que habrá 400 plazas cárceles de la provincia.

10 de octubre - Opinión Una medida que está lejos de traer soluciones concretas Por Pablo Morosi De la Corresponsalía La Plata (La Nacion) - La declaración de emergencia de las comisarías bonaerenses no podía esperar más tiempo. Con sus calabozos superpoblados, con agentes desprovistos de formación específica para la custodia de los detenidos y sin siquiera contar con los fondos necesarios para el más elemental sostén de quienes allí son alojados, las seccionales de la provincia de Buenos Aires se habían transformado hace ya bastante tiempo en un verdadero polvorín.
.Motines, revueltas, fugas, denuncias por torturas y muertes de presos que raramente terminan por aclararse son moneda corriente en las dependencias policiales bonaerenses que hace un tiempo fueron comparadas por el propio ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Cafiero, con los campos de concentración del nazismo.
.Ahora, la declaración de la emergencia por parte del gobernador Felipe Solá, que deberá conseguir aval en la Legislatura provincial, no viene sino a intentar amparar jurídicamente a los comisarios que, en medio de semejante panorama, aparecen como los principales responsables de la violación de numerosos derechos esenciales de los detenidos y el incumplimiento de órdenes emanadas de la Justicia.
.Lejos está la medida en sí misma de traer soluciones concretas a un problema que parece no haber concitado, hasta el momento, la suficiente inquietud del gobierno federal como para que se atienda -en la medida de sus posibilidades- el reiterado pedido provincial de derivar internos hacia unidades carcelarias federales. Algo que tampoco parece constituir una solución eficaz.
La construcción y ampliación de cárceles o la improvisación de contenedores haciendo las veces de lugares de detención, como principal medida alternativa anunciada para el corto plazo vuelve a dejar en un segundo plano la discusión de fondo sobre el tema: la necesidad de una profunda y concienzuda reforma legal que adecue las normas y los procedimientos penales a la nueva, violenta y siempre creciente realidad delictual que asuela a los habitantes bonaerenses y tiene su centro en el deprimido conurbano provincial.

10 de octubre - DECLARAN EN EMERGENCIA A LAS COMISARIAS BONAERENSES Solá quiere alojar detenidos en contenedores Es para aliviar la superpoblación de presos en comisarías. Costará 12.667 pesos por detenido.En las celdas de las comisarías bonaerenses se amontonan casi 7.400 presos, cuando la capacidad de alojamiento de esos edificios es de 3.200 personas. Ayer, el gobernador Felipe Solá anunció una propuesta para reducir los índices de superpoblación: la provincia comprará contenedores metálicos como los usados en el puerto, que serán acondicionados para alojar entre 4 y 7 detenidos cada uno. Serán instalados en los predios de las seccionales y tendrán sistemas de ventilación para hacerlos "habitables".
Las consecuencias más comunes de esta superpoblación de presos son los motines, las fugas y las denuncias penales contra los responsables policiales por mantener en condiciones de "hacinamiento" a los detenidos. Por eso, Solá también firmará un decreto para declarar en "emergencia" a todas las seccionales y otorgar una "cobertura legal" a los comisarios que son denunciados por los fiscales y los abogados defensores de los detenidos.
Según fuentes cercanas al gobierno, en menos de 45 días podrían estar instalados los módulos para alojar presos. Estiman que la provincia gastará 1.900.000 pesos por cada 150 presos trasladados a sus nuevos lugares de reclusión. Esto da un costo de 12.667 pesos por detenido.
"Es una salida a corto plazo, hasta que se construyan nuevas cárceles", explicó Solá. La provincia tiene en carpeta habilitar seis nuevas unidades penitenciarias en el interior y el conurbano. Cada una tendrá lugar para 600 presos, pero la iniciativa está en los primeros pasos administrativos y aún no se ha colocado ni un ladrillo.
Por eso, Solá reflotó el proyecto de los contenedores que ya fue anunciado hace 5 meses. Se trata de un sistema usado en EE.UU., Puerto Rico y Uruguay, entre otros países. Tienen mecanismos de seguridad, baños, ventanas, iluminación y calefacción propia. Estarán sobre bases de hormigón y el mantenimiento es económico, dijo el ministro de Justicia, Alfredo Meckievi.
Además, pidió a los jueces que revisen la situación procesal de por lo menos 50 imputados que están enfermos o son discapacitados y que podrían abandonar las penitenciarías sin riesgos para la sociedad.
El alojamiento de presos en comisarías abre varios frentes de conflicto a la Policía. En primer lugar, porque la fuerza tiene que destinar casi 2.000 agentes para el control de las celdas. Las autoridades quieren que todos esos policías pasen a realizar tareas de prevención en las calles. Además, se registra una lluvia de denuncias por presuntos malos tratos y porque no se respetan las condiciones de alojamiento previstas en las leyes.
Hace dos días, el fiscal Marcelo Romero denunció que en La Plata hay 659 presos en comisarías, cuando el cupo es de 200. Pidió a la Suprema Corte y al Gobierno que intervengan. Pocas horas después que el expediente llegara a los Tribunales hubo una pelea en la comisaría 2 y uno de los presos terminó grave en el hospital. La pelea se registró en una celda con capacidad para 8 personas, pero había 43 internos.

9 de octubre - 9 de Octubre de 2002 - El resultado de una extensa investigación Según un tribunal, hubo presos que salían de la cárcel a robar Un guardiacárcel fue condenado a 20 años de prisión por asesinar a un policía Además, el tribunal condenó a 8 años de cárcel a un delincuente que debía estar preso en el momento de un asalto Sostiene que robaba por orden de guardiacárceles Según la Justicia quedó acreditado que había presos que salían de la cárcel de Caseros para robar, acompañados por agentes del Servicio Penitenciario Federal.
Tal afirmación corrió por cuenta del Tribunal Oral N° 5 que, ayer, condenó al guardiacárcel Cristian Franco a 20 años de prisión por el homicidio del cabo de la Policía Federal Rubén Heraldo Juárez, ocurrido el 18 de julio de 1998, en el restaurante Dolli, en Figueroa Alcorta y Tagle, de esta ciudad.
Además, los jueces Fátima Ruiz López, Alejandro Becerra y Rafael Oliden condenaron a ocho años de prisión a Alejandro Hebert Núñez, por el asalto contra la familia Di Carlo, en la calle Marcos Sastre, de Villa del Parque. Este episodio ocurrió unas horas antes del crimen del cabo Juárez.
Lo increíble del hecho fue que durante el juicio se confirmó la hipótesis que pusieron al descubierto el juez de Instrucción Jorge Alberto Baños y los investigadores de la Policía Federal: que Núñez debía estar preso en el pabellón 17B de la cárcel de Caseros y que la noche del crimen salió del penal para robar por cuenta y orden de los efectivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
El veredicto
En el veredicto, además, los magistrados ordenaron que se informe sobre este hecho al director del SPF y que se remitiera la causa al juez Baños para que encarara una investigación con el fin de determinar a los restantes internos del penal de Caseros que presuntamente acompañaron al guardiacárcel en el homicidio del cabo Juárez.
En el juicio que terminó ayer, se juzgaba no sólo el asesinato de Juárez, sino una serie de robos ocurridos antes del crimen.
Entonces, el tribunal absolvió del homicidio del policía y de dos robos calificados a otros dos acusados: Pablo Argañaraz y Oscar Chazarreta. No obstante, ambos imputados fueron condenados a un año y seis meses por encubrimiento en uno de los hechos que se juzgaban.
Ambas penas fueron unificadas con otras condenas que tenían ambos acusados por lo que Chazarreta y Argañaraz deberán pasar 24 y 25 años en la cárcel, respectivamente.
Algo similar ocurrió en el caso de Núñez, donde los magistrados unificaron la pena de ocho años con otra anterior que poseía el acusado, por lo que quedó en una única condena de 18 años de cárcel.
Anteayer, en su alegato, el fiscal Horacio González Warcalde, había pedido condenas unificadas de 43 y 45 años para Chazarreta y Argañaraz, respectivamente. Pero ayer, el tribunal los absolvió del crimen.
Conforme con la condena
María Juárez, la madre del policía asesinado, se mostró conforme con la condena para el ex penitenciario, aunque expresó su dolor por que el tribunal entendió que los otros dos presos no habían participado del homicidio.
"Se hizo Justicia. Ahora, esperaremos que los acusados sean sometidos a la justicia de Dios. Espero que los asesinos de mi hijo se pudran en la cárcel, tal como ocurrió con los delincuentes que mataron a otros policías. A él lo mataron como un animal. Lo mataron por matar", dijo la mujer, mientras sostenía una foto de su hijo.
.Si bien durante el debate se denunció que había presos que salían de la cárcel para robar, esa cuestión no se juzgó y se enviaron copias de las declaraciones a los juzgados de los magistrados Baños y Wilma López, en los que se investiga a las mafias penitenciarias, desde 1998 y 2000, respectivamente.
.Al declarar como imputado durante el juicio, Núñez describió cómo había logrado salir del penal de Caseros la noche del 17 de julio de 1998, horas antes del crimen de Juárez.
.Los dichos de Núñez fueron apoyados durante el juicio por otros dos presos: Daniel Rolón y Guillermo Imaz. Ambos detenidos denunciaron que desde que declararon fueron sometidos a tormentos y torturas por los agentes del SPF, por lo que el tribunal decidió darles protección y trasladarlos a otros lugares de detención.
.Rolón e Imaz, dijeron, además, que Gastón Maximiliano Noguera, un preso que se había fugado a mediados de junio de 1998 del penal de Villa Devoto, con el asaltante de blindados Daniel "Tractorcito" Cabrera, participó en el homicidio junto con el guardiacárcel Franco.
.En enero de 2000, Noguera intentó denunciar cómo lo dejaban salir de la cárcel para robar, pero lo asesinaron en el calabozo que ocupaba en el pabellón 18 del penal de Caseros.
.Otro preso, Miguel Sandes Tejada, declaró ante el juez Baños que había asesinado a Noguera, por cuenta y orden del SPF, para evitar que hablara.

Se fugaron dos presos de una comisaría limando los barrotes de una ventana El hecho ocurrió el sábado en Olavarría - Se trata de dos hombres que permanecían en la Seccional primera - Asuntos Internos de la Policía bonaerense trabaja para deslindar responsabilidades entre quienes revistaban esa noche en la dependencia OLAVARRIA, 8 OCT (AIBA - El Popular). Dos detenidos se fugaron en la madrugada del sábado de la seccional Primera de la policía local limando los barrotes de una de las nuevas ventanas, que dan al comando de Patrullas, y el hecho compromete la continuidad del comisario Carlos Faure al frente de la dependencia.
Si bien uno de los evadidos fue recapturado, otro sigue prófugo, acusado del delito de "tentativa de homicidio" porque aparentemente habría baleado a un joven de 17 años e un testículo con una carabina.
Según pudo saberse, la fuga de habría sido posible por las modificaciones que se introdujeron en el edificio en los últimos tiempos, ya que los calabozos de la comisaría no tenían ventanas al exterior, pero debido a las inhumanas condiciones de detención que ofrecían las instalaciones, las celdas fueron clausuradas en marzo, hasta que se las reabrió con los cambios proyectados.
Asimismo, se logró determinar que el sumario respectivo será instruido en la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, tal cual se le comunicó oficialmente al comisario Faure a través de un representante de la Policía Departamental Cnetro, con sede en Azul.
El episodio se habría producido alrededor de las 2.30 de la madrugada, cuando los sujetos terminaron de limar los barrotes de una celda individual, que está situada al final del pasillo de los calabozos. La ventana, está ubicada a unos dos metros y medio del piso.
Por allí, los dos detenidos lograron llegar hasta el techo de la habitación donde se encuentran los cofres de los baños y de allí saltaron un paredón que da al patio del Comando de Patrullas, hasta alcanzar la avenida Almirante Brown, desde donde emprendieron la huida.
Uno de los puntos a dilucidar por parte de la cartera que comanda Juan Pablo Cafiero, es cómo llegó la lima a quedar en poder de las dos personas que escaparon, ya que periódicamente se realizan requisas en las celdas ante el tipo de visitas que tienen algunos detenidos. (AIBA)

Fiscal platense insiste con los pedidos contra el hacinamiento de detenidos en comisarías LA PLATA, 8 OCT (AIBA). El fiscal de Ejecución penal plantese Marcelo Romero, solicitó hoy la intervención de la Suprema Corte de Justicia bonaerense ante las condiciones de hacinamiento que padecen los detenidos alojados en comisarías de la capital provincial.
Tal como sostiene desde hace meses, destacó que la situación por las que atraviesan las sedes policiales del Partido de La Plata -lo que incluye a la ciudad cabecera y sus localidades--, reviste "una cuestión institucional grave", y remarcó que "existen a la fecha 659 personas, lo que produce una superpoblación de más del 300 por ciento".
"Hay comisarías con capacidad real para 4 detenidos, pero alojan a 43, como ocurre en la cuarta", sentenció el integrante del ministerio público, al tiempo que hizo un detalle de las situaciones que se producen en otros distritos, como en Cañuelas, "donde el cupo ideal es de 9, pero se alberga a 31", subrayó.
En un informe elevado al máximo tribunal de Justicia, puntualiza que en Lobos, se puede alojar a 8, y se tiene a 28; en la primera de Berisso, 9, y hay 27; en la cuarta de la misma ciudad, hay espacio para 3, y permanecen 25; en la octava de La Plata, 21, pero hay 52;y en la novena, también del distrito Capital, hay espacio para que permanezcan detenidas 9 personas, pero se aloja a 38.
Romero formuló una advertencia similar con anterioridad mediante escritos y pedidos que elevó al por entonces Ministerio de Justicia y Seguridad, y en los que también propuso la construcción de alcaidías, o la firma de convenios con otras provincias, para trasladar a los detenidos y descomprimir la situación.
Según resaltó, "hasta el momento ninguna de mis propuestas ha tenido respuesta, ningún proyecto ha sido siquiera discutido y los plazos y la tolerancia se han acabado", por lo que sentenció que "todos los días, en el Departamento Judicial La Plata, ocurre un motín, una revuelta o una fuga".
"La seguridad está en riesgo, los integrantes de la Policía de la Provincia tienen hoy, como principal actividad, cuidar presos, desatendiendo sus funciones específicas de prevención y represión del delito, obteniendo, desde el Poder Ejecutivo, solo discursos o denuncias genéricas, o simplemente el traslado de detenidos de una comisaría a otra", sentenció.
En tal sentido, reclamó a la Suprema Corte su "urgente" intervención, y un pedido similar se lo formuló a su jefe, el procurador general, Eduardo Matías De la Cruz, con la intención de que "se le requieran al Ejecutivo provincial la adopción de medidas para descomprimir el hacinamiento de detenidos y la superpoblación en comisarías". (AIBA)

6 de octubre - Se ahorcó en su celda Un joven de 21 años, que permanecía detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 9 de La Plata, se quitó la vida ayer ahorcandose en el interior de su celda. El hecho fue descubierto en horas de la mañana, por personal penitenciario que cumple funciones de vigilancia en la cárcel de la calle 76 y 10. El cuerpo de Claudio Legizamón Osbando pendía de una campera amarrada a las rejas del techo de la celda número 16 del pabellón de separación (área convivencia) donde el joven se encontraba alojado. Para poner fin a su vida, la víctima había usado una campera de nylon de su propiedad que había anudado alrededor de su cuello. Legizamón purgaba una condena por el delito de “robo calificado por el uso de arma”.

22 de septiembre -Motín en una comisaría de Mar del Plata: mantienen como rehén a un policía Un grupo de presos de la comisaría tercera de la ciudad de Mar del Plata se amotinaron esta noche y mantienen como rehén a uno de los policías de esa seccional. Fuentes policiales dijeron que los presos se encuentran amotinados en la comisaría ubicada Padre Dutto y 12 de octubre, en la zona del puerto marplatense, y reclaman mejoras en las condiciones de alojamiento.

21 de septiembre - Encontraron ahorcado en su celda a otro preso de la U 29 El penal de máxima seguridad fue intervenido hace menos de un mes. Se sospecha que los guardiacárceles mataron a golpes a un preso y lo colgaron para simular un suicidio. Ahora hallaron otro cuerpo. Pendía de los barrotes de la celda Un preso fue encontrado ayer ahorcado en su celda del intervenido penal de máxima seguridad de Melchor Romero, donde semanas atrás fue hallado muerto de manera similar otro presidiario que habría sido asesinado por guardiacárceles.
Se trata de Alberto Antonio
Petrucci Luján, de 37 años, cuyo cadáver apareció a las 4.10 de la mañana, colgado de los barrotes de una ventana, según confirmó el fiscal
Gabriel Sagastume.
“Estaba colgado con un trozo de tela de uno de los barrotes de la ventana, y si bien en principio se trataría de un suicidio, se realizarán diversos peritajes para confirmar la causa de muerte”, aseguró Sagastume.
El Servicio Penitenciario provincial sostuvo en un comunicado que se trató de un “suicidio”, y explicó que “al hacer el recuento de la población en la celda número 13 del pabellón 11, se pudo observar que el interno se encontraba suspendido del cuello por un trozo de lienzo, constatando el médico que no presentaba signos vitales y certificando el óbito del mismo. Cabe destacar que en el recuento anterior realizado a la una el interno se encontraba con vida, respondiendo al llamado del personal penitenciario”, remarca el informe.
Petrucci Luján se encontraba alojado en el establecimiento en forma transitoria, acusado de los delitos de “homicidio críminis causa y robo agravado por el uso de arma en concurso real”, a disposición de la Justicia de Morón; “homicidio en ocasión de robo” en jurisdicción de Quilmes; y “homicidio” como partícipe en la muerte de un interno en la unidad 24 de Florencio Varela.
El 30 de agosto último, el preso Juan Carlos Acuña Troche fue hallado ahorcado en su celda del mismo penal, la unidad carcelaria número 29 de Melchor Romero, pero luego se constató que la víctima había sido asesinada a golpes y colgada para simular un suicidio. Este hecho, sumado a que las celdas son individuales, motivó que el Ministerio de Seguridad y Justicia bonaerense ordenara la intervención del penal ante la presunción de la participación de guardiacárceles en el hecho.
Acuña Troche estaba detenido en ese penal por los delitos de robo calificado, atentado y resistencia a la autoridad y tenencia de arma de guerra, y semanas antes había presentado un hábeas corpus pidiendo ser trasladado a otro penal, lo que le había sido rechazado.
Esta no es la primera investigación que se inicia ante sospechosas muertes de presos alojados en penales
bonaerenses, donde se presume ha-brían participado guardiacárceles.
El 10 de julio último, el camarista Fernando Maroto denunció que dos presos de las unidades penales 24 y 9, que habían denunciado torturas y presentado hábeas corpus por temor a que los mataran, fueron asesinados por orden de autoridades penitenciarias. Los presos asesinados fueron Darío Minetto, detenido en la unidad 24 de Florencio Varela, y Daniel Chacobar Guaimar, alojado en el penal número 9 de La Plata.
Según consta en el escrito que el camarista envió en esa oportunidad al secretario provincial de Derechos Humanos, Jorge Taiana, “tanto Minetto como Chocobar Guaimar en su momento, habían presentado acciones de hábeas corpus y denuncias por aplicación de torturas y malos tratos por parte de personal penitenciario”.
Los presos, explicaron fuentes judiciales, habían denunciado “la existencia concreta de actos preparatorios efectuados por funcionarios penitenciarios, a fin de que determinados internos, a quienes se les otorgarían beneficios a cambio, los mataran en actos de aparentes enfrentamientos”. A golpes de puño Juan Carlos Acuña Troche estaba alojado en una celda de aislamiento de la U 29. Había pedido que lo trasladaran a otro penal, pero la respuesta fue negativa. El 30 de agosto apareció ahorcado con su propio mameluco. Las pericias demostraron que había sido salvajemente golpeado y luego colgado para simular un suicidio.

18 de septiembre - DENUNCIA DE MALOS TRATOS Protesta en la cárcel de Villa Devoto Los presos de dos pabellones de la cárcel de Villa Devoto fueron protagonistas ayer de una pelea que derivó en una protesta en todo el penal. Según fuentes policiales y del Ministerio de Justicia no hubo toma de rehenes.
"Fue una pelea entre presos, no hay motín y la situación siempre estuvo controlada", dijo anoche a la agencia Télam un vocero de ese ministerio.
En la protesta, algunos presos quemaron ropas y papeles y, desde ventanas que dan a la calle, denunciaron malos tratos.
Policías de la comisaría 45 habían cercado el perímetro externo del penal como apoyo a los agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Según fuentes policiales el refuerzo de la seguridad externa buscaba evitar que se use la protesta como maniobra distractiva y lograr una fuga.
Los incidentes se registraron en el mismo penal que la Justicia investiga ante la muerte de dos presos en los últimos días. Se trata de Jorge Contreras, de 46 años (apareció ahorcado el 30 de agosto) y de Luis Enrique Godoy, de 38, quien fue encontrado apuñalado el 8 de setiembre.

17 de septiembre - Un grupo de internos del penal porteño de Villa Devoto se amotinó esta noche durante cuatro horas después de una pelea entre los mismos presos. La refriega culminó con un intento de requisa por parte de agentes del Servicio Penitenciario Federal y desembocó en represión con balas de goma, según confirmó el jefe de la SPF, Juan Cid. La protesta comenzó esta tarde, cerca de las 18, cuando terminaba el horario de visitas, y fue creciendo a medida que pasaban las horas. Los presos estuvieron gran parte de la tarde asomados a las ventanas, y prendieron fuego sábanas. También denunciaron a los gritos y con pancartas maltratos por parte del personal de la penitenciaría. Voceros de la comisaría 45 de la Policía Federal aseguraron que no hubo heridos en el enfrentamiento. La protesta se inició en el pabellón séptimo de la planta 2 de la Unidad Carcelaria número 2. Y los presos situados en el pabellón seis se acoplaron a la protesta. Varios familiares de los presos se acercaron hasta el lugar para interiorizarse sobre su situación. Efectivos de la comisaría 45 de la Policía Federal se habían ubicado en las inmediaciones de la unidad penitenciaria, situada en la intersección de las calles Bermúdez y Nogoyá, para prevenir cualquier intento de fuga.

6 de septiembre - APARECIO AHORCADO Allanaron Devoto por la muerte de un detenido El caso, ya en manos de un juez, apunta a una supuesta red de venta de drogas en la cárcel. Hay testimonios que comprometen a guardiacárceles. (Clarin) Jorge Contreras tenía 46 años, era chileno y estaba preso en la cárcel de Devoto. El viernes pasado lo encontraron ahorcado en el hospital del penal. Cuatro días después un juez allanó la prisión y ahora la investigación de la muerte apunta a una supuesta red de venta de drogas dentro de la cárcel, con guardiacárceles como líderes de la organización.
La causa dio un giro con la declaración de dos presos (uno peruano y otro chileno) compañeros de Contreras. Ambos declararon esta semana ante el juez Juan Mahdjoubián y el fiscal Rodolfo Cudicio y contaron que a su amigo lo habían matado porque quiso dejar de vender droga en el pabellón que compartían: el celular 5 de la planta 5, uno de los más conflictivos. A partir de su denuncia fueron trasladados a dependencias de la Prefectura Nacional.
Según altas fuentes de la investigación consultadas por Clarín, los presos describieron un complejo sistema comandado por al menos dos penitenciarios: la droga era entrada por un cocinero del penal, repartida a los punteros de los pabellones (todos ellos internos) en los carritos de comida y escondida en los tirantes del techo para su venta. Todo esto bajo la supervisión de un guardiacárcel apodado "Hitler".
El sistema de comercialización tenía una moneda única: las tarjetas que los presos usan en los teléfonos públicos de la cárcel y que valen 5 pesos. "Con una tarjeta se compraban tres cigarrillos de marihuana o dos ravioles de pasta base de cocaína", dijo a Clarín una fuente del caso.
Contreras era el puntero de marihuana en el celular 5 y el peruano que declaró ante el juez Mahdjoubián admitió ser encargado de la venta de cocaína. "Por semana teníamos que entregarle a "Hitler" entre 36 y 40 tarjetas. El las cambiaba a 4 pesos cada una en un quiosco", detalló el testigo.
Durante el allanamiento del martes —en el que participaron policías de Drogas Peligrosas y el secretario del juzgado, Daniel Mauro— la Justicia habría secuestrado "elementos" que corroborarían lo denunciado.
Jorge Contreras había llegado a Devoto el 4 de abril involucrado en una causa por robo. El jueves de la semana pasada —según el Servicio Penitenciario Federal— trató de salir del celular 5 y por eso fue enviado a una celda de castigo. Allí estuvo hasta la medianoche pero fue trasladado al hospital del penal porque con una faca (que no se sabe cómo llegó al lugar) se cortó las muñecas. Apareció colgado a las 6 de la mañana del viernes.
El lunes siguiente se recibió un llamado en la línea gratuita que tiene la Procuración Penitenciaria. Un detenido de Devoto quería declarar sobre la muerte de Contreras porque, dijo, ésta se relacionaba con guardiacárceles corruptos y la droga.
Desde la Procuración le avisaron al fiscal Cudicio y al juez Mahdjoubián, que citó al detenido, de origen peruano. Entonces éste contó su versión sobre el manejo de la droga en Devoto y también aportó datos sobre la muerte de Contreras.
El peruano aseguró que el jueves había ayudado a Contreras a redactar un hábeas corpus con el cual pensaba llamar al atención de un juez, como primer paso para abrirse del negocio de venta de marihuana. Ese papel —dijo el testigo— cayó en manos de "Hitler" y horas después su compañero fue llevado a una celda de castigo.
El mismo martes de la declaración del peruano se concretó el allanamiento en Devoto y fue entonces cuando otro preso, de origen chileno, pidió hablar con el juez.
Ayer la Procuración Penitenciaria solicitó que el Servicio Penitenciario remita la historia clínica de Contreras, la constancia de la sanción que lo llevó a la celda de castigo y listados del personal. La autopsia realizada a Contreras no reveló que haya sido golpeado. Pero la hipótesis del suicidio tampoco cierra: el preso iba a recuperar su libertad en dos meses.

---