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CARCELES
29
de noviembre - Polémico pedido de libertad para menores detenidos
en comisarías Una
funcionaria judicial de nuestra ciudad propuso, a través de recursos
de hábeas corpus, que los menores detenidos en comisarías
-por no haber cupo en los establecimientos del Estado bonaerense destinados
a su contención- queden en libertad.
"El planteo en cuestión, realizado por una Asesora de Menores,
ha puesto a los jueces de ese fuero entre la espada y la pared, ya que
deberán resolver entre dos opciones que, cualquiera sea la elección,
serán criticadas", explicaron ayer voceros de tribunales.
También señalaron que "si disponen las libertades,
esa medida será severamente criticada desde el punto de vista
de la seguridad porque quedarían libres menores que cuentan con
antecedentes por robos a mano armada, por ejemplo. Y si optan por mantenerlos
en las comisarías, ante la falta de respuesta del Estado bonaerense
para contenerlos en institutos adecuados, estarían amparando
violaciones a garantías constitucionales".
En una serie de hábeas corpus interpuestos ante jueces de Menores,
la asesora de Menores de La Plata Margarita Gutiérrez, pidió
que se resuelva el "inmediato traslado a institutos de Menores,
habida cuenta que por la sola disposición de la subsecretaría
de la Minoridad se encuentran ilegalmente agravadas las privaciones
de libertad de los encartados".
La asesora Gutiérrez, por la secretaría del doctor Carlos
Baranthol, le pidió a los jueces que en su defecto -si no hay
cupo en establecimientos de contención adecuados a cada problemática-
se ordenen medidas alternativas a la prisión, como el arresto
domiciliario, libertades asistidas, vigiladas o irrestrictas.
En una de las presentaciones, se explicó el caso de un menor
que fue detenido el 7 de este mes y que desde ese día está
preso en la comisaría octava de La Plata.
En ese caso, el Tribunal de Menores 5 "ordenó reiteradamente,
y bajo apercibimiento, la internación provisoria en el Registro
y Ubicación de Menores para su evaluación y posterior
derivación a un instituto de máxima seguridad", se
indicó en el hábeas corpus.
También se sostuvo que el equipo técnico de Minoridad
evaluó al menor y dictaminó que debía ser enviado
a una comunidad terapéutica de régimen abierto, pero que
está en el orden 57 de la lista de espera, sin mencionar siquiera
tentativamente el tiempo que demandará cumplir lo dispuesto por
el juez.
El menor "permanece todo el día en una celda de reducidas
dimensiones en condición de encierro, sin luz solar y hacinado.
En el lugar come, hace sus necesidades fisiológicas. Está
en condiciones pésimas y sin desarrollar actividades físicas,
laborales; sin la adecuada terapia para lograr su reinserción
familiar y social".
Gutiérrez sostuvo que "la subsecretaría del Menor
desoye sistemáticamente las disposiciones judiciales y rechaza
las internaciones, devolviendo a los menores a las comisarías,
arguyendo falta de vacantes por cuestiones de emergencia. COLAPSO
DEL SISTEMA "Invariablemente el órgano administrativo ha manifestado
ante los puntuales reclamos de los otros integrantes del patronato,
que su capacidad de alojamiento se encuentra excedida, que ha colapsado
el sistema", precisó la asesora. También destacó que "el propio paso
del tiempo dejó huérfano de fundamento a las argumentaciones esgrimidas,
la alegada emergencia se ha constituido en permanente realidad". "Es
un hecho incontestable -agregó- que la subsecretaría de la Minoridad
no cumple con el rol que le ha asignado la ley del Patronato, que por
ello los jueces no pueden hacer cumplir sus resoluciones y que los jóvenes
reciben el "tutelaje y tratamiento" que hipotéticamente les reserva
la ley del fuero confinados en sus celdas". Gutiérrez detalló que "mediante
el mecanismo descripto Minoridad se ha constituido en el integrante
del Patronato de Menores que ilegítima, ilegal y arbitrariamente sustituye
al juez, habida cuenta de que el organismo administrativo es quien en
definitiva decide sobre la situación de los menores". "La situación
planteada reclama una urgente solución, ya que la permanencia de menores
en comisarías conculca expresas garantías que la Constitución brinda
por igual a todos los ciudadanos privados de su libertad, sin distinción
de edades. Y que los jueces deben hacer respetar velando por su estricto
cumplimiento", se indicó en el hábeas corpus.
En
La Plata: Temen malestar en cárceles por teléfonos fuera de servicio
LA PLATA, 29 NOV (AIBA). El fiscal de Ejecución Penal de La Plata,
Marcelo Romero, denunció hoy que los casi dos mil detenidos en las unidades
penitenciarias 9 y de mujeres de esta capital provincial, no pueden
utilizar desde hace días los teléfonos públicos instalados en los pabellones
porque se encuentran fuera de servicio. "Al no funcionar esos teléfonos
se potencia el malestar entre los internos, ya que la posibilidad de
acceder a ese servicio ha sido un elemento de contención de la vida
carcelaria", sostuvo el fiscal. Romero remarcó que "la telefonía pública
ubicada en los pabellones de reclusos constituyen un facto de distensión
muy importante para la población penitenciaria, ya que el interno, con
un sistema de tarjetas prepaga puede comunicarse diariamente con su
familia, abogados, allegados, etcétera". "La empresa Telefónica de Argentina
no ha brindado soluciones a los múltiples reclamos que le efectuaron
las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense", destacó el funcionario
del ministerio público provincial, quien pidió a la jueza de Ejecución
Penal Claudia Matilde Marengo su "urgente intervención para que ordene
a la empresa el restablecimiento de las líneas defectuosas". (AIBA)
28 de noviembre - Neutralizaron un motín de detenidos
en una comisaría de La Plata - Según le dijo el comisario Marcial Merino,
a cargo de la comisaría séptima de La Plata, a INFOBAE, los presos habrían
realizado esta medida "con la intención de fuga" a través de un túnel
(Infobae) El hecho ya ha sido erradicado, pero más temprano un grupo
de detenidos de la comisaría de localidad de Abasto, en el partido de
La Plata, se amotinaron y quemaron colchones, lo que provocó que algunos
internos sufran asfixia, según informaron voceros policiales.
Los detenidos fueron asistidos y ya se encuentran recuperados.
La revuelta se produjo a menos de 24 horas de una huelga de hambre que
iniciaron los mismos detenidos de esa seccional en queja por las condiciones
de detención.
De acuerdo al comisario Marcial Merino a cargo de la comisaría 7ma de
la localidad del Abasto en La Plata, “el motín fue una pantalla para
fugarse” por medio de un túnel que estaban cavando para escaparse.
Asfixia
Un bombero y un detenido sufrieron principio de asfixia durante
el violento motín registrado esta tarde.
En tanto, los dos heridos, cuyas identidades no trascendieron, fueron
asistidos en el lugar por personal médico de la fuerza sin que el estado
requiriera su hospitalización, explicaron los informantes.
26
de noviembre - Veinte presos iniciaron
una huelga de hambre en una comisaría de La Plata
Unos 20 detenidos en la comisaría de la localidad
de Abasto, partido de La Plata, iniciaron hoy una huelga de hambre para
reclamar por el aceleramiento de la tramitación de sus causas y por
el mejoramiento de las condiciones de detención, informaron fuentes
policiales. Los presos, que se niegan a ingerir los alimentos que le
suministra la policía y los que les traen sus familiares, se quejaron
del hacinamiento que padecen ya que los calabozos de la seccional tienen
capacidad para seis personas y en la actualidad hay 21 detenidos, dijeron
las fuentes consultadas.
26
de noviembre - Se fugaron nueve presos de la cárcel de General Roca
Nueve presos fugaron de la cárcel de General
Roca en dos hechos ocurridos en la madrugada del domingo y la tarde
de ayer, y hasta esta mañana ninguno fue recapturado a pesar de que
los buscan en el Alto Valle, informaron fuentes del caso. Cinco de los
fugados cumplían condenas, y los otros están procesados.
22
de noviembre - Un fiscal pidió la urgente vacunación de presos El
fiscal de Ejecución Penal de La Plata, Marcelo Romero, pidió ayer al
ministerio de Seguridad bonaerense que implemente un plan de vacunación
y profilaxis, frente a los brotes de tuberculosis y hepatitis B detectados
entre los detenidos alojados en comisarías de nuestra ciudad.
Romero confirmó que requirió a la cartera de Seguridad que "ponga en
marcha un plan urgente de vacunación y profilaxis para enfermedades
infecto contagiosas para detenidos y policías, por los numerosos casos
de hepatitis y tuberculosis detectados y que se provisione de elementos
de bioseguridad".
"La medida sanitaria que se solicita deberá alcanzar tanto a la población
de detenidos, procesados y contraventores y, en su caso, menores de
edad, como al personal policial afectado a la custodia de los mismos",
precisó el fiscal.
Romero dijo que "es urgente la provisión de elementos de bioseguridad
para el personal policial de custodia, tales como guantes de goma y
barbijos".
Fundamentó el pedido en "el consabido problema de la superpoblación
de detenidos y la existencia de numerosos casos de internos portadores
del virus HIV-Sida y la aparición de varios brotes de tuberculosis y
hepatitis B".
21 de noviembre - Clausuraron calabozos
para menores por una grave denuncia de torturas Los
calabozos destinados al alojamiento de menores de la comisaría de La
Horqueta, en el partido de San Isidro, fueron inhabilitados por la Justicia
a raíz de denuncia por torturas en perjuicio de uno de los detenidos,
informaron fuentes judiciales.
La medida fue dispuesta por la jueza de Menores de San Isidro Mirta
Ravena Godoy, tras un pedido del asesor de Menores de ese departamento
judicial, Carlos Bigalli.
Voceros del caso dijeron que en los calabozos de esa dependencia, situada
en Real Morón y Panamericana, en el norte del conurbano, se encuentran
encerrados alrededor de diez presos.
De acuerdo a las fuentes, los menores allí alojados fueron trasladados
a otras dependencias de la zona donde se permite la detención de menores
de edad.
Este no es el primer caso de inhabilitación de calabozos en las comisarías
de la zona norte, ya que hace un mes el Destacamento Policial de La
Lonja, en el partido bonaerense de Pilar, fue clausurado por la Justicia
para alojar menores, justamente por otro caso de presuntas torturas.
La decisión en aquella oportunidad fue tomada por la jueza de Menores
de San Isidro María Cristina Piva de Argüelles, quien habilitó otros
calabozos en comisarías de la zona para albergar a los allí apresados.
El caso del destacamento policial de La Lonja tenía otro antecedente
el 9 de abril de este año, cuando el juez de Menores Néstor Cámere había
ordenado la clausura de esas celdas para alojar menores tras otra denuncia
por torturas realizada por Bigalli.
En esa oportunidad, el magistrado dispuso también la clausura de los
calabozos de otra comisaría de San Isidro y ordenó el traslado de todos
los menores allí alojados a Benavídez.
Jueves
21 de noviembre de 2002 - EDITORIAL Graves anomalías en el Servicio
Penitenciario (Clarin) Las instituciones que componen el sistema de seguridad están
afectadas por deficiencias severas, por lo cual no sólo no cumplen su
función de resguardar la seguridad sino que, en no pocas ocasiones sus
integrantes incurren en delitos.
En los cuerpos policiales son numerosos los casos de abusos y actos
de corrupción; la Justicia es básicamente lenta e ineficaz a la hora
de esclarecer delitos, y débil en el ejercicio del control sobre las
irregularidades que implican a miembros del aparato de seguridad; el
Servicio Penitenciario ha sido, finalmente, escenario de irregularidades
y delitos que culminaron con un cambio de dirección en el cuerpo.
La sobrepoblación y el hacinamiento son padecidos desde hace un largo
tiempo, aunque en los últimos años la situación se ha agravado, en especial
en jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires. Con muchos más
presos que los que pueden alojar, y con una infraestructura sobrepasada,
los internos deben soportar una situación que no se compadece con el
mandato constitucional que concibe a las cárceles como sanas y limpias.
Además, las cárceles se ven afectadas por dos deficiencias más. Una
de ellas está dada por las prácticas ilegales de numerosos guardianes
penitenciarios, los cuales han sido denunciados por comercializar estupefacientes
en los pabellones, por torturar y cometer abusos. Presos que salían
de la cárcel para ir a robar, y otros crímenes cometidos dentro de los
penales que son investigados por la Justicia, han provocado el alejamiento
del jefe del Servicio Penitenciario Federal.
La reciente detención de un agente penitenciario que habría tenido participación
en el robo de dinero y armas que afectó, en setiembre, a la sede de
la División Inteligencia del Servicio Penitenciario, daría cuenta de
otro caso de ilegalismo que implica a miembros de esa fuerza de seguridad.
Por fin, otra deficiencia penitenciaria se registra en la materia de
educación y resocialización. Esta falta, la mayor de todas por sus implicancias
existenciales y sociales, da cuenta de la carencia de estrategias educativas
capaces de romper con la socialización delictiva y la reincidencia criminal.
Esta omisión lleva a que las cárceles, en contra del objetivo constitucional,
queden reducidas a la mera aplicación de castigos.
Este cuadro plantea la necesidad de que el cambio de dirección del Servicio
dé lugar a una modificación de las prácticas
de sus efectivos.
Jueves
21 de noviembre de 2002 - SAN ISIDRO Clausuran calabozos por una denuncia
de torturas Se concretó por orden de una jueza y a pedido de un asesor
de menores. La medida obligó al traslado de diez menores detenidos.
Una denuncia por "torturas" contra un menor de edad detenido
en la comisaría de La Horqueta — partido de San Isidro—
provocó ayer que los calabozos de esa seccional fueran clausurados
por la Justicia.
La orden partió de la jueza de Menores Mirta Ravena Godoy a raíz de
un pedido del asesor de Menores de San Isidro Carlos Bigalli, quien
en otras oportunidades denunció el maltrato a chicos en las comisarías
de la zona norte del conurbano.
La medida tomada ayer —que obligó al traslado de diez detenidos—
no es nueva en la zona. Este año la jueza María Cristina Piva de Argüelles
clausuró las celdas del Destacamento Policial de La Lonja (partido de
Pilar), también luego de una denuncia por torturas. Y el juez de Menores
Néstor Cámere hizo lo mismo con los calabozos de otra comisaría del
partido de San Isidro.
Tampoco es una novedad los casos de torturas a adolescentes en las seccionales
bonaerenses, pero —pese a las los reclamos de funcionarios judiciales
y organismos de Derechos Humanos— las denuncias no se detienen.
La gravedad de la situación es tal que, en su último informe sobre la
Argentina, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas apuntó
sobre el tema.
"El comité expresa su profunda preocupación por la violencia
institucional y las torturas y maltratos a chicos en comisarías, que,
en algunos casos, han terminado en muertes. También está extremadamente
preocupado por los casos de brutalidad policial, específicamente en
el fenómeno de "gatillo fácil" en la provincia de Buenos Aires", dice
el documento difundido por Naciones Unidas el 4 de octubre pasado.
Los miembros del Comité se basaron en una serie de antecedentes registrados
desde fines de 2000. En agosto de ese año el defensor Carlos Bigalli
denunció 159 casos de torturas y apremios ilegales a menores reportados
en apenas seis meses en un total de 33 comisarías.
Su informe fue respaldado por la Corte Suprema Bonaerense que en una
acordada le exigió al entonces Ministro de Seguridad de la provincia
de Buenos Aires, el comisario Ramón Oreste Verón, que "evite la reiteración"
de casos de torturas contra menores.
El escándalo generó que en setiembre de 2000 se creara un registro de
denuncias a cargo de la Subsecretaría de Patronato de Menores de la
Corte que, a mayo de 2001 ya había contabilizado 738 denuncias: 69 de
los casos de torturas habían sido denunciados por chicos internados
en institutos de menores; el resto, 669, apuntaban a comisarías.
Pero la situación no se modificó y en octubre de 2001 la Corte Bonaerense
sacó una segunda acordada donde subrayaba que las denuncias de torturas
a menores de 18 años ya llegaban a mil.
También hizo hincapié en 60 casos de chicos muertos por la Policía en
enfrentamientos. Y subrayó algunos especialmente graves: la de los adolescentes
que luego de hablar sobre torturas en comisarías terminaron asesinados,
poco después, en dudosos enfrentamientos con la Policía.
12
de noviembre - Investigan seguidilla de fugas de
menores (El Dia,
La Plata) Varios celadores de
institutos de menores de nuestra ciudad sospechados de, presumiblemente,
instigar a los chicos que son derivados a esos establecimientos para
que se fuguen son investigados por la justicia marplatense a raíz de
un seguimiento realizado por una especialista.
La investigación que lleva adelante la Fiscalía General de Mar del Plata
comenzó con la advertencia de la asesora de Menores e Incapaces, Mónica
Cotroneo, quien recibió testimonios de chicos que fueron supuestamente
"instigados o que se les facilitó la fuga de las instituciones a las
pocas horas de su ingreso".
De acuerdo a declaraciones de policías que habían trasladado a menores
detenidos para que queden alojados en institutos platenses, los adolescentes
delincuentes regresaron a Mar de Plata antes que ellos e incluso les
hicieron burlas cuando el vehículo que los llevaba sobrepasó al patrullero
en la ruta.
Cotroneo presentó la demanda ante el fiscal general marplatense Fabián
Fernández Garello, quien remitió la causa a Delitos Económicos por presunto
"incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos" contra miembros
de los Institutos de Menores de nuestra ciudad.
Los hechos denunciados sucedieron entre el 9 y 17 de octubre pasado.
Y fueron protagonizados por jóvenes que, tras haber sido detenidos por
la policía marplatense y dada su peligrosidad, la Justicia dispuso su
traslado e internación en centros de rehabilitación de La Plata.
En uno de los casos un joven aseguró a la asesora que cuando llegó a
uno de los institutos platenses una persona mayor le preguntó "si se
quería quedar o ir", a lo que el menor le manifestó que no tenía intenciones
de permanecer en el lugar. Consultado sobre cuál era el instituto, el
chico sólo se limitó a decir que no recordaba su nombre pero que "está
a dos cuadras de la sede del Registro de Ubicación y Movimiento de Menores",
dependiente del Consejo del Menor de la Provincia.
Según el testimonio, el celador le indicó al interno por donde salir
y le precisó que "lo hiciera ya que tenía la puerta abierta y le mostró
el camino". También dijo que "le enseñó cómo se abría la puerta ya que
tenía un clavo en la parte de arriba que la destrababa y le mostró cómo
debía correr el clavo", de acuerdo al informe presentado por la Fiscalía.
En otro testimonio un menor denunció que "lo condujeron a Abasto para
internarlo en el Instituto Pellegrini" pero al bajarse del patrullero
en el que lo trasladaron "un maestro le dijo 'andate, pibe, que hay
un alambre tirado' y se fue".
Un tercer relato es el de un joven que llegó al Instituto Legarra "en
horas de la tarde, pasó la noche allí, le dieron de comer, un colchón
y una frazada; los celadores lo trataron bien pero tuvo 'un problema'
con otros chicos que lo amenazaron y decidió irse".
Al día siguiente "a las ocho de la mañana salió del Legarra abriendo
la puerta que estaba semiabierta ya que en el lugar no había ningún
celador que lo vigilara y salió caminando tranquilamente hasta que lo
levantó una camioneta", puntualizó el informe.
En la Investigación Penal Preparatoria que se instruye en la Fiscalía
de Delitos Económicos ratificó esta situación el oficial de la policía
bonaerense Alberto Andrade, encargado en la Departamental Mar del Plata
de coordinar los traslados de menores a nuestra ciudad.
Aunque el policía aseguró desconocer las denuncias anteriores, relató
detalladamente el traslado de dos jóvenes de alta peligrosidad al Instituto
de Abasto. Andrade escuchó que un directivo les dijo a los menores:
"Si se quieren quedar pasen, caso contrario esperen a que se retire
la comisión policial ya que a los custodios lo único que le interesa
es el comprobante de entrega". También dijo que el funcionario argumentó
que en ese momento "los menores se encontraban descansando y tranquilos
y no quería que los nuevos detenidos alteren el orden" y por lo tanto
le sugirió que se vayan.
La comisión policial compuesta por Andrade y otro efectivo recibió el
comprobante de recibo por parte de las autoridades del centro de rehabilitación
y emprendió el regreso a Mar del Plata, previa demora de una hora en
una estación de servicio.
Más tarde, cuando circulaban por la Autovía 2 fueron superados por una
camioneta Ford F-100 de color bordó que circulaba a alta velocidad y
en la cual en la parte trasera se encontraban los menores que habían
trasladado antes, quienes "saludaban y hacían burlas" a los policías.
Esta modalidad de regreso fue ratificada por otros menores que relataron
como luego de escapar de los institutos caminaron hasta el cruce Etcheverry
y "a dedo" regresaron a Mar del Plata.
12
de noviembre - Un preso murió apuñalado en una cárcel de Mendoza
Un hombre que estaba detenido en una cárcel mendocina fue encontrado
hoy asesinado a puñaladas en el pabellón en el que se encontraba alojado
junto a otros 50 reclusos, informaron fuentes penitenciarias. La víctima
fue identificada como Héctor José Asis Gómez, de 28 años.
Fugaron
nueve presos
/ La Nacion, Viernes 8 de Noviembre de 2002 LA PLATA.–
Nueve delincuentes se escaparon ayer de una comisaría situada en Berisso.
La fuga ocurrió a las 5, y los detenidos se escaparon a través de un
túnel que cavaron durante la última semana. Horas después, dos de los
evadidos fueron recapturados..La fuga
ocurrió en la comisaría 3a., situada en las calles 95 y 126. Allí, los
delincuentes realizaron un boquete y un túnel por donde pudieron ganar
la calle.Fuentes
policiales agregaron que los detenidos se habrían escapado al aprovechar
una distracción del oficial de guardia.
.El túnel
estaba situado en el baño del sector de los calabozos, tapado con una
tarima de madera. Durante la mañana, los delincuentes aprovecharon un
descuido de los agentes de guardia y huyeron”, dijeron esos informantes.
.Pocas horas
después se realizó un operativo en el que se logró detener a dos de los
nueve peligrosos evadidos.
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El
subcomisario Sciommarella muestra la salida del túnel Foto:
Santiago Hafford
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2
de Noviembre de 2002 - Fue relevado el jefe del Servicio Penitenciario
Por una sucesión de irregularidades El
jefe del Servicio Penitenciario Federal (SPF), inspector general Juan
Alberto Cid, dimitió ayer en forma forzada, jaqueado por una
serie de irregularidades que sembraron sospechas sobre eventuales actividades
ilegales presuntamente llevadas adelante por guardiacárceles
de distinto rango.
.Fuentes del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos confiaron
ayer que a las 17.30 de ayer el jefe de esa cartera, Juan José
Alvarez, le aceptó a Cid la renuncia, que, en definitiva, él
mismo le había solicitado días atrás, tras considerar
que los últimos hechos que arrojaron sospechas sobre actividades
espurias en el SPF exigían dar por finalizado el ciclo del actual
conductor de la fuerza.
.Las fuentes dijeron que esta tarde Alvarez decidirá quién
quedará al frente del SPF. Todo indica, confiaron, que el jefe
de los guardiacárceles será el actual subdirector del
servicio, inspector general Pedro Acevedo.
.No obstante, los informantes aseguraron que Alvarez tiene decidido
hacer una profunda reestructuración en el SPF. "La acumulación
de casos y de causas contra efectivos del Servicio llevaron al ministro
a decidir que hará en breve una importante purga en el interior
de la fuerza, por lo que la de Cid no será la única salida
en los cuadros superiores", dijeron.
.Serie de sospechas
.El proceso tras el cual, hace un mes, fue condenado el agente penitenciario
Cristian Franco por el asesinato del policía federal Rubén
Juárez, en un asalto al restaurante Dolli, el 18 de julio de
1998, puso al descubierto que no pocos reclusos salían de la
cárcel a robar, con la anuencia de efectivos del SPF.
.A partir de ese caso, la sospechosa muerte de reclusos, sonadas amenazas
a jueces y misteriosos robos se convirtieron en el síntoma de
los problemas en el interior del servicio.
.Este fin de semana, una investigación policial terminó
con detenciones y allanamientos en Villa Pineral, cerca de Ciudadela
norte -una de las zonas rojas del delito en el conurbano-, en los que
fueron halladas 40 armas robadas al SPF, entre ellas, pistolas nueve
milímetros, fusiles FAL, ametralladoras pesadas FAP y un lanzagranadas.
.Fue detenido por el caso un agente de apellido López, que revistaba
en la división Inteligencia del SPF, como presunto "entregador"
del robo en el que no sólo desaparecieron armas, sino también
videos con investigacion
13
de Noviembre de 2002 Investigan fugas en los institutos de menores Creen
que habrían sido favorecidas MAR DEL PLATA.- La Fiscalía
General de esta ciudad puso en marcha una investigación para
determinar si empleados de los institutos de menores con procesos penales
en curso "instigan o favorecen la fuga de los jóvenes ni
bien ingresan en tales instituciones", tal como confió una
calificada fuente judicial.
.Las sospechas apuntan a La Plata pues según los testimonios
colectados hasta el presente tales hechos ilícitos se habrían
cometido en dependencias de esa ciudad. Las actuaciones comenzaron hace
poco menos de un mes tras la denuncia que presentó en la fiscalía
la doctora Mónica Cotroneo, asesora de Menores e Incapaces, en
la que constan los testimonios de varios menores que aseguraron que
"en los establecimientos platenses se facilitaba o directamente
se instigaba a escapar".
."Andate pibe, andate que hay un alambrado tirado", fue el
consejo que habría recibido uno de los jóvenes apenas
fue alojado en el Instituto Pellegrini. A estos dichos se sumaron los
de varios policías que usualmente se ocupan de trasladar a los
muchachos hasta la capital provincial.
.Alberto García, titular de la Dirección Provincial Tutelar,
dijo que el organismo abrió una investigación para determinar
la veracidad de las acusaciones de Mar del Plata.
En
el penal de Olmos:
Presos que aprenden a crear microempresas - Fabrican
juguetes, ojotas, sillas y otros productos; son 51
12 de noviembre - EN VARIOS ALLANAMIENTOS RECUPERARON
ARMAS ROBADAS Cae un penitenciario que habría entregado un robo En el
asalto, realizado en setiembre en un edificio del SPF, se robaron armas
y 100.000 pesos. Siempre se sospechó que hubo un entregador. Un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fue detenido
por la Policía, acusado de haber actuado como "entregador" en el robo
de armas a una sede de esa fuerza, ocurrido en setiembre de este año.
Junto a él, fueron detenidas entre dos y cinco personas, según las distintas
fuentes consultadas.
El detenido sería un guardiacárcel de 40 años. Ayer, el jefe de prensa
del Servicio Penitenciario, José Esquivel, no respondió los reiterados
llamados de Clarín.
Fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación dijeron
que junto al guardiacárcel fueron detenidos otros dos hombres, durante
una serie de allanamientos realizados el fin de semana en Villa Pineral
y Caseros, al oeste del conurbano bonaerense.
Una fuente de la Policía Federal confirmó la detención del penitenciario,
y dijo que como resultado de los procedimientos fueron detenidos otros
tres hombres. Pero para la Policía bonaerense, además del guardiacárcel,
fueron detenidas otras cinco personas, entre las cuales habría dos mujeres.
Las fuentes coincidieron en que los allanamientos se realizaron entre
el sábado y el domingo en las casas ubicadas en Trenque Lauquen 5177
y Villegas 5142, en Villa Pineral. El último, se produjo en una armería
cercana a la villa Carlos Gardel.
En total, según informaron las distintas fuentes, se secuestraron seis
escopetas Winchester calibre 12.70, dos pistolas, dos revólveres, y
más de mil municiones de calibres 9 milímetros, 3.80, 11.25 y 12.70.
Durante uno de los allanamientos una mujer intentó resistir el arresto
a los tiros. Fuentes de la Policía bonaerense dijeron que se trataría
de una prima del guardiacárcel.
Según explicaron, a la mujer le secuestraron un revólver calibre 22
largo y fue detenida. Pero fuentes de la Policía Federal, dijeron que
no quedó detenida, aunque sí habría tratado de resistirse al arresto.
Y voceros del Ministerio de Justicia y Seguridad, negaron que haya mujeres
detenidas.
Los allanamientos se realizaron por orden del juzgado federal en lo
Criminal y Correccional N° 12, a cargo del doctor Sergio Torres, quien
investiga desde un comienzo la causa del robo de armas al SPF.
Intervinieron en los operativos personal del Departamento de Control
e Integridad Profesional de la Superintendencia de Asuntos Internos
de la Policía Federal, agentes de las comisarías de la zona, efectivos
del Grupo Halcón y del SPF.
El robo ocurrió el 8 de setiembre a las 2.30 de la madrugada en la sede
de la División Inteligencia del SPF que funciona en el edificio de Varela
266, entre Alberdi y Bonifacio, en el Bajo Flores. Ocho hombres armados
y encapuchados entraron por dos sectores distintos: unos ingresaron
por los techos, abriendo una claraboya. El resto usó la puerta principal,
que tiene un sistema de clave electrónica.
Al entrar, los ladrones maniataron a los dos custodios y coparon el
edificio. Estuvieron un buen rato adentro y algunos escaparon en un
Ford Falcon, propiedad del SPF, que estaba estacionado en la puerta.
Los ladrones se llevaron varias armas, gran cantidad de municiones,
chalecos antibalas y documentación interna, videos y chapas identificatorias.
La Justicia investiga si el objetivo no fue "blanquear" armas que ya
habían desaparecido y una suma de dinero —se habla de 100.000
pesos— que habría sido desviada del ente cooperador del Servicio.
Por este hecho, otros dos hombres habían sido detenidos en octubre en
Fuerte Apache. En esa oportunidad, la Policía Federal allanó varios
departamentos de los pisos 6, 7 y 8 de un edificio del complejo, ubicado
en el partido de Tres de Febrero. Allí se incautaron fusiles FAL, pistolas
calibre 9 milímetros, chalecos antibalas, granadas y uniformes policiales.
Estos hechos se suman a una serie de causas en las que se investiga
al SPF: presos que salen de la cárcel a robar con el consentimiento
de sus guardias y luego vuelven a dormir a sus celdas. Tráfico de drogas
en los penales y asesinatos de detenidos que denuncian irregularidades.
9
de noviembre - EN UNA COMISARIA DE ALMIRANTE BROWN Hallan ahorcado en
su celda a un acusado de violaciones Un hombre que estaba acusado de cometer al menos 23 violaciones
contra nenes, nenas y mujeres apareció muerto ayer en su celda, dentro
de la comisaría de Almirante Brown donde estaba detenido. Lo encontraron
ahorcado con unas sábanas y ahora se investiga cómo se produjo la muerte.
Julio Junco tenía 35 años y estaba sospechado de ser una suerte de "violador
serial" de la zona sur del conurbano. Aunque aún no había sido procesado,
al menos 19 de sus supuestas víctimas —la menor tiene 9 años—
ya lo habían identificado en rueda de reconocimiento. Según fuentes
del caso, estaba a punto de ser trasladado de la comisaría a un prisión
común.
Su cuerpo fue encontrado a las 8.30 de la mañana por un policía de la
comisaría 3ª de Almirante Brown, en la zona de San José. Tenía el cuello
atado a una sábana que estaba anudada a una reja ubicada sobre la puerta
de su calabozo, a dos metros de altura.
"Yo no tengo dudas de que se trató de un suicidio. Fue mi primera impresión
cuando lo vi, el fiscal opinó igual y el médico también", dijo anoche
el comisario a cargo de la seccional, Roque Daniel Wetzel. De todas
formas, al cierre de esta edición todavía no se conocía el resultado
definitivo de la autopsia.
Junco había sido detenido el 9 de octubre por policías de Burzaco. El
día anterior, una nena de 12 años lo había denunciado como el hombre
que la había violado. Según una versión, la Policía lo arrestó cuando
iba a una cita que había acordado mediante amenazas con la chica.
La causa quedó en manos del fiscal de Lomas de Zamora, Domingo Ferrari,
quien pronto empezó a encontrar similitudes entre la violación de esta
nena y alrededor de 40 episodios parecidos. A partir de los primeros
análisis, se le imputaron 23 hechos ocurridos en Rafael Calzada, Adrogué
y Claypole. Las víctimas —entre las que hay al menos un nene—
tienen entre 9 y 22 años.
Junco, un changarín que también trabajó como recolector de residuos,
estaba casado y tenía varios hijos con una joven de 20 años. Su primer
lugar de detención fue la comisaría de Burzaco, pero el 10 de octubre
lo trasladaron a la de San José por problemas de espacio: sólo allí
podían proveerle un calabozo para él solo, algo indispensable para evitar
que otros presos tomaran represalias contra él.
En San José dormía en una celda individual de 2 metros por 1, con puerta
de rejas —se cierra con dos candados— que da a un pasillo.
Enfrentada a la suya hay otras celdas donde viven 17 presos más. Dos
puertas, la última de las cuales tiene alarma, cierran el pabellón.
Según fuentes policiales, ayer a las 8.30 un policía quiso abrir la
celda de Junco —la reja estaba tapada por una frazada— y
no pudo. Corrió la manta y vio el cuerpo. "Se había colgado de una reja
que hay sobre la puerta, a dos metros del piso. Murió asfixiado", dijeron
los voceros.
La Policía asegura que ningún extraño entró durante la noche al pabellón,
que los presos no vieron nada y tampoco pudieron haberse metido en la
celda del supuesto violador. El fiscal de Lomas de Zamora Juan José
González investiga si fue así.
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MUERTE. JUNCO,
AL SER DETENIDO. AHORA INVESTIGAN SI SE SUICIDO. (Foto: Télam)
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9 de noviembre - Seis
presos heridos en un motín en la comisaría 8º Dos
de ellos están detenidos por el secuestro de Echarri. Se vivieron momentos
de gran tensión (El Dia, La Plata) Dos
de los nueve detenidos por el secuestro de Antonio Echarri y otros cuatro
presos resultaron heridos ayer, durante un motín protagonizado por unos
50 reclusos de la comisaría octava que fue dominado por un escuadrón
antitumulto de la Policía bonaerense.
Fuentes policiales informaron que los heridos son Juan Carlos Cajigal
y Germán "Gordo" Ferrand Luna, acusados de haber cobrado los 199 mil
pesos exigidos por los secuestradores para liberar sano y salvo al padre
del actor Pablo Echarri. Además, resultaron lesionados en la pelea entre
reclusos que originó el motín otros cuatro presos, cuyas identidades
no fueron dadas a conocer.
Los seis detenidos fueron trasladados al Hospital General de Agudos
General San Martín, mientras que el resto de los protagonistas del disturbio
fue revisado por médicos policiales y del Servicio Penitenciario bonaerense.
En el centro asistencial, los médicos comprobaron que los seis derivados
habían sufrido lesiones punzocortantes efectuadas con armas blancas
construidas por los presos, denominadas "facas". Por lo general, estos
elementos son "fabricados" con trozos de hierros que extraen de las
camas.
El fiscal Ejecución Penal platense, Marcelo Romero, informó que el motín
finalizó hacia las 18, es decir unas dos horas después de iniciado.
Durante la violenta toma, los presos incendiaron y destruyeron las instalaciones,
a tal punto que los voceros policiales informaron que los tres calabozos
-con capacidad para 18 personas, sin embargo había 50- quedaron "totalmente
inutilizables". También quedaron destruidos los baños.
El ingreso de personal del grupo antitumultos de la Policía bonaerense
-que fue coordinado personalmente por el Jefe de la Departamental La
Plata, Carlos Belén- al sector calabozos pasadas las 17, fue factor
determinante para que los amotinados depusieran su actitud. En tanto,
en los alrededores se vivieron momentos de gran tensión, debido a que
los familiares de los presos se encontraban en el lugar porque, minutos
antes de iniciarse la revuelta, había finalizado el horario de visitas.
El grupo policial utilizó balas de goma y gases para que los amotinados
terminen con la revuelta y entreguen a uno de los detenidos herido tomado
como rehén, según explicaron las fuentes.
Tras el motín unos 15 reclusos con prisiones preventivas dictadas y
con pedido de traslado a cárceles fueron derivados a unidades penitenciarias
de la provincia y los otros 20 a distintas comisarías.
Los presos argumentaron luego que el motín fue el resultado de su protesta
por las condiciones hacinamiento en el lugar de detención. Lo mismo
habían dicho poco antes los familiares de los detenidos.
A modo de ejemplo, cabe destacar que en todas las comisarías de la Región
hay 686 presos alojados en calabozos que tienen capacidad para un máximo
de 156.
Viernes
8 de Noviembre de 2002
/ Preocupación en colegios mendocinos: más de cien alumnos primarios
se autoflagelaron
Se tajearon para imitar a “Tumberos”
Se
trata de un juego que se puso de moda entre los chicos: hacerse cortes
y medirlos como competencia de valentía - Explican
que imitan las revueltas carcelarias de la serie televisiva - Hubo
alumnos golpeados por compañeros que formaron logias como las del
programa “Rebelde Way” MENDOZA.–
Dicen que lo hicieron para demostrar quién de ellos es el más valiente.
Tal como hacen los personajes de la serie televisiva “Tumberos”, presos
en una truculenta cárcel porteña. Y es que más de cien alumnos de
colegios estatales del sur de esta provincia se tajearon, rasparon
y golpearon manos y brazos en una extraña competencia por demostrar
quién ostentaba el mayor centimetraje de heridas..La
Dirección General de Escuelas constató ayer, con gran preocupación,
que los casos, que inicialmente parecieron episodios aislados, ya
superan el centenar.
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En
las escuelas de General Alvear, la autoagresión es una precupante
tendencia - Foto:
Los Andes
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El
viernes último, docentes de la escuela Alas Argentinas de la ciudad
de General Alvear, a 320 kilómetros al sur de Mendoza, encontraron
cortes en 35 chicos de edades y madurez diversas. Aparecieron en alumnos
que cursan desde el jardín de infantes hasta séptimo grado.
.Algunas
de las laceraciones estaban cicatrizadas, y otras, en carne viva. Los
docentes comenzaron a indagar entre los alumnos. La explicación fue
que se trataba de una imitación del programa de América TV que se ve
en Mendoza por Canal 7 y en General Alvear se emite por cable.
.Testimonio.
“El
juego de "Tumberos" lo hicieron muchos chicos que van a la escuela. Despacito
nos hicimos los cortes y raspones y después medíamos con una regla para
ver quién tenía más cortes más largos. Ese era el más valiente”, relató
al diario Los Andes Juan Carlos, de 10 años, que cursa quinto grado en
la escuela Alas Argentinas. .El
chico no dudó en mostrar los tajos en sus brazos y en narrar que él participó
de la competencia. Según dijo, los cortes fueron ocasionados con una trincheta
que habitualmente usa para sacar punta a los lápices.
.Poco
tiempo pasó hasta que aparecieron casos similares en las escuelas Constancio
Vigil y Capital Federal, también de General Alvear, y hasta ayer a la
tarde ya se habían constatado más de 100 alumnos con las mismas lesiones,
según confirmaron a LA NACION fuentes de la inspección escolar de la zona.
.Los
responsables de la inspección pidieron informes a todas las escuelas del
departamento, por lo que no se descarta que aparezcan nuevos casos. Los
chicos reconocieron ante sus maestros que las heridas eran producto de
un juego aprendido de la serie televisiva, pero a sus padres les mintieron
diciéndoles que se habían lastimado en forma accidental. Los chicos lo
llamaron “el juego de «Tumberos»”, con el que se desafiaban unos a otros
para ver el grado de resistencia ante el dolor y medir hasta dónde llegaba
el coraje de provocarse la herida de mayor tamaño.
.La
primera reacción de los directivos fue pedir a los padres que hicieran
atender a sus hijos en el hospital de General Alvear para prevenir infecciones,
porque en muchos casos las heridas eran importantes y se habían quitado
pedazos de piel hasta dejar la zona en carne viva.
.“Esto
no es algo que comenzó ahora, sino que es un hecho más de los que suceden
en nuestra comunidad motivados por la violencia”, dijo a LA NACION la
directora de la escuela Alas Argentinas, Alicia Paternesi de Gaite.
.Los
conflictos comenzaron dos semanas atrás, cuando en algunas escuelas se
dieron agresiones entre alumnos que habían formado “logias” como las que
aparecen en el programa que emite Canal 9 “Rebelde Way”.
La
directora aseguró que los cortes fueron provocados fuera del colegio y
comentó que en algunos casos hubo heridas que se hicieron entre hermanos
de corta edad. : verdana,arial,helvetica,tahoma">Si
bien los directivos aseguraron que una parte del problema, que es la evolución
de las heridas, está controlada, hay otros aspectos de alcance psicopedagógico
que aún están pendientes de resolución. .Ayer
los docentes se reunieron con los padres de los chicos lesionados para
luego elevar un informe a la Dirección General de Escuelas.
Por
Sergio Dimaría, La Nacion, Corresponsal en Mendoza
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La
mano herida de un menor vista desde la reja que rodea la escuela
Alas Argentinas, en General Alvear, Mendoza - Foto:
Los Andes
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La
mano herida de un menor vista desde la reja que rodea la escuela
Alas Argentinas, en General Alvear, Mendoza - Foto:
Los Andes
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3 de noviembre
- oficial: hay presos alojados en comisarías desde 1999 Las
comisarías pueden ser lugar de detención de procesados o
condenados sólo por 90 días, no más. Sin embargo,
en el Conurbano hay por lo menos 11 detenidos que están en esa
condición desde 1999. Así se desprende de un informe del
Centro de estadísticas de Operaciones Policiales elaborado a pedido
del senador Eduardo Sigal. Al 3 de octubre pasado, unos 7467 presos permanecían
en dependencias policiales. De ellos, 11 se encuentran detenidos desde
1999 - 9 en San Isidro y 2 en La Matanza - 164 desde 2000 y 1.393 desde
2001. Los 5872 restantes ingresaron en el 2002. En casi todos los casos
se trata de procesados y no de personas sobre las cuales pesen condenas,
pero no dejan por eso de sustraer a un tercio del personal policial de
sus tareas de prevención del delito.
En San Isidro hay 30 dependencias policiales con capacidad para
270 personas. Al 3 de octubre, según el COP, había
alojados allí 864 detenidos, es decir, poco más de
tres veces el cupo para el que están preparadas.
De los 7467 presos en dependencias policiales, 7440 están
por delitos; los restantes por contravenciones. Si se considera
que el cupo ideal es de 3132, a la fecha existe un excedente de
4335 presos, sin considerar la superpoblación carcelaria.
Siempre según el Centro de Estadísticas de Operaciones
Policiales, al 15 de septiembre de 2002 había 11.238 menores
detenidos por la comisión de delitos. Los mismos se clasifican
en los siguientes rubros: Homicidos, atentados/resistencia a la
autoridad, delitos graves y delitos en general. Sin embargo, la
estadística sólo registra el número de menores
que pasaron por el sistema, y no arroja en qué dependencias
se encuentran.
La superpoblación de cárceles y comisarías
no era tan grave en marzo de 2000, cuando el ex gobernador Carlos
Ruckauf llevaba sólo tres meses de gobierno: había
doce mil presos en las cárceles y otras 3 mil personas detenidas
en comisarías. En setiembre de 2001, un año y medio
después de las políticas de “mano dura”
había 17.60 presos en 34 cárceles y 6.500 personas
en comisarías. La población carcelaria se mantuvo
casi sin alteraciones desde entonces y las comisarías se
vieron más desbordadas aún.
2
de noviembre de 2002
- Motín en una penitenciaría de Catamarca
- SAN
FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.- Un motín iniciado por más de cuarenta
reclusos alojados en el penal del Servicio Penitenciario de esta ciudad,
mantuvo en vilo a las autoridades, a la Justicia y a la población carcelaria
por espacio de nueve horas..Luego
de arduas negociaciones, los delincuentes sublevados aceptaron deponer
su actitud a condición de que no se tomaran represalias contra ellos..En
las primeras horas de la mañana de ayer, cuando ya el calor se hacía
sentir en esta provincia, los delincuentes amotinados, que reclamaban
por presuntos malos tratos, apremios ilegales y demoras en el tratamiento
de sus causas judiciales en trámite actualmente, provocaron incendios
de colchones, frazadas, ropas y otros elementos tras lo cual se trasladaron
a los techos de uno de los pabellones llevando como rehén al doctor
Armando Cippitelli, un profesional que purga condena por abuso deshonesto
en perjuicio de una menor.
En
el extremo derecho de la imagen se observa al rehen amenazado
por los presos
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.Golpean
al rehén
.Se
vivieron entonces los momentos más difíciles de la jornada puesto que
los presos, que tenían maniatado a Cippitelli, además de golpearlo salvajemente
amenazaban con lanzarlo desde las altura mientras lo sostenían con una
soga atada alrededor del cuello.
.Reclamos
a los gritos
.Siempre
sobre los techos de la penitenciaría, habían acumulado colchones y dos
garrafas de gas con las que amenazaban con hacer saltar por los aires
el sector. En las calles que rodean al penal los familiares de los internos,
junto a curiosos, reclamaban a los gritos una explicación sobre lo que
estaba ocurriendo.
.Con
la presencia del juez de ejecución penal, Luis Gillamondegui, y el fiscal,
Hernán Zalazar, las autoridades del penal optaron por no reprimir la
sublevación y apostar a que el intenso calor reinante en los techos
de chapa hicieran declinar la actitud de los amotinados.
.Por
fortuna, finalmente predominó la sensatez y alrededor de las 15 se suscribió
un acuerdo que ponía fin a la violenta queja.
.En
esa penitenciaría estuvieron alojados los dos principales culpables
del crimen de María Soledad Morales, Luis Tula y Guillermo Luque, hijo,
éste último, de un ex diputado nacional.
1
de noviembre -
Para reclamar tomaron de rehén a médico preso -
Más de 40 presos pidieron que cesaran los apremios. Para evitar
que los reprimieran, amenazaron con asesinar a un médico que
cumple una condena por abuso sexual Más de 40 reclusos de
la cárcel de Catamarca se amotinaron ayer durante más
de seis horas en reclamo de mejores condiciones de alojamiento y amenazaron
con asesinar a un médico preso por abuso sexual si eran reprimidos.
Luego de seis horas de tensas negociaciones con autoridades judiciales,
los internos depusieron la actitud que habían adoptado en protesta
por malos tratos y apremios y liberaron al médico rehén,
tras firmar un acta de compromiso.
La protesta había comenzado a las 8, sin incidentes, y a media
mañana intensificaron la medida con quema de colchones y otros
elementos combustibles en los techos del pabellón central. A
las 14 levantaron la medida al recibir la promesa del juez de Ejecución
Penal, Luis Guillamondegui, de atender sus reclamos.
Los más de 40 presos fueron cercados por las fuerzas de seguridad,
y ante las amenazas de represión resolvieron tomar como rehén
a Armando Cipitelli, un médico que cumple condena por abuso sexual
a una menor que padece el síndrome de Down.
El médico, maniatado y con una soga al cuello, fue expuesto ante
las autoridades del penal y los efectivos policiales, mientras advertían
que lo iban a ahorcar o tirarlo de los techos en caso de que fueran
reprimidos.
El motín se registró a raíz de severas denuncias
de maltrato contra el titular del penal, Guillermo Jara, quien declaró
a la prensa que “los apremios y malos tratos no existen en el penal,
sino que son elementos a los que siempre recurren para llamar la atención”.
El juez Guillamondegui, el fiscal de turno, Erman Zalazar, y la juez
de instrucción, María de los Milagros Vega, fueron quienes
mantuvieron permanentes reuniones con los reclusos, hasta que finalmente
se firmó un acta compromiso en donde los presos exigieron que
no sean sancionados por la protesta.
Además solicitaron la agilización de sus procesos judiciales,
mejoras en las condiciones carcelarias, entre otros puntos que el juez
Guillamondegui consideró que “atendibles”.
Para la rúbrica del compromiso, los presos exigieron la presencia
de los medios de comunicación de Catamarca, para que registraran
y actuaran como garantes del acuerdo.
Luego de sellar el pacto, las autoridades del penal dejaron ingresar
a los familiares de los reclusos para que verificaran personalmente
el estado de salud de los mismos.
Mientras tanto, el médico Cipitelli debió ser internado
en un nosocomio privado por un problema de tensión arterial y
por los golpes que presentaba como consecuencia de los malos tratos
a los que fue sometido por los reclusos. Otro de los presos fue trasladado
hasta el hospital San Juan Bautista de la capital catamarqueña,
debido a una crisis de nervios que sufrió durante el amotinamiento.
Mientras las autoridades judiciales y policiales negociaban con los
detenidos para desactivar la protesta, alrededor de un centenar de familiares
de los reclusos se habían apostado en la entrada de la cárcel,
quienes pretendían infructuosamente ingresar para conocer el
estado de salud de los amotinados.
Arnaldo Patria, abogado del médico tomado como rehén,
anticipó que denunciará penalmente al Estado provincial
por la situación que tuvo que soportar su defendido, porque “el
Estado debe garantizar la salud y la vida de quienes están alojados
en el penal”. Asimismo opinó que “el sistema carcelario
de Catamarca está colapsado”.
Imagen
del motin en Catamarca
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1
de noviembre - Abuso sexual y homicidio calificados Daniel
Urriza, el fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción
(UFI) N 5 de La Plata, denunció por el presunto “incumplimiento
de los deberes públicos”, a los responsables del sector
de la cárcel en el que murió Maximiliano García.
El 24 de agosto del 2000 el cuerpo de este interno fue hallado en uno
de los calabozos de la Unidad Penitenciaria N 35 de Magdalena. Aquella
escena fue aterradora: “Estaba ahorcado y pendía de una
soga que estaba atada la ventana”. En principio la causa fue caratulada
como “suicidio”, pero las investigaciones posteriores arrojaron
resultados reveladores.
Las pericias demostraron que el interno -que no tenía hábitos
homosexuales- sufrió una violación “con gran violencia
genital”. Y la fiscalía entendió que hubo irregularidades
en el control que debían realizar los guardiacárceles
y caratuló el hecho como “abuso sexual calificado con homicidio
calificado”. Se cree que lo asesinaron otros internos.
Lo acusan de falso testimonio El
fiscal de ejecución del Departamento Judicial La Plata, Marcelo
Carlos Romero, denunció que Carlos Fabián Corbo (detenido
en la Unidad penitenciaria N 9) incurrió en el presunto delito
de falso testimonio al narrar -también en programas de TV- una
agresión a otro interno que aparentemente nunca pudo haber visto.
Corbo había dicho que pudo observar cómo la guardia carcelaria
mataba a Osvaldo Claudio Leguizamón, quien apareció ahorcado
el 5 de octubre último. Pero, las investigaciones que realizó
el fiscal determinaron que, debido a la disposición de las celdas,
“jamás pudo haber visto” el hecho. Romero sugirió
que se le impute falso testimonio, mientras que la defensa de Corbo
pidió el traslado a una prisión federal.
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