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CARCELES

30 de julio de 2002 - Otras alternativas para los menores delincuentes La superpoblación hace que cada vez menos adolescentes sean alojados en institutos. En Capital Federal ya se implementaron programas de “libertad asistida”
Mientras cada vez más menores son autores de delitos y se incrementa el problemas de la superpoblación en los institutos de Menores, los jueces buscan alternativas para hacer más efectiva la resocialización.
Los números del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia revelan que en los cinco institutos ubicados en Capital Federal, durante el primer semestre de 2001 entraron 967 niños y adolescentes de entre 8 y 20 años, mientras que en el mismo período de este año, ingresaron 544 de entre 11 y 20 años, es decir, 423 menos que el año anterior, lo que marca una disminución del 44 por ciento.
Según los expertos la disminución de ingresos en los institutos de menores puede explicarse en la aplicación de nuevos programas que se observan como alternativa a la institucionalización de los niños y adolescentes que infringieron la ley penal. Desde los juzgados de menores se demandan cada vez más alternativas, como la libertad asistida. Se trata de un régimen parecido a la libertad condicional pero que en el caso de los menores, deben estar tutelados por un mayor responsable que se haga cargo de su custodia y de su reinserción en ámbitos como la escuela. Además, todo el proceso es seguido de cerca por un profesional del consejo.
Otra de las alternativas son las residencias educativas que podrían compararse con una escuela de pupilos donde la contención del chico pasa por la culminación de sus estudios y la enseñanza de una serie de oficios.
El mismo panorama se vive en la provincia de Buenos Aires donde los dos institutos de reclusión de máxima seguridad para menores varones del conurbano bonaerense -el Almafuerte y el Aráoz Alfaro, ambos en Abasto-, están saturados con 66 chicos acusados de delitos graves.

30 de julio de 2002 / Mercedes (SIP24) La Carcel se instalará en el predio de la Escuela de Gendarmería de la Ciudad de Mercedes en calles 2 y 29, plena zona centrica, por estos días numerosos sectores de la sociedad estan en desacuerdo de tal instalación, En la jornada de este Miercoles estuvo en la Ciudad el Subsecretario de Política Penitenciaria MARCELO LAPARGO y confirmó la determinación del Gobierno Bonaerense, estuvo acompañado por el responsables de Construcciones, DANIEL IGLESIAS y el asesor de Cultos no católicos , Pastor DANIEL ZUCCARELLI.
Durante este Viernes habrá una sesión del Concejo y la UCR, el FrePaSo y el ARI quienes presentaran formalmente un rechazo absoluto a tal medida.
Algunos Concejales manifestaron " Creemos que la Ciudad dispone de otros predios mas adecuados para este tipo de emprendimientos, como por ejemplo las instalaciones del Instituto Capitan Sarmiento"
Mientras que el ARI manifestaba en un comunicado: "Solo dos puntos cardinales restan para estar rodeados por completo de muros, y transformarlos en prisiones privadas de horizontes de progreso. La radicación de una carcel mas, nos convertiría en un centro Turístico de unidades carcelarias, por lo tanto, no seamos depósito de decisiones políticas que nadie quiere asumir, Crear fuentes de trabajo para aquellos a los que pudieron dar el privilegio de la dignidad de trabajo,no es dar trabajo, sino sembrar el odio entre iguales.En cuanto a los tiempos que se manejan, Lapardo sostuvo que el plazo de la obra "sería en 2 meses" lo que esta sindicando un término muy corto pero tampoco omitió decir que los trabajos podrían comenzar "dentro de un mes" y no se descarta que se encuentre funcionando para fin de año, dado " que estos fueron los motívos"por lo cual se optó por el predio de Gendarmería.Cabe acotar que a los diferentes problemas en lo que ha hecho hincapiéel Sr Intendente Municipal Dr JULIO CESAR GIOSCIO para oponerse a la instalaciónde esta carcel en ese lugar, el funcionario dijo "que se buscaran todas las soluciones técnicas" para no perjudicar a la comunidad e inclusive se estudiaran otras propuestas recibidas en su visita no obstante reconcoer lo inconsulto de la medida tomada por el Gobierno Provincial.

29 de julio - FUERTE OPOSICION POPULAR EN CONTRA DE LA INSTALACION DE LA CARCEL EN MERCEDES Durante esta mañana una concentración popular fue convocada para repudirar frente al Palacio Municipal sobre la radicación de la Carcel de Mercedes El predio de la Gendarmería Nacional en Avenida 29 y 2 es el lugar elegído para la radicación de la Unidad Carcelaria. En horas de la noche del Domingo una extensa volanteada fue efectivizada en el sector de la zona céntrica y barrial de Mercdes, en la misma se solicita una convocatoria a toda la gente con el objetívo de repudiar la instalación de una Unidad Carcelaria en el predio que ocupa actualmente la Gendarmería Nacional, por otra parte ya se confirmó que a mediados de Noviembre ya no funcionaría mas la Gendarmería Nacional en nuestra Ciudad. Las obras estarían comenzadas en el termino de tres meses y para Diciembre podría estar ya instalada, si bien se supo que los internos alojados en el lugar serían de una religión, la gente a traves de su voz han manifestado su preocupación por dicha radicación, teniendo en cuenta que en rededor existen varias escuelas, jardines y casas de familia. En otro órden de cosas el mismo Intendente Municipal el Dr Julio Cesar Gioscio manifestaba estamañana a medios radiales locales que desconocía de tal manifestación popular y que el mismo había puesto como horario las 09.30 hs de este Lunes para recibir en su despacho a un grupo representatívo popular para tratar el tema, pero enfatizó que la decisión no es Municipal, si no que es del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, tanto es asi que no habría marcha atras en el proyecto que ya ha sido aprobado y anunciado este fin de semana nuevamente por el Gobernador de la Pcia de Bs As el Dr Felipe Solá.

25 de julio de 2002 - ADECUARAN EDIFICIOS DE MINORIDAD PARA ALOJAR JÓVENES TUTELADOS LA PLATA, Julio 25 El ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires y la subsecretaría de la Minoridad, firmaron un convenio por el cual esta última dependencia cederá edificios de su propiedad que no se usan mucho o están abandonados, que el organismo policial destinará para alojar adolescentes que cometan delitos y queden en condición de tutelados del Estado.
Así lo confirmaron en las últimas horas voceros del gobierno, que precisaron detalles del convenio, en pos del cual se venía trabajando desde hacía casi dos meses.
La potencialización de los recursos edilicios para alojar adolescentes que delinquieron, permitirá al ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero, cumplir con la disposición de no mantener más menores en comisarías, lo cual se hace porque los institutos de menores están desbordados y no hay en la mayoría de las veces vacantes en los registros de ubicación a los que son destinados de forma interina.
Aunque para limpiar las comisarías de menores, el ministerio de Justicia deberá esperar que el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano avance en el reacondicionamiento de los edificios de Minoridad que esta área no está utilizando. Al respecto, la subsecretaria de Minoridad de la provincia de Buenos Aires, Cristina Tabolaro, explicó en declaraciones radiales que "esos edificios tienen distintos destinos, algunos pueden ser comisarías, deberán ser refaccionadas al respecto. Quedarán a cargo nuestro la determinación y la forma de adecuarlos”. La funcionaria afirmó que es necesario que equipos de especialistas trabajen en el diseño y asesoramiento para reacondicionar los edificios en desuso, ya que “debemos promover la funcionalidad no sólo a la detención, sino principalmente a la resocialización del chico, para lo cual tienen que poder hacer tareas adentro para estar contenidos y que no ser víctimas de un encierro inhumano”. Respecto de esto último, Tabolaro admitió que en la mayoría de los institutos de menores no hay condiciones para resocializar a los internos, sino que estos están “encerrados sin hacer ninguna tarea y a veces sin tener mucho movimiento para dispersarse”. (Agencia NOVA)

23 de julio de 2002 - Barrotes (Télam).- Jueces de Lomas de Zamora solicitaron que se achique el espacio entre los barrotes de la alcaidía del Palacio de Tribunales, ya que los chicos detenidos allí por causas penales son cada vez más pequeños y se fugan a través de esas rejas.
La petición se originó luego de que el viernes pasado dos adolescentes de 14 años, que habían sido detenidos por robos, se fugaron de la alcaidía de menores.

20 de julio de 2002 - Revuelta de 23 presos en una comisaría Durante cuatro horas, un motín mantuvo en vilo ayer al personal de la comisaría 2a. de Lanús Este, en pleno centro comercial de esa localidad del sur del conurbano bonaerense.
El desorden comenzó a las 11, en la comisaría situada en O´ Higgins 1861, cuando 23 detenidos alojados en los calabozos destinados a los reos de mayor peligrosidad comenzaron a incendiar colchones y, armados únicamente con "púas" (rudimentarios punzones metálicos) de confección casera, amenazaron de muerte y tomaron como rehén al oficial inspector Aldo de la Rosa, de 28 años.
En minutos, la comisaría fue rodeada por policías que se apostaron en los techos para evitar la fuga de los detenidos. Dos efectivos del Grupo Halcón, la representante de la Defensoría del Pueblo, Fernanda Mestrín, y el fiscal Daniel Belucci fueron los únicos que mantuvieron contacto con los amotinados durante las tensas horas de negociación. También estuvo el titular de la Jefatura Departamental de Lomas de Zamora, comisario mayor Claudio Smith.
Pasadas las 15, los presos depusieron su actitud, liberaron a De la Rosa y tres de ellos pidieron ser asistidos en el hospital vecinal Narciso López.
Según informó el comisario Fernando Montechiari, los presos reclamaban mejoras en la calidad de la comida y mayor asiduidad en las visitas familiares. También exigieron no ser trasladados.
"No se quieren ir porque acá están bien, pero es imposible cumplir con los pedidos. Contamos con un presupuesto diario de dos pesos por detenido y la cantidad de alojados hace imposible aumentar las visitas", dijo el comisario Montechiari.

Solicitan la investigación de camaristas por ordenar el traslado de peligrosos delincuentes Un fiscal platense denunció que pasaron de un penal de máxima seguridad a una cárcel común LA PLATA, 17 JUL (AIBA). El fiscal de Ejecución Penal platense Marcelo Romero, reclamó hoy a la Procuración General de la Corte que investigue las presuntas irregularidades cometidas por la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro al disponer el traslado de cuatro presos del penal de máxima seguridad platense de Melchor Romero, a una cárcel común. Los detenidos en cuestión, habían presentado ante la justicia un recurso de amparo porque, según su denuncia, habrían sido víctima de torturas en la mencionada unidad especial, por lo que los camaristas hicieron lugar al pedido de hábeas corpus y ordenaron su cambio. Se trata de Agustín Alegre Pérez, condenado por homicidio; David Altamirano, acusado de robo agravado, Carlos González Cáceres, imputado de dos homicidios, y Domingo Cepeda Pacheco, inculpado de robo calificado y homicidio. En diálogo con AIBA Noticias, el integrante del ministerio público señaló que "según una resolución de la Corte provincial, un hábeas corpus no autoriza a sustituir a los jueces naturales, por eso he pedido a la Procuración que investigue esta irregularidad", tras lo cual detalló que Alegre Pérez y Altamirano pasaron a la Unidad Penal 28, y los otros a la 9. (AIBA)

En la Provincia: Reclaman una solución urgente para problemas habitacionales de cárceles LA PLATA, 17 JUL (AIBA). La diputada Mirta Adobbati (ARI) reclamó al Ministerio de Justicia y Seguridad que "disponga una solución urgente a los problemas de habitabilidad de los calabozos en las seccionales de Tandil".
Según relató la legisladora, "el colapso del sistema penitenciario, donde tanto las cárceles como las comisarías tienen su capacidad de alojamiento sobrepasada, generó fuertes quejas contra las autoridades provinciales", en tanto advirtió que "Tandil se convirtió en un Partido asolado por robos calificados, delitos contra la propiedad, abigeato, robo de camiones, y el hacinamiento en los calabozos".
"Precisamente por ese último motivo, el presidente de la Cámara Criminal de Azul, Carlos Paulino Pagliere, ordenó la clausura por falta de mantenimiento de los calabozos de la comisaría primera de Tandil y los presos debieron ser trasladados a unidades penales de ciudades vecinas", recordó la titular del bloque del ARI.
Adobbati entendió que los conflictos "provienen de la ausencia de políticas activas en materia de seguridad y por la falta de cumplimiento de la construcción de las nueve alcaidías tan publicitadas por (el ex gobernador Carlos) Ruckauf, que hizo sólo slogans de buenos propósitos".
La parlamentaria también se refirió a diversas fugas de presos ocurridos en la primera mitad del año y comentó que se realizó un pedido de informes en la Legislatura para investigar la situación de seguridad y habitabilidad de los calabozos.
Además, manifestó que paralelamente se solicitó que "los legajos, antecedentes y datos del desempeño de cada integrante de la Policía estén a disposición de los estamentos legislativo y ejecutivo de cada municipio", ya que "casi a diario se descubren hechos policiales con participación de funcionarios policiales".
En ese contexto, recordó que el ex titular del nuevo Grupo Antisecuestro, Daniel Rago, había sido relevado del cargo en la Departamental de Seguridad de Lomas de Zamora por ser jefe máximo de un grupo de policías sospechados de aplicar torturas a menores.
(AIBA)

RECLAMAN SOLUCION URGENTE AL COLAPSO CARCELARIO PROVINCIAL
LA PLATA, jul 16 (DIB).- El colapso que padece el sistema penitenciario en la provincia de Buenos Aires, donde tanto las cárceles como las comisarías tienen su capacidad de alojamiento sobrepasada, ha vuelto a generar un fuerte reclamo a las autoridades provinciales.
En la Legislatura bonaerense tomó estado parlamentario una iniciativa que, específicamente, reclama una solución a los problemas de habitabilidad de los calabozos en las seccionales del Partido de Tandil.
Es que el presidente de la Cámara Criminal de Azul, Carlos Paulino Pagliere, ordenó la clausura por falta de mantenimiento de los calabozos de la comisaría primera de Tandil. Los presos debieron ser trasladados a unidades penales de ciudades vecinas.
La presidenta del bloque de diputados provinciales del ARI, Mirta Adobbati, solicitó al ministerio de Justicia y Seguridad que conduce Juan Pablo Cafiero que disponga, a la mayor brevedad, de una solución a esos problemas.
La diputada Adobbati remarcó que todas las dificultades enunciadas provienen "de una falta de políticas activas en materia de seguridad". Y recordó "la falta de cumplimiento" con las construcciones de alcaidías, infraestructura para alojar menores, y la tan publicitada por Ruckauf construcción de nueve cárceles, "sólo slogan de buenos propósitos".
En la madrugada del 18 de febrero de 2002 se fugaron cuatro detenidos de la seccional primera de Tandil. Antes, el lunes 5 de febrero, se producía un principio de incendio en los pasillos de los calabozos.
También en la seccional segunda, en marzo de 2001, se escapaban dos personas, Carlos Salvador Castillo -acusado de homicidio-, y Ricardo Fabre -acusado de violación a una menor-Por lo demás, la diputada Adobbati reclamó que los legajos, antecedentes y datos del desempeño de cada integrante de la Policía "esté a disposición de los estamentos legislativo y ejecutivo de cada municipio", como medida tendiente a "restituir la confianza de los vecinos en los efectivos encargados de su protección". "Casi a diario se descubren hechos policiales con participación de funcionarios policiales", resaltó la diputada, quien recordó que el titular del nuevo Grupo Antisecuestro, Daniel Rago, había sido relevado del cargo en la Departamental de Seguridad de Lomas de Zamora por ser jefe máximo de un grupo de policías sospechados de aplicar torturas a menores.(DIB).

16 de julio - SOLA ANUNCIO AMPLIACION DE LA RED CARCELARIA
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, anunció la ampliación de la red carcelaria para destinar más delincuentes presos en comisarías a unidades penitenciarias, y liberar más policías al control y represión del delito en las calles.
El mandatario adelantó que se avanzará en la concreción del plan anunciado por el ex gobernador Carlos Ruckauf, ya que este había lanzado un programa de "construcción de 7 cárceles que fueron licitadas y su ubicación asignada de acuerdo a referendums realizados en los respectivos distritos de la provincia".
Solá detalló que la red penitenciaria se ampliará mediante "5 cárceles construidas, 2 cuarteles cedidos por el Ejército a través de un acuerdo con la Provincia y 1 cedido por la Gendarmería".
De este número, el más avanzado "es de la Gendarmería, que ya está prácticamente habilitado", mientras que el del Ejército está pendiente y las cinco cárceles que construirá el Estado provincial "serán rápidas de construir y ultrabaratas".
Por otra parte, el gobernador anunció que de manera conjunta con el incremento de la inversión en materia carcelaria para descomprimir la superpoblación penitenciaria, se implementarán "nuevos operativos preventivos con más policías en el Conurbano".
Se trata "de extender los operativos de control de vehículos y personas en accesos a la Capital Federal para hacer requisas a vehículos y personas también a distintos puntos del Conurbano bonaerense".
Del mismo modo, Solá hizo, en declaraciones a radio Mitre, una dura autocrítica de la situación en materia de seguridad en la Provincia, al admitir que "estamos perdiendo la lucha contra la delincuencia", lo cual queda demostrado "en el notable incremento de los delitos violentos y los secuestros extorsivos".

16 de julio de 2002 - Reflotaron el proyecto de construcción de cinco nuevas cárceles en la Provincia - Dos de ellas surgirán de la remodelación de ámbitos dependientes del Ejército Argentino, y una de Gendarmería - Solá destacó que serán "construcciones ultrabaratas para presos de poca peligrosidad" - El objetivo es que haya más policías en las calles - LA PLATA(AIBA). El proyecto de construcción de cárceles de máxima seguridad en la Provincia para descomprimir la superpoblación en las unidades y comisarías, fue reflotado en las últimas horas por el Ejecutivo, con lo que se completaría el plan que dejó trunco el gobernador Carlos Ruckauf y que sólo se corporizó en el endurecimiento de las leyes de excarcelación que trajeron graves consecuencias al sistema penitenciario bonaerense.
Montado en el discurso de la "mano dura" que le hizo ganar las elecciones de 1999 y lo llevó a ocupar el sillón de Dardo Rocha a pesar de ser un "candidato porteño", como lo calificaron sus opositores, el actual canciller de la administración Duhalde presionó a la Legislatura -en ese momento con mayoría aliancista-y logró obtener la aprobación del paquete de normas de seguridad.
Esa jugada lo benefició políticamente durante algunos meses mientras resonaba en los medios de comunicación la frase de campaña "hay que meterle bala a los delincuentes", lo que sintetizaba su pensamiento sobre el camino que debía transitar el accionar policial, pero que luego se tradujo en el aumento de denuncias por apremios ilegales en cárceles y comisarías que están registrados en Banco de Torturas.
Los archivos de la base de datos dependiente de la Defensoría de la Casación Penal provincial fue creado hace dos años y señala que, hasta la fecha, fueron denunciados 1.236 casos de maltrato en cárceles y comisarías, de los cuales sólo 683 se notificaron a la justicia y el resto advertidos por funcionarios del área en visitas a las dependencias.
Ahora, ante los crecientes casos de "secuestros express" de los que son víctimas los habitantes del Conurbano -y la Capital Federal--, el gobernador Felipe Solá anunció que próximamente comenzarán a ser levantadas cinco unidades penitenciarias, dos de las cuales serán montadas en cuarteles del Ejército Argentino, y una en jurisdicción de Gendarmería.
Como efecto directo de la debacle económica y financiera que atraviesa el país, se encuentra congelado el proceso de licitación que debía culminar con la construcción de los ocho penales de máxima seguridad en otros las localidades de Vela (Tandil), Barker (Benito Juárez), Urdampilleta (Bolívar), Campana, Dolores, Azul, Saavedra y General La Madrid, y desde el Ejecutivo no se precisó en cuál de todos estos distritos comenzarán las obras.
Sin embargo, con una inversión global que contaba con una base oficial de 360 millones de pesos, el 29 de mayo del año pasado seis empresas nacionales y consorcios internacionales presentaron sus ofertas técnicas para adjudicarse las obras que debían llevarse adelante a través del sistema de leasing o "llave en mano".
De ese modo, cada una correría con los costos de la ejecución y recién comenzaría a recuperar el dinero en el momento de entregar las cárceles, pero la caída de los mercados hizo que el sector privado desista de su interés por la operación, aunque ahora Solá aclaró que será la Provincia la que encarará el proyecto con recursos obtenidos "de dónde sea", menos del sector social, según se encargó de aclarar el mandatario.

Sin espacio En tanto, el gobernador admitió nuevamente en declaraciones a una radio porteña que "las comisarías están abarrotadas", como consecuencia del "aumento de 15 mil a 25 mil en la cantidad de presos", y que esa fue la razón por la que resolvió hacer "cárceles súper rápido, con construcciones ultrabaratas para presos de poca peligrosidad".
La idea es que no haya más detenidos en sedes policiales, con excepción de quienes sean demorados, y que los agentes puedan desarrollar su tarea en las calles para prevenir delitos y no que deban quedarse a vigilar presos, sobre todo porque no reciben entrenamiento para cumplir con esas funciones.
Por otra parte, Solá consideró que la proliferación de los denominados "secuestros express" obedece al aumento de seguridad en bancos y otro tipo de comercios "por eso los delincuentes van sobre lo más vulnerable: cualquier persona que anda por la calle", señaló, aunque volvió a admitir que "la Policía tiene limitaciones a la hora de actuar".
"Hay una actitud pasiva" por parte de los integrantes de la fuerza, enfatizó, y agregó que "tener una actitud activa no es lo ideal porque todavía se relaciona eso con la época de los militares. Desde la Gobernación respaldamos a los policías que se tirotean con los delincuentes. Este año hay un récord de efectivos muertos; en cambio, muchos ladrones son capturados ilesos".
Por otro lado, el titular del Ejecutivo negó que las leyes para combatir la inseguridad sean "leves", y señaló que se realizarán "operativos sorpresivos" para capturar delincuentes, además de volver a reclamar al Congreso Nacional que endurezca la legislación "contra la tenencia de armas, que hoy es una contravención". (AIBA)

12 de julio - Cárceles peligrosas Es penosa la pésima fama que vienen arrastrando desde hace mucho tiempo las cárceles bonaerenses. Ahora, tan inadmisible situación se ha agravado en grado sumo porque uno de los jueces de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, Fernando Maroto, reveló que tres presos alojados en dichos establecimientos habrían sido asesinados tras denunciar torturas aplicadas por integrantes del Servicio Penitenciario provincial. . Según ese magistrado, los detenidos Darío Alberto Minetto, Daniel Alberto Chocobar Guaimas y Ramón González Sosa perecieron -presuntamente, los dos primeros acuchillados en riñas carcelarias y el tercero autoinmolado con fuego-, después de haberles imputado a sus custodios la reiterada aplicación de palizas y otros maltratos. Esas denuncias fueron ratificadas mediante el testimonio de más de treinta presos, que también advirtieron que los reclusos que se encargarían de cometer esos crímenes iban a recibir armas y drogas a cambio de realizar tales fechorías. . Inadecuadas para el propósito al cual están destinadas y atiborradas de presos, las cárceles bonaerenses -igual que las comisarías de ese distrito- se han convertido en lúgubres antros en que los delincuentes veteranos están mezclados con los primerizos y, de por sí, les imponen por la fuerza las durísimas y agresivas leyes del presidio. Se trata de una irregularidad constante que, al parecer, no se podría haber expandido sin el amparo de oscuros focos de corrupción, enquistados entre quienes tienen a su cargo la administración y la vigilancia de esos establecimientos. En expresiva opinión del juez Maroto, en esas cárceles sobreviven "nichos mafiosos". . El incremento de la marginalidad delictiva y la lentitud de los procedimientos judiciales han contribuido al agravamiento de esa triste realidad. Las autoridades provinciales e incluso los propios jefes penitenciarios o policiales han advertido en más de una oportunidad que tan negativas circunstancias son caldo de cultivo de amotinamientos y, asimismo, de la comisión de delitos de variada índole. . Sin embargo, todavía están pendientes las medidas correctivas de fondo que permitirían darle principio de solución al delicado problema de cuya magnitud da fe un simple y estremecedor dato estadístico: la provincia de Buenos Aires dispone de 36 establecimientos carcelarios, con capacidad para 14.000 internos. En ellos están alojados 18.089 reclusos (al margen de alrededor de 7000 detenidos en las comisarías). Casi el 10% de la población carcelaria -1236 presos- ha denunciado ante la Defensoría de Casación Penal haber sido víctima de torturas, maltratos y amenazas; poco menos de la mitad de esas acusaciones fue comprobada y ratificada por los defensores oficiales. . Por supuesto, tampoco es cuestión de encarar la solución de ese dilema por vía del facilista y contemplativo recurso del ablandamiento de las legislaciones penal y procesal penal. Quienes han delinquido deben responder por ello ante la sociedad, pero eso no implica que se los deba someter a padecimientos inhumanos y por demás aberrantes. . Es menester, pues, que con absoluta imparcialidad y sin tardanza la Justicia se aboque al esclarecimiento de la denuncia proveniente de su propio seno, y, si así correspondiera, les aplique todo el rigor de la ley a quienes sean hallados culpables de esos hechos. . La Constitución nacional dispone, en su artículo 18, que "las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija hará responsable al juez que la autorice". Ese texto sería denigrado en su letra y en su espíritu si, llegado el caso, fuera pasada por alto la presunta conducta delictiva de los funcionarios que tienen asignada la misión esencial de darle cumplimiento. (Editorial, La Nacion, viernes 12 de julio de 2002)

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11 de julio - En Parque de los Patricios Tras once meses, todo sigue igual en la ex cárcel de Caseros Dicen que la crisis paralizó las obras El jefe de gobierno había prometido una serie de construcciones en el predio que ocupaba el penal Pero ni siquiera se realizó la demolición de los viejos edificios Los vecinos de lo que fue la cárcel de Caseros están ansiosos por ver ese “antes y después para el barrio de Parque de los Patricios” que el jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, les prometió hace 11 meses, cuando anunció la demolición del penal. Desde entonces, viven en un “mientras tanto” que los incomoda.
El “antes” lo conocen bien: gritos que provenían desde la cárcel y un barrio en ruinas, que no mejoró con el desalojo del penal. Ahora se quejan de la inseguridad que deriva de la falta de custodia.
El “después” prometido por Ibarra sigue siendo una incógnita.
Los plazos del proyecto para remodelar la zona –que incluían la construcción de un complejo de viviendas, una escuela y un centro cultural, espacios verdes y locales comerciales en los 20.000 metros cuadrados que ocupaba el penal, además de la apertura de la calle Rondeau– naufragan con la crisis.
El 27 de agosto del año último, Ibarra detalló un cronograma de obras que no se realizó. “Lo tiraremos abajo antes de abril (por abril último); luego se convocará al sector privado para la realización del proyecto y comenzará el proceso de licitación. A fines del año próximo (es decir, de este año) empezarán las obras”, dijo entonces a LA NACION.
Para respetar los plazos anunciados, el penal ya tendría que estar demolido y el proceso de licitación, en marcha. Pero ninguna de las dos condiciones se cumplieron aún.
El secretario de Obras y Servicios Públicos, Abel Fatala, responsabilizó a la crisis de diciembre último por la demora en las obras.
Fatala explicó ayer que ya se había realizado la primera etapa del proceso –que incluyó un estudio de impacto, la detección de posibles lugares por preservar y el estudio sísmico con microimplosiones para ver cómo reacciona el suelo circundante– cuando llegó la debacle económica de diciembre. Estos primeros trabajos costaron al gobierno 120.000 pesos.
.“Teníamos previsto realizar la segunda etapa, que tiene que ver con la demolición mecánica de los primeros cuatro pisos y los dos subsuelos para dejar al descubierto la estructura base”, detalló el secretario. Estos trabajos eran necesarios para comenzar con la demolición. Situación de parálisis
Esta segunda etapa costaba, según los cálculos de diciembre, unos 460.000 pesos. Claro que ahora, al dolarizar esos valores, las cifras se multiplican inexorablemente. Estos costos tampoco contemplan la remoción del asbesto, un mineral cancerígeno utilizado en la construcción como aislante térmico y revestimiento, que ya generó más de una crítica entre los vecinos de la zona.
“La situación de crisis económica nos llevó a paralizar algunas de las obras presupuestadas y nos genera una situación de parálisis del proceso”, dijo Fatala.
Si bien el predio es del Estado nacional, el gobierno porteño se encargará de la demolición del edificio y del futuro del lugar. Sin embargo, la demolición se encargó al Ejército. Antes de diciembre se hablaba de un costo de entre 1.500.000 y 1.800.000 pesos. Fatala precisó que las conversaciones con la fuerza se retomaron hace 15 días y que mañana mantendrá una reunión con los integrantes del Departamento de Construcciones del Ejército para actualizar los costos. “Ya nos adelantaron que eran en dólares”, dijo Fatala, sin disimular su preocupación.
En cuanto al proyecto urbanístico, explicó que estará a cargo de terceros, es decir, se realizará con capitales privados. El funcionario se excusó de dar más detalles. Sí explicó que se prevé la construcción de viviendas y de un centro de capacitación para el Servicio Penitenciario para reemplazar parte de las oficinas que funcionaban en lo que fue el penal. Paralelamente, los vecinos denunciaron ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad el peligro que podría causar la demolición de las dos enormes torres de 25 pisos, unidas en forma de H. Entre las inquietudes vecinales figuraban los inconvenientes que ocasionarían las vibraciones del derrumbe y la posible proliferación de roedores.
De pie
Hace un año, los diputados porteños aprobaron la rezonificación del predio, que comprende las calles Pichincha, Pasco, 15 de Noviembre y la avenida Caseros. Como se trata de una ley de segunda lectura, luego de la audiencia pública se requiere una segunda sanción. En tanto, y para desgracia de los vecinos, los muros levantados en abril de 1979 siguen en pie. Oscuridad, robos y abandono (La Nacion, 11 de julio)

9/7/2002 - 15:47 Encuentran a dos presos ahorcados en la Colonia Penal de Santa Rosa La Pampa - Dos presos fueron hallados muertos en la Colonia Penal de Santa Rosa con diferencia de 36 horas. Ambos reclusos fueron encontrados colgados en sus celdas con sábanas. Las víctimas mortales fueron conocidas como Jorge Pellejero, de 21 años, y Gustavo Garcete.

7 de julio - Se fugaron 4 presos de la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza Dicen que la niebla de la noche ayudó a los presos, pero fallaron todos los controles. A dos de los fugados los recapturaron. Hay diferentes versiones sobre cómo escaparon los otros dos Cámaras de circuito cerrado, celdas individuales, tres alambrados de seguridad equipados con sensores de movimiento y una construcción supuestamente invulnerable —que le costó al Estado cerca de 300 millones de dólares— no pudieron impedir que, en la noche del viernes, cuatro presos escaparan del Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza, considerado de máxima seguridad.
Los guardias de la Unidad —según la versión oficial— recién se dieron cuenta de lo ocurrido sobre la medianoche cuando hicieron el recuento de internos. Y la Policía de la zona se enteró todavía más tarde. La razón: según fuentes penitenciarias, hace poco el área de la cárcel sufrió un saqueo de líneas telefónicas y el viernes no funcionaba ni una línea del Complejo. Hasta ayer estaba incomunicado.
Dos de los fugados —Walter González (26) y Marcelo Rodríguez (34)— terminaron detenidos horas después, sobre el mediodía de ayer, mientras trataban de esconderse en un barrio periférico de Ezeiza. Los hallaron en French y Echeverría.
Pero los otros dos —Reinaldo Maini (22) y Miguel Salazar (32)— todavía eran buscados y sobre ellos había una versión muy distinta a la difundida por el Servicio Penitenciario. Según el SPF los cuatro presos se escaparon juntos, pero fuentes del caso —a cargo del juzgado federal 2 de Lomas de Zamora— aseguraban que Maini y Salazar salieron del penal horas antes que Rodríguez y González. "Se fueron dentro de una combi, cuando terminó el horario de visita", aseguraron las fuentes
De todos los fugados el más conocido es Maini porque estuvo relacionado con una importante causa sobre corrupción penitenciaria. En ese expediente judicial —a cargo del juez Alberto Baños— fue investigado porque se sospechaba que, mientras estaba alojado en la Unidad de Marcos Paz, salía a robar con otros presos y con guardias pertenecientes al SPF.
En cuanto a la fuga, según la versión del Servicio Penitenciario Federal, todo empezó poco antes de la medianoche del viernes. Aunque otras fuentes aseguran que comenzó sobre las 22. Primero, los detenidos que estaban en el pasillo del segundo piso de su pabellón, arrancaron una tapa ubicada en el techo y destinada a la inspección de caños de agua y cloacas. La tapa tenía un diseño especial: había sido colocada con tornillos de seguridad, donde cada uno es distinto al otro y requieren llaves especiales. El sistema no funcionó.
Después treparon al entretecho donde corren las tuberías y se deslizaron por allí hacia la punta del pabellón, sobre las celdas. Como la parte exterior del techo es de chapa, al llegar a la punta, la rompieron usando "facas" (cuchillos rudimentarios hechos por los presos). Y con una cuerda (hecha de sábanas anudadas) se descolgaron hasta el césped que rodea el complejo.
Nada fue percibido por los dos penitenciarios —un agente y un celador— que debían vigilar el movimiento de los presos en el patio interno común, desde un centro de control vidriado, en el medio del pabellón. Las cámaras —aseguran en el SPF— no filmaron porque la tapa que arrancaron los presos está ubicada en un punto ciego.
Los tres alambrados —que esperaban a los presos después que pisaron el pasto— fueron cortados en su base con las facas. Los sensores sonaron pero ni el guardia de la garita externa, ni dos más que salieron a ver que ocurría, detectaron nada. "Es que fue una noche de niebla muy espesa", explicaron a Clarín fuentes del SPF.
"En el orden administrativo se inició un sumario para deslindar responsabilidades y se ordenó la suspensión preventiva de tres agentes que estaban en servicio en el lugar donde se produjeron los hechos", dice el comunicado de prensa firmado por el subprefecto José Eduardo Esquivel, jefe de Prensa y Difusión del SPF.
Si se confirma la versión de que dos de los presos se escaparon en una combi, podría crecer la duda que ayer circulaba en ámbitos judiciales: ¿alguien hizo la vista gorda en la fuga de los del alambrado para encubrir la otra?.
El Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza está al lado de la cárcel de mujeres. Fue pensado y licitado durante el gobierno de Carlos Menem y generó muchas polémicas por su alto costo. Se inauguró el 21 octubre de 1999 como una de las cárceles más seguras del país. Y hasta el viernes ningún preso había escapado de allí.
La cárcel está dividida en cinco módulos y estos, a su vez, en seis pabellones de dos pisos, con 50 celdas individuales cada uno. En el medio de las celdas hay un patio con mesas y bancos. Los presos Rodríguez, González, Salazar y Maini estaban alojados en el piso superior del pabellón "F" del módulo III.
Muy cerca de ellos —en el pabellón "C" del modulo III— está Daniel "Tractorcito" Cabrera quien se hizo famoso por dos espectaculares fugas: se fue de Devoto, desde la sala de abogados, y luego escapó del Departamento Central de la Policía Federal, por la puerta principal.

6 de julio - En Victoria y en Gualeguaychú Controlan dos motines y un juez denuncia el mal estado carcelario Faltan agua caliente y elementos de aseo - Diecisiete presos quemaron colchones, frazadas y destruyeron un televisor Tres guardiacárceles resultaron heridos No resolvieron las sanciones por aplicar - PARANA.- Un grupo de internos del instituto carcelario Clemente Once, de la ciudad entrerriana de Victoria, 120 kilómetros al sudeste de esta capital, incendió ayer colchones y frazadas, presuntamente en protesta por las características de una requisa policial. . El hecho se produjo durante unos treinta minutos y se habría iniciado, según testigos, a las 6.50 de ayer. . El incidente provocó disturbios, como el incendio de una veintena de colchones y frazadas de los internos y el de un televisor, al tiempo que tres guardiacárceles y un policía recibieron contusiones leves. . Roturas y heridas . "Fue un acto vandálico, no un motín. Sucedió en uno de los tres pabellones que tiene esta cárcel, y si bien podría decirse que la quema duró solamente unos cinco minutos, rompieron mampostería del patio interno. Durante los procedimientos para retomar el control de la situación cuatro miembros del personal penitenciario recibieron heridas que, afortunadamente, no son de gravedad", dijo el director del penal, comisario principal José Carlos Mortillo. . Aseguró que ya desde las 7.20 la situación quedó "normalizada" y que aún no había resuelto las sanciones que corresponden a los 17 presidiarios de la revuelta, de un total de 60 que conviven en ese establecimiento. . Ante una consulta sobre el estado del penal el oficial se limitó a decir que "los internos reciben la alimentación que les corresponde, de acuerdo con el menú confeccionado por la división sanidad de la unidad" y que el edificio tiene capacidad para 60 personas, que es exactamente el número total de internos en la actualidad. . En la unidad penitenciaria de Gualeguaychú, en tanto, los guardiacárceles frustraron ayer un intento de fuga de dos internos, según oficiales de la Jefatura Departamental de Policía consultados por LA NACION. Aseguraron que no hubo heridos y que el conflicto se circunscribió a sólo dos presos. . El juez provincial Miguel Carlín denunció esta semana la precariedad con que se desenvuelven algunos establecimientos carcelarios, donde, dijo, los presos no tienen agua caliente para bañarse y les faltan elementos de limpieza. . "Probablemente el hecho de que no haya motines tenga que ver con el contacto permanente que tienen los internos con nuestros jueces de ejecución de penas (una institución creada el año último) y medidas de seguridad, que por lo menos tratan de hallar algunos paliativos, como el acercamiento familiar", dijo el juez. (La Nacion)

4 de julio - SE PRONOSTICAN MUERTES MASIVAS DE PRESOS Y MOTINES POR HACINAMIENTO El ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, León Arslanián, pronosticó hoy que se registrarán "amotinamientos y muertes masivas" de presos debido a la superpoblación de detenidos en cárceles y comisarías bonaerenses. Las cárceles en la provincia de Buenos Aires están sobrepasadas en exceso en cuanto a cantidad de internos y esto es una situación de gravedad extraordinaria que ocasionará, no me cabe la mínima duda, amotinamientos y muertes masivas, aseguró Arslanián .el ex titular de la cartera de Seguridad provincial sostuvo que las cárceles bonaerenses padecen hacinamiento, no respetan los mínimos estándares internacionales ni los requerimientos mínimos que Naciones Unidas exige para el alojamiento de presos. Consideró que esa situación de superpoblación "es consecuencia directa de una reforma judicial apurada que implicó un sistema de excarcelación que tornó más estricto las condiciones en que se podía otorgar la libertad a un detenido". Se podría decir que se rompió el equilibrio ecológico, no se pueden tener más presos que los que se puede alojar, remarcó Arslanián.