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CARCELES En penales y comisarías bonaerenses: ya no queda lugar para más presos Cárceles superpobladas en un 100% Están cerca del colapso; al exceso de alojamiento de detenidos se suman el rígido régimen de excarcelaciones y la mora judicial Hay
en la provincia 25.000 presos, cuando la capacidad es de 12.200 Fuentes consultadas por LA NACION lo atribuyeron a la falta de espacio y a la imposibilidad de generarlo debido a la crisis económica por la que atraviesa el país, a lo que se suman otras cuestiones, como el endurecimiento en las excarcelaciones y el letargo judicial. El 85% de la población carcelaria está procesado, sin tener en cuenta los detenidos en comisarías -más de 7000-, que, en su mayoría, están en la misma situación. Y hay presos que pasan años, aun más de una década, sin sentencia firme, según la Defensoría de Casación. Un ejemplo: Alberto Castro estuvo casi 13 años preso en esta situación por un homicidio en ocasión de robo. El 25 del mes último, la Sala II del Tribunal de Casación redujo a 11 años una condena de 15 que se le había impuesto en diciembre de 1990 y sobre la que la defensa había pedido revisión. Castro fue excarcelado tres meses antes del último fallo. Fracaso Antes de que entrase en vigor el actual Código Procesal Penal, en 1998, la población carcelaria era de 10.000 reclusos y el 60% no tenía sentencia firme. Con la nueva ley, entre otras cosas, se pretendía reducir ese porcentaje de presos procesados. La libertad era la meta en esa nueva forma de impartir justicia, en la que el juez dejaba de ser el soberano de las causas y ocupaba sólo un papel en el control de las investigaciones impulsadas y encabezadas por el Ministerio Público Fiscal. Eso no ocurrió, por múltiples razones. Primero, aumentó el índice delictivo en la provincia. Luego, se agregaron reformas que desnaturalizaron la esencia garantista de un código que, por otra parte, no gozó de amplia aceptación judicial. En la resolución 19/2 del titular de la Defensoría General de Casación, Mario Luis Coriolano, se lee que en mayo de 2000 había 13.238 presos en cárceles y 2100 en seccionales policiales, y que el 5 de abril último los números habían ascendido a 17.383 y 6888, respectivamente. O sea: hay 4145 detenidos de más en penales y 4788 en comisarías. En ese período, la población en las celdas de la policía y del Servicio Penitenciario provincial (SPP) creció a razón de 388 internos por mes. Ayer había 18.062 internos a cargo del SPP: 14.996 procesados y 2448 penados. Hay 482 sobreseídos que siguen en unidades penitenciarias -por problemas psiquiátricos o socioeconómicos-, 123 con sistema de monitoreo electrónico y 13 en alojamientos transitorios, como hospitales. El subsecretario de Política Penitenciaria y Readaptación Social del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Marcelo Lapargo, sostiene que, de acuerdo con las recomendaciones de la ONU, los 33 penales bonaerenses tendrían capacidad para albergar a 11.067 personas. Ese número, según Lapargo, fue ampliado a 15.948 mediante reformas edilicias, sin respetar los dictados del organismo. En las comisarías provinciales el cupo es de 1277 personas, según la ONU, o de 3075, según la provincia. Oficialmente, hace una semana había en seccionales 7236 personas alojadas. De los detenidos, 12 están desde 1999; 227, desde 2000, y 2143, desde 2001. La policía no está formada para cumplir funciones penitenciarias. Esta superpoblación en cárceles y comisarías derivó en un deterioro de las condiciones edilicias, alimentarias y sanitarias. Y riesgos para presos y guardias, por motines, incendios, peleas y huelgas de hambre. Diferencias de criterio Acerca de los inconvenientes provocados por tales condiciones coinciden todos. En lo que no concuerdan es en cómo resolver el asunto. Los que adhieren a la línea dura del ex gobernador Carlos Ruckauf sostienen que hay que construir más cárceles. Fue durante su gestión, el 15 de marzo de 2000, cuando se aprobó la ley 12.405, que quitó a los jueces la potestad de determinar cuándo un hombre podía o no ser excarcelado. Y es notorio el aumento de presos a partir de entonces: de 13.238 a 18.062. Por ello, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Jorge Taiana, propuso flexibilizar las normas excarcelatorias, al igual que Lapargo. Coriolano ya había cuestionado aquella ley hace dos años. El camarista de San Isidro Fernando Maroto cree que el eje del problema es el fracaso del Código Procesal Penal y plantea la vuelta al cuerpo legal elaborado por Tomás Jofre en 1915. Según él, entre otras cosas, la actual norma ha demorado aún más el trabajo de la Justicia. De hecho -argumenta- cada vez hay más procesados y menos penados detenidos. En la óptica de la defensora general de Lomas de Zamora, Fernanda Mestrín, "no falla la ley, sino los operadores, que no cumplen con el control de constitucionalidad de los actos, principal función del Poder Judicial". La
norma para las excarcelaciones La ley 12.405, aprobada el 15 de
marzo de 2000, restringe las excarcelaciones. Por ejemplo, a partir
de la modificación del inciso F del artículo 171 del Código
Procesal Penal bonaerense, se deniega la excarcelación en los
delitos con violencia en las personas, como en el caso del robo simple
del artículo 164 del Código Penal, que reprime con prisión
de un mes a seis años al que lo cometa con violencia sobre las
cosas o sobre las personas, delito que antes era excarcelable. La idea del senador Horacio Román (PJ), titular de la Comisión de Seguridad de la Cámara alta, es separar este tipo de procesos del resto y para que la absolución o la condena se decidan lo antes posible. Su proyecto propone agregar seis ar- tículos al Código Procesal Penal. Se acotan los casos de flagrancia a delitos dolosos, cuya pena no supere los 10 años de prisión, y en concurso de delitos, cuando ninguno de éstos supere esa pena. En un plazo de 48 horas el fiscal deberá pedir al juez de garantías que transforme la aprehensión en detención y que declare si se trata de un caso de flagrancia. Lo que el juez decida no será impugnable. El
fiscal tendrá 15 días improrrogables para identificar
al imputado, obtener sus antecedentes y practicar peritajes. En ese
plazo el fiscal, el imputado y su defensor podrán pedir al juez
la suspensión del juicio a prueba o un juicio abreviado. Román
destacó que ante casos de flagrancia "en general no es necesario
incorporar otras pruebas adicionales más allá del acta
inicial, del secuestro del objeto y de todo lo recogido en esa acta".
En Olmos, el hacinamiento es la regla - En el penal con mayores problemas de albergue, 1800 reclusos estudian o trabajan; el resto no hace nada / LA PLATA.- Los guardias y jefes de la cárcel de Olmos avanzan por un túnel lóbrego y húmedo. Sus pasos retumban y se mezclan con voces lejanas que encuentran allí un eco breve. Entran en la oficina de control. Sobre una pared, un cuadro sinóptico dice que hay seis plantas, cada una con 12 pabellones que se abren, de a dos, como los rayos de un eje central circular. "Hoy hay 3369 internos. Mil son trabajadores y 800, estudiantes. El resto no hace nada", precisa Carlos Giúdice, segundo jefe de la unidad. Y sale de la oficina, acompañado por sus pares y por LA NACION. Se abre una puerta metálica y se presenta el jefe de Vigilancia y Tratamiento, Marcelo Iñigo. La comitiva camina hacia el centro del edificio. Otra puerta y una escalera. Las voces suenan más cercanas. Desde la escalera se accede, en cada piso, a "la redonda", el centro en el que convergen los radios de la estructura del penal. Hay doce puertas y otras tantas ventanas, muy pequeñas. En el primer piso surgen de esas aberturas manos que sostienen espejos: los presos quieren saber quién anda por ahí. "Vamos a entrar en un pabellón de trabajadores", dice Iñigo. Un guardia franquea el paso. Hay un comedor de seis por seis metros, cuatro celdas para seis personas en las que duermen doce o quince y, en el fondo, una cocina improvisada; a los presos no les alcanza con la comida que les da el servicio. Corrosión, frío y remiendos Las celdas, de barrotes cuya pintura verde agua no logra ocultar la corrosión, están abiertas, aunque tapadas por sábanas viejas; los presos pululan, saludan a guardias y a jefes. Las paredes y los pisos de hormigón ofrecen un aspecto sucio y tosco, húmedo y frío. Las ventanas sin vidrios dejan sentir el invierno. Los propios internos los rompen para pasarse, de piso a piso, cigarrillos, drogas, cualquier cosa atada con un cordel. Pese a esta ventilación forzada, el olor a orín, a comida ácida y a desinfectante se percibe en el aire. Lo mismo pasa con el tedio. En una celda, iluminada con el resplandor de una estufa de gas, hay cuatro presos sumidos en un silencio sórdido. Sólo uno de ellos habla: Diego, de 24 años y ojos vítreos, preso desde 1998 por robo calificado. Dice que no volverá a la cárcel. "Quiero aprender a bobinar motores. Empecé a robar a los 15; por las juntas , no por necesidad. Yo no vivía en una villa. Y acá estoy..." Otra vez la escalera. Otra vez "la redonda". En el segundo piso no hay saludos. Alguien grita "¡vigilante!" con voz de trueno y desencadena una breve pero general hilaridad. Hay aquí homicidas, pistoleros, reincidentes... Sujetos duros, siempre a punto de cerrar los puños -vacíos o con facas- ante la primera provocación: por ejemplo, un cigarrillo negado. LA NACION intenta hablar con un recluso con los antebrazos llenos de tatuajes ya verdes y mirada de pez. No se acerca. Desde el otro lado de los barrotes dice: "Ya vengo"; pero se va. En los pisos tercero y cuarto hay evangelistas. El cuarto es el más superpoblado: hay 700 presos, hasta 15 por celda. "Aleluya, aleluya" En el pabellón 11, una docena de hombres está arrodillada sobre frazadas, con la frente en el piso. Alguien grita: "¡Bendice a todo varón que entre en este lugar!... ¡Aleluya!", y cosas así. Giúdice murmura: "Son refugiados. Cuando entran, se les pregunta a los presos si quieren ir al cuarto piso. Y muchos se convierten al culto evangélico". En la cocina, cinco presos toman mate. Juan, de 27 años, llegó a Olmos hace dos años y tres meses. Lo condenaron a cinco: asaltó un supermercado e hirió en el tórax al dueño con una pistola 44. Tiene sida; fue por compartir jeringas para meterse cocaína en las venas. "Voy a salir, Dios existe", sostiene. Luis tiene 52 años, una esposa y cuatro hijas. Está preso desde hace un mes, por robo. El cielo se ha despejado y Luis está sentado en un banco, de espaldas a la ventana, sobre un charco rectangular de sol. "No soy chorro, soy chapista. Es la desesperación, vio...", comenta. Giúdice dirá luego que hay mucha gente que debería estar afuera, gente que ahora está encerrada por robar zapatillas o una bicicleta: "Los jueces no quieren excarcelar para no pagar el costo político en caso de a que alguno vuelva a delinquir". "No entregarse nunca" Quinto piso. Pabellón de universitarios. Parece otra cárcel, tal vez menos sórdida. Gabriel invita a LA NACION a sentarse a una mesa. Estudia Derecho y no la pasa tan mal donde está. Cayó hace casi seis años, salió un tiempo y volvió a entrar. Desarrolló una paciencia férrea. Pero
no siempre fue así: "¿Fuiste al segundo? -tuerce
la boca-. Yo estuve ahí. Perdí, un facazo en el hombro.
Después me sacaron. Para sobrevivir, acá hay que hacerse
respetar. No hay que entregarse. Nunca". Cuando se habla del tema, es desde la óptica de Buenos Aires, el mega-Estado provincial cuya densidad poblacional le permite decidir quién va a ser el presidente de la República y tener el mayor índice delictivo en todo el país. En Buenos Aires hay 33 cárceles al borde del estallido, además de los depositorios en comisarías, para más de 25.000 presos, entre procesados, que son legión, y condenados, los menos. Aunque la cosa va más allá de la relación entre encarcelados por metro cuadrado. Los especialistas determinaron que el aumento delictivo no responde sólo al crecimiento demográfico. El delito, en cambio, se disparó por los siguientes motivos: * Al delincuente profesional se le ha agregado el que actúa por necesidad, con el hambre como primer impulsor. Además, el común consumo de drogas potenció la audacia para decidirse a delinquir y, además, para hacerlo con extrema crueldad. * Los enfrentamientos internos en la Justicia desde la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal. * La animosidad de la Suprema Corte de Justicia para el Tribunal de Casación Penal, saturado por 10.250 causas derivadas del alto tribunal. * Hoy, la ausencia de un ministro en la Corte especializado en la materia y la rigidez de la ley 12.405, que veda muchas excarcelaciones. * La propia superpoblación, que, como un animal mitológico, se alimenta a sí misma: los presos, hacinados, mal alimentados, sin abrigo y sin remedios, se hacen seres enconados proclives a la reincidencia. El nuevo Código Procesal Penal comenzó a aplicarse en octubre de 1998. Sus detractores le imputan el haber paralizado la justicia bonaerense. Otros descreen de esa imputación. Explican que la nueva norma desplazó el sistema inquisitorial que ya había paralizado el dispendio de justicia. La vuelta de campana La vuelta de campana significó poner en manos del Ministerio Público lo que manejaban el juez y la policía. Que el código no es deficiente y que sí priman los celos y las pasiones lo prueba que en algunos departamentos judiciales -Quilmes, en el ejemplo- las ágiles normas dinamizaron los procesos e hicieron caminar rápidamente la maquinaria judicial. En cambio, donde los jueces se sintieron sacados de su eje -verbigracia, en San Isidro-, entre muchos de ellos y la policía se entorpeció el trabajo de los fiscales y, entonces sí, los casos se paralizaron y las cárceles se superpoblaron. Cuando
era inminente la puesta en marcha del Código ahora criticado,
LA NACION consultó con especialistas. En esa ocasión,
la idea de Alfredo Gascón Cotti fue visionaria: "Nadie puede
estar sanamente en contra del garantismo y de la oralidad -dijo-, pero
el cambio puede ser tremendo. Lo mejor sería la mutación
gradual. Pero Gascón Cotti no podía prever el encontronazo
entre la Corte y Casación, que sigue poblando las cárceles,
hasta que llegue la solución o el estallido. Jueves 6 de junio de 2002 - Las cárceles en la política
de seguridad - Hacinamiento,
desatención y malos tratos son los más evidentes problemas que presentan
los establecimientos penitenciarios del país, lo cual conspira contra
la creación de condiciones de seguridad.
En un informe, la Procuración Penitenciaria de la Nación ha señalando la persistencia de una "cultura del golpe" entre los guardias de los pabellones, pero además de tormentos y apremios ilegales, el maltrato queda configurado por la ausencia de instancias de resocialización, lo cual hace que los centros de detención se conviertan en ámbitos de socialización criminal. Así, los internos salen sin más destino que la reincidencia en el delito. Por otra parte, y a pesar del altísimo nivel de ineficacia del sistema de seguridad y de Justicia, las unidades penitenciarias se encuentran superpobladas. El porcentual de delitos que terminan esclarecidos y castigados es ínfimo, pero el 70% de los detenidos son procesados que no tienen condena. La capacidad carcelaria está superada en especial en las jurisdicciones de mayor densidad poblacional y de mayor criminalidad, siendo la provincia de Buenos Aires una de las más afectadas. Allí las cárceles hacinadas ya no admiten más internos, y ello ha llevado a que las detenciones se efectivicen en comisarías. Dado que éstas no disponen de infraestructura apropiada, se ven forzadas a destinar a la vigilancia de los calabozos un considerable número de efectivos que deberían estar cumpliendo funciones en la vía pública. Este cuadro da cuenta de un virtual colapso de un sistema penitenciario que se ha demostrado ineficiente ante el delito y que presenta el riesgo de motines. Por esta razón, las autoridades de la Nación y de la provincia de Buenos Aires ya han acordado que el dinero de algunos de los créditos que podrían llegar al país luego de un acuerdo con el FMI se destinen a la construcción de nuevas cárceles. Obviamente, las cárceles no son un remedio para el problema de la seguridad. Pero podrían contribuir a evitar la espiral de delito si cuentan con infraestructura y medios adecuados para ofrecer capacitación a los internos y reorientarlos productivamente. La emergencia en materia de seguridad parece justificar la edificación de nuevos centros de detención, pero obligan a implementar políticas sociales, económicas y educativas que tracen un horizonte diferente al resultante de la lógica del crimen y del encierro. (Editorial Diario Clarin) 1 de abril - Una Semana Santa de horror y muerte detrás
de los muros - Un intento de fuga frustrado y la disputa entre dos bandas
de presos fueron el inicio de la más sangrienta revuelta que tuvo lugar
en una cárcel. Siete presos fueron asesinados, descuartizados e incinerados.
Cuatro años después, un “telejuicio” aplicó severas condenas En
marzo del 1996, el Vía Crucis cobró otra dimensión. Mientras afuera
miles de fieles católicos celebraban la Semana Santa, detrás de los
custodiados muros de la cárcel de Sierra Chica, se vivía un verdadero
infierno. El motín que encabezaron el grupo de internos conocido como
“Los Doce Apóstoles” se cobró siete vidas. 1 de abril - Cada
vez más defensa de oficio El 90 por ciento de los acusados que
llega a juicio oral por delitos criminales en Capital Federal busca
defensores oficiales por falta de dinero para costearse un abogado privado,
tendencia que se repite en el interior y que desde el año pasado superó
todas las previsiones al compás de la crisis económica.
“Las circunstancias superaron ampliamente las proyecciones”, advirtió el 1° de marzo último en su informe al Congreso Nacional el titular de la Defensoría General de la Nación, Miguel Angel Romero, y, de acuerdo con estadísticas, las cifras le dan la razón. Las 20 defensorías ante los Tribunales Orales Criminales de Capital Federal defendieron sin costo alguno -como dispone la ley- a los acusados en el 90 por ciento de los juicios orales de 2001, según las cifras surgidas de un relevamiento del área. Otras 16 dedicadas a la asistencia durante la investigación de los delitos -lo que se conoce como etapa de instrucción-, absorbieron un porcentaje similar de causas. Es decir que las 20 defensorías de juicio oral, dos de ellas actualmente vacantes, tuvieron en 12 meses 4.754 causas, un promedio de 396 cada una. Según cifras que maneja la Defensoría General de la Nación, en el Interior hay 39 defensorías que se encargan de entre el 47 y el 90 por ciento de las causas que llegan a juzgados federales. En la ciudad rionegrina de General Roca, por ejemplo, cuatro defensorías responden por la suerte de entre el 75 y el 99 por ciento de los imputados en juzgados federales. Por la crisis faltan alimentos en las cárceles La crisis económica estaría afectando el abastecimiento de mercadería en las distintas unidades penitenciarias de la Provincia. Si bien no hubo confirmación oficial sobre el hecho, trascendió que en las unidades N° 9 de La Plata y la N° 1 de Lisandro Olmos ya se estaría notando la falta de alimentos, y la situación podría comenzar a agravarse en el transcurso de la próxima semana. En los últimos días la comida destinada a los detenidos habría sido sumamente escasa y el hecho ya habría causado reclamos en la población. De no recibir en las próximas horas las partidas de mercadería que debían llegar durante la semana pasada el desabaste-cimiento podría ser total. Se teme que la situación cause malestar en la población carcelaria y en los familiares de los internos. 20
de marzo - Vuelven a ordenar traslados
La Justicia platense ordenó a la Jefatura Departamental de nuestra ciudad
que traslade a detenidos de las comisarías a cárceles de la provincia,
debido a la superpoblación de presos que se registra en las distintas
seccionales a su cargo. La medida fue ordenada por la jueza Claudia
Marengo, que también dispuso que el Servicio Penitenciario Bonaerense
(SPB) arbitre los medios necesarios para concretar los traslados.
Voceros tribunalicios informaron que la magistrada dio curso al pedido de hábeas corpus que fue presentado oportunamente por el fiscal Marcelo Romero, en el que se denunciaba que las seccionales estaban superpobladas en un 300 por ciento. El fiscal Romero sostuvo que los detenidos de las comisarías deben contar con los servicios básicos y las condiciones mínimas exigibles en la situación de los procesados. En su resolución la jueza destacó que la crisis económica por la que atraviesa la provincia no justifica ninguna violación a los derechos que tienen quienes están privados de su libertad. En noviembre último, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó en el Tribunal de Casación Penal bonaerense un “hábeas corpus” masivo en defensa de los presos alojados “en situación de hacinamiento” en comisarías bonaerenses, recurso que aún no fue resuelto. Según denunció la entidad, las 640 comisarías de la provincia de Buenos Aires tienen una capacidad de alojamiento para 3.000 personas, pero a octubre último se alojaban en ellas unas 6.410 personas. Por otra parte, la superpoblación en comisarías platenses ya derivó en distintos hechos de alta peligrosidad, como motines, revueltas y -en los últimos días- fugas masivas como las ocurridas en las seccionales Octava y Ensenada Tercera (El Dique). CONVENIO PARA EL TRASLADO DE DETENIDOS DE COMISARÍAS EN SAN ISIDRO SAN ISIDRO, Marzo 13 (Agencia NOVA) Con el objetivo prevenir los delitos, la violencia y promover el traslado de detenidos alojados en comisarías a dependencias carcelarias, la Municipalidad de San Isidro adhirió al acuerdo para la implementación del Plan nacional de Prevención del Delito y firmó un convenio con provincia de Buenos Aires, que prevé el traslado de detenidos alojados en comisarías policiales al sistema del Servicio Penitenciario Federal. Por la comuna, suscribió el documento el intendente municipal, doctor Gustavo Posse, haciendo lo propio por la Provincia el Ministro de Justicia y Seguridad, doctor Luis Genoud. Es de señalar que el Plan surge del Convenio Marco Tripartito firmado por los gobiernos Nacional, Provincial y de la Ciudad de Buenos Aires. La Municipalidad de San Isidro deberá constituir un equipo distrital que tendrá a su cargo coordinar y ejecutar las acciones y actividades establecidas en el Plan Nacional, así como para la cooperación conjunta e intercambio de experiencias ya acumuladas en materia de prevención del delito. El gobierno bonaerense por su parte se compromete a coordinar con el municipio la implementación del plan en las diversas zonas de su jurisdicción; a la capacitación de los Equipos Técnicos Regionales y Distritales; a brindar asistencia para el establecimiento de esquemas de compromiso, cooperación y articulación con otros actores gubernamentales y a establecer mecanismos de monitoreo del plan bajo la modalidad de la supervisión permanente. Una de las cláusulas del convenio firmado alude a la mecánica a instaurar para reducir la población alojada en comisarías. Se indica que "la selección de los detenidos que serán remitidos a instalaciones del Servicio Penitenciario Federal se atendrá a las condiciones de: a) Alojados en Comisarías ubicadas en los distritos del conurbano bonaerense que participen y hayan adherido expresamente al Convenio Marco; b) Dichos municipios, en cumplimiento de los términos del Convenio Marco, deberán colaborar activamente para implementar en su jurisdicción, en todo cuanto de ellos dependa, el Plan Nacional de Prevención del Delito". (Agencia NOVA) 14
de marzo - Habeas por hacinamiento El fiscal de Ejecución penal pidió
el traslado de presos de la comisaría Octava, de 7 y 74. Hace pocos
días hubo una fuga masiva en esa dependencia. Hay 38 detenidos. Sólo
hay lugar para 18 El
fiscal de Ejecución penal de La Plata interpuso un recurso de hábeas
corpus en favor de 38 detenidos alojados en la comisaría ubicada en
la avenida 7 entre 74 y 75 de nuestra ciudad, que tiene cupo para 18
presos. 13 de marzo - Miercoles 13 de marzo: DECISION DE LA JUSTICIA PORTEÑA Le dan el registro a un taxista con antecedentes por robo El hombre fue condenado en 1996 y cumplió la sentencia. Los jueces dijeron que negarle la posibilidad de trabajar es inconstitucional. El Gobierno de la Ciudad apelará ante la Corte Suprema. (haga clic aca y lea la nota completa) 3 de marzo - La Corte dijo a camaristas que vean a los presos La Suprema Corte de Justicia de La Provincia de Buenos Aires dispuso que los presidentes de las Cámaras de Apelaciones con competencia penal de todos los Departamentos Judiciales realicen visitas trimestrales a las comisarías para constatar las condiciones de detención y el estado de los presos. Este acuerdo amplía uno anterior en el que se indicaba que las visitas debían realizarse a unidades penitenciarias, pero sin hacer referencia a los calabozos policiales donde son alojados procesados penales, informaron ayer fuentes judiciales. La Corte provincial requirió además al Gobierno bonaerense de Felipe Solá que ”haga conocer a este tribunal las medidas que hubiese adoptado y que adoptará en el futuro inmediato en orden a estos hechos”. Añadió que esta medida está relacionada con las sucesivas presentaciones que hicieron magistrados y fiscales sobre la situación de alojamiento que afrontan los detenidos en las comisarías. Una de esas presentaciones fue la interpuesta por el fiscal de Ejecución Penal Marcelo Romero. Los jueces, además de entrevistarse con los detenidos, “deben recorrer la totalidad de las instalaciones y observar las condiciones en que se encuentran recluidos los procesados”, explicaron las fuentes. Es que hubo numerosas denuncias sobre malas condiciones de alojamiento y maltrato de detenidos e incluso Amnesty International volvió a advertir recientemente sobre tormentos a los presos en establecimientos bonaerenses. Y el año pasado la Corte también embistió al accionar policial al indicar que había muchos menores que habían muerto en presuntos enfrentamientos después de denunciar malos tratos en sus lugares de detención. En el Departamento Judicial La Plata, fuentes judiciales adelantaron que ”el Presidente de la Cámara de Apelaciones y Garantías Eduardo Raúl Delbés tal vez no tenga inconveniente en salir de vez en cuando de su despacho para concurrir a los lugares de detención para constatar las condiciones de alojamiento”. 1
de marzo Intento de fuga en Romero Internos de la Unidad Penal
número 35 de Melchor Romero habrían planeado una fuga masiva. Cuando
los descubrieron ya habían logrado cortar un alambre exterior, roto
las rejas de una ventana y tenían varias armas blancas de fabricación
casera. 1
de marzo - Bajar la guardia
- Un preso que estaba en la Octava la noche de la fuga declaró ante
la fiscal y complicó la situación del policía procesado. Dijo que el
imaginaria cobró una fuerte suma de dinero para abrir los candados de
los calabozos. Sigue la búsqueda de los evadidos y el “Manos Vendadas”
denunció apremios La
situación del imaginaria de la comisaría Octava sospechado de haber
cobrado una suma de dinero a cambio de permitir la fuga de 17 detenidos
se vio sumamente complicada ayer, con la declaración de un interno de
la seccional que observó los movimientos previos al hecho pero no se
movió de su celda. 1 de marzo - Procesan a un policía por la fuga en la Octava - Se trata del sargento que estaba a cargo de los calabozos la noche que se escaparon 17 presos. Tres fueron recapturados. Otro se entregó. Sospechan que los reos habrían sobornado al guardia con unos 5000 pesos La Justicia penal platense dispuso el procesamiento de un imaginaria de la comisaría Octava, sospechado de ser quien facilitó la evasión de 17 presos alojados en esa dependencia, presuntamente a cambio de una suma de dinero. El misterioso episodio que puso a los reos en la calle se produjo antenoche, alrededor de las 23, cuando los calabozos estaban bajo la “custodia” del sargento ayudante Juan Carlos Marchán, según informaron fuentes tribunalicias. En la seccional, con capacidad para alojar a 20 hombres, había 40. Según admitieron voceros de la Jefatura Departamental La Plata, los detenidos debieron franquear tres puertas con barrotes y candados antes de acceder a un patio y saltar al portón que da a la calle 74, a metros de su intersección con la avenida 7. Una vez libres, los fugados se dispersaron en distintas direcciones. No pasó mucho tiempo antes de que el personal de la Octava advirtiera sobre lo sucedido al Comando de Patrullas y al resto de las comisarías de la Departamental, con las que se montó un operativo rastrillo que arrojó resultados verdaderamente pobres: al filo de la madrugada de ayer sólo fueron recapturados dos de los evadidos. Se trata de Juan Merlo y Luis Abiuso, detenidos en inmediaciones de la seccional. El tercero fue atrapado anoche. Se llama Hernán Larraniaga y saltó a la “fama” luego de que sufriera gravísimas quemaduras cuando se desató un misterioso incendio en la celda de castigo en la que estaba alojado en la Unidad 9. Su familia denunció entonces que se trató ni más ni menos que de un atentado, ya que por esos días estaba a punto de recuperar su libertad. Larraniaga fue dado de alta luego de estar internado durante dos meses. Poco después volvió a ser noticia: salió a robar y cayó preso. Las víctimas lo identificaron por el vendaje en sus miembros superiores, que le hicieron ganar el mote del “manos vendadas”. Días atrás participó en el motín de la comisaría Novena (ver aparte) y así recaló en la Octava. Uno de los 17 evadidos volvió al calabozo por decisión propia, luego de presentarse ayer a la mañana ante la fiscal del caso, Virginia Bravo. Fue identificado como Víctor Emilio González. En tanto, se supo que dos de los reos que escaparon son oriundos de la localidad de La Matanza, hacia donde huyeron luego de interceptar a un remisero y robarle el auto. El coche apareció; ellos no. Se llaman Jose Maceira y Paulo Espinoza, y estaban presos por robo calificado, igual que la mayoría de los otros 15 hombres que protagonizaron la evasión. Al cierre de la presente edición, la policía buscaba intensamente a Osvaldo Villalba, David Pereyra, Tomás Mieres, Juan Ponce de León, Matías Fernández, Oscar Figueroa, Sebastián Sena, Angel Blanco, Luis Toledo, Emilio Alé, Wilfredo Acosta. A los investigadores les toca dilucidar cuáles son las circunstancias que rodearon la fuga. Según trascendió, los primeros en detectar el hecho fueron el subcomisario Mario Ciuccio y el oficial de servicio Fabián Ramos, quienes llegaron a los calabozos minutos después de que los reclusos ganaran la calle. Se encontraron con las celdas abiertas y los candados prolijamente colocados sobre unas bolsas de cemento. Lo primero que hicieron fue preguntarle al responsable del sector, el sargento ayudante Marchan, qué era lo que había pasado. “Respondió con evasivas”, informaron fuentes de la Departamental, por lo que fue inmediatamente aprehendido y trasladado a la comisaría Sexta. Las máximas autoridades de la fuerza dispusieron su pase a disponibilidad preventiva. Igual suerte corrió el oficial ayudante Ramos, aunque no quedó detenido ni procesado por delito alguno. Los pesquisas a cargo de la fiscal Bravo creen que los detenidos habrían contado con la complicidad de Marchan, quien en la tarde de ayer recuperó la libertad luego de negarse a prestar declaración. “El policía tenía a su cuidado la puerta de acceso (a los calabozos) y sus declaraciones no fueron convincentes al explicar lo sucedido”, reconocieron las autoridades de la comisaría Octava. Las fuentes reconocieron que es posible que los detenidos “hayan pagado al policía una suma de dinero para fugarse, tras lo cual éste les abrió las puertas de los calabozos”. “No había boquetes en las paredes ni cerraduras forzadas, por lo que no se entiende cómo lograron abrir tres puertas de rejas”, dijeron los voceros. A favor de esta hipótesis juega la sorpresiva visita que la abogada de los dos evadidos de La Matanza hizo a sus defendidos en la tarde del último martes, horas antes del hecho. Fuentes altamente confiables dijeron a Trama Urbana que la letrada habría depositado en manos de Maceira y Espinoza unos 5000 pesos. El juez de Garantías en turno, César Ricardo Melazo, dispuso ayer que los 170 presos que actualmente se encuentran a disposición de su juzgado, alojados en distintas comisarías platenses, sean inmediatamente trasladados a unidades penales bonaerenses. Sus pares Guillermo Federico Atencio y Néstor De Aspro librarían la misma orden en las próximas horas. El objetivo: desactivar una bomba de tiempo. Una
bomba de tiempo difícil de desactivar El 12 de febrero pasado,
la jueza de Ejecución Penal Claudia Marengo ordenó que cien reclusos
alojados en comisarías platenses fueran trasladados a unidades penales
bonaerenses, tras conside-rar que están hacinados y eso agrava las condiciones
de detención. La medida hizo lugar al amparo presentado por el fiscal
de Ejecución Penal, Marcelo Romero, quien denunció que las seccionales
están superadas en su capacidad de alojamiento en un 300 por ciento.
La Jefatura Departamental de La Plata informó que el organismo penitenciario provincial “acordó con la jueza un traslado paulatino, de un promedio de 6 o 7 presos por día, ya que aún no tienen 100 vacantes”. En su resolución, la magis-trada reclamó “soluciones de fondo que van más allá de la construcción de nuevos establecimientos de detención”. La problemática no es nueva, pero los efectos parecen cada vez más difíciles de prever. El último domingo 17, unos 23 internos de la comisaría Novena se amotinaron para cubrir una tentativa de fuga, aprovechando que a pocas cuadras de allí se disputaba el clásico Gimnasia-Estudiantes. 27/2/2002 - 8:34 Violento motín en la cárcel de Coronda: dos muertos Dos internos de la cárcel santafesina de Coronda murieron esta madrugada durante violentos disturbios originados en el pabellón 10, que derivaron en un motín al que se plegaron presos de otros nueve pabellones. Los presos muertos fueron identificados como Iván Julio Mosqueda y Claudio Alberto Antonio. |
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