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24 de febrero - Furia menor La revuelta se desató a las 16.20. El Instituto de menores de Abasto fue copado por los 56 internos. Tres celadores tomados como rehenes terminaron heridos en el hospital. Un centenar de policías dominaron la situación tres horas después. Reclamaban por malos tratos y traslados. Por Kevin Cavo especial para diario Hoy de La Plata. Reclamos y traslados. Fueron las dos versiones que se escucharon para explicar el violento motín que se produjo ayer, a partir de las 4.20 de la tarde, en el Instituto de menores Aráoz Alfaro, ubicado en 520 y 222 de la localidad de Abasto, a unos 15 kilómetros de La Plata. Los internos -cerca de 60- se manifestaban por malos tratos y pidiendo mejoras en la comida. La revuelta también fue fundada en el traslado del menor conocido como “el Tata”, uno de los supuestos cabecillas del Instituto, a quien iban a ubicar en el Almafuerte, otro edificio de las mismas características, ubicado a pocos kilómetros. Los internos pedían traslados, a lugares “más humanos”.
Como consecuencia de la revuelta que se extendió poco menos de 3 horas, tres celadores tomados como rehenes, fueron heridos aunque no de gravedad y debieron ser trasladados de urgencia al hospital de Melchor Romero. La versión oficial manifestó que entre los 56 amotinados “no hubo que lamentar víctimas”...(?!). A las largas horas de tensión se le sumó el dramático reclamo de los familiares de los internos, quienes se presentaron en el lugar una vez que conocieron la noticia por los medios de comunicación, aduciendo que “el maltrato es diario y corriente, y las condiciones en las que están los chicos propician este tipo de cosas.
Carlos Raidán, José Pinola y Mauro Alvarez recorrían los dos pabellones que albergan los 56 internos. La normalidad de la tarde nunca hizo suponer a los celadores que de un momento a otro el lugar se transformaría en un caos al que llevaría horas ponerle fin. Un grupo de 10 internos se abalanzaron sobre los tres empleados del lugar y los tomaron de rehén. Los handys policiales se estremecieron en llamadas por pedido de apoyo. Eran las 4.20 exactamente y la revuelta, una más, se había desatado.
La 520 se pobló de azul. A gran velocidad camionetas repletas de policías de gendarmería, caballería y antitumulto volaban hacia el Instituto. Las ambulancias, bomberos y los autos particulares con los jefes policiales perseguían el mismo destino. “Son 56 menores que tienen a tres celadores bajo amenaza de muerte. Están munidos de armas cortantes como púas fabricadas con patas de muebles, alambres y garrotes”, se escuchaba en las conversaciones de los uniformados. Nadie, en ese momento y hasta el final de la revuelta, dio una versión oficial de lo que estaba sucediendo. Pero no era difícil de adivinar: era un motín protagonizado por la totalidad de los internos, un verdadero caos de alto voltaje.
Las horas transcurrieron entre puertas de camionetas que se abrían y arrojaban decenas de policías fuertemente pertrechados; integrantes del cuerpo antitumultos que iban y venían y un portón de grandes dimensiones que se abría y cerraba al instante. Tras el gran murallón que rodea el Instituto los gritos y detonaciones ofrecían un relato casi pormenorizado del hecho.
“Sigue todo igual”, era lo único que se escuchaba de boca de los policías que custodiaban el acceso al lugar. El hermetismo y la intriga duró dos horas cuarenta y cinco minutos, hasta las 19. El helicóptero de la policía ya sobrevolaba la zona, toda la fuerza policial estaba adentro y un gran número de uniformados rodeaba el predio: “...parece que intentan escaparse por los techos”, se escuchó decir detrás del muro. El movimiento adelantaba la inminente entrada de los azules a los pabellones. A esa altura los celadores ya estaban heridos. Los chicos amenazaban con prender fuego los colchones y el reino de la prisión estaba en total dominio de los prisioneros. Otros 15 minutos y el peso de las armas recayó sobre los amotinados con una seguidilla de detonaciones que enloquecieron a las madres que se encontraban afuera, mientras imaginaban a sus hijos receptores de aquel terrible barullo policial.
Poco después de las 19 se abrió el gran portón grisáceo y como un mancha blanca salió disparada la ambulancia que trasladaba a dos de los celadores con heridas. Ya no había rehenes y en cambio, los 56 amotinados eran reducidos por un número superior de policías armados con “armas largas que disparan proyectiles para nada peligrosos, sólo se usan como detonaciones para poner un poco de control”, manifestó una alta fuente policial.
“El tata”
A los reclamos de siempre (malos tratos, mala alimentación, pésimas condiciones de alojamiento y traslados a lugares “mas humanos”), al motín de ayer se le sumó un aditamento extra. Entre las razones que generaron el conflicto se encuentra el traslado de uno de los menores conocidos como “el tata”. Al parecer éste sería uno de los líderes del grupo recluido en el Aráoz Alfaro. Aunque la policía no especificó a quién, sí mencionó que ayer por la tarde iban a realizar el traslado de un “interno conflictivo”. Fuentes internas del Instituto manifestaron a este medio que se trataría de “el tata”, “personaje conocido dentro y fuera del Instituto” (dijo una fuente”, de quien no se mencionó edad ni delito por el cual está privado de la libertad.
La vuelta de la calma
A las 19.20 el lugar estaba tan silencioso como antes de la revuelta. Los policías del Instituto ya habían pasado lista y el total de 56 internos estaba presente. “No hay ningún prófugo”, dijo a la prensa el comisario inspector Roberto Savasta, jefe de la Jefatura Departamental La Plata. Quien agregó que “la fuga no era ningún problema, al zona estaba rodeada y en ese caso se los hubiera detenido, el peligro era que esto se transforme en una situación sin control y la vida de los celadores corrieran peligro”.
Cuando Savasta subió al patrullero que lo condujo al edificio de 12, 60 y 61 adentro en el Aráoz había silencio. Afuera, en cambio, una madre seguía pateando sin consuelo el gran portón gris. Quería saber cómo estaba su hijo.

La furia adentro y el dolor afuera Dentro y fuera del Aráoz Alfaro se vivieron momentos difíciles. Adentro los chicos, protestando; afuera las madres, con una llanto fundado en el miedo, el temor por la integridad de sus hijos. Imaginando lo peor los familiares de los internos protestaron por el trato dispensado “por siempre” a los chicos. Y al ruido ensordecedor de las ciegas detonaciones las mujeres -algunas adolescentes que dijeron ser hermanas de internos- respondieron con furia y llanto. “Los chicos son maltratados todos los días. Nosotras las madres nos preguntamos qué pasa con las autoridades, quieren matarlos”, dijo Elba, una madre que llegó sobre el final de la revuelta, cuando los ánimos se habían disipado pero había seguido el hecho por la radio. Otra madre que estaba acompañada por su hija había llegado hasta el retirado lugar a bordo de un ciclomotor. “Tenemos miedo por los chicos porque ‘estas bestias’ ahora entran y los matan a palos”, manifestó en alusión a los policías armados que en fila india ingresaban por el portón principal. Cuando los disparos rompieron el silencio el dolor de la mujer se transformó en patadas contra el portón; “...imaginate lo que debe ser para una madre escuchar los tiros y saber que su hijo está ahí adentro”, se escuchó de una periodista de un reconocido medio nacional.

Historias de violencia en el Aráoz En noviembre del año pasado la Justicia Penal platense procesó a ocho celadores acusados de golpear con palos y caños a siete internos del Instituto Araoz Alfaro. Además, los empleados fueron acusados de haber organizado una fuga masiva que protagonizaron 43 menores del Instituto el 10 de febrero de ese año. La medida fue adoptada por los fiscales platenses Marcelo Eduardo Martini y Carlos Alpino Vercellone, tras evaluar las declaraciones de los adolescentes y los informes médicos y las fotografías que reflejaban las lesiones sufridas por los menores. Las fotos, tomadas por los peritos policiales esa misma noche, indican que no existió una lucha, y que sólo hubo un bando que soportó los golpes, el de los menores, y que esos golpes fueron propinados con total salvajismo. Los celadores imputados de los delitos de apremios ilegales y lesiones graves en concurso ideal fueron identificados como Oscar Eulogio Aranda, jefe de Seguridad del Aráoz Alfaro; José Miguel Barrionuevo, José Luis Alvez, Gerardo Daniel Giménez, Roberto Gabriel Fernández, Carlos Alberto Caballero, Néstor Américo Ponce y Héctor Ruiz. Por otro hecho similar, esta semana tres empleadas del Consejo del Menor y la Familia quedaron detenidas mientras que un cuarto sujeto no pudo ser localizado, todos acusados del delito de vejámenes reiterados en perjuicio de un grupo de chicos tutelados por el estado que se encontraban alojados en el instituto de Menores de 121 entre 33 y 34, de El Dique. La denuncia por el tratamiento degradante físico y moral de los chicos, muchos de ellos con síndrome de down, fue realizada en junio de 1999 por la entonces jueza de Menores Irma Lima ante la Unidad Funcional de Instrucción Números 2 de La Plata a cargo de los fiscales Mariano Ignacio Lasarte y Ana Medina, con intervención del juez de Garantías César Ricardo Melazo. Según las fuentes, las detenidas fueron identificadas como Gladiz Ramona Illescas de 41 años, Ada Dorotea Congregado de 49 y Vilma Estela Pérez de 40.

Se recuperan los heridos Los tres celadores heridos el viernes por la tarde en el motín del instituto de menores Aráoz Alfaro ubicado en la localidad de Abasto se recuperaban ayer favorablemente. Los médicos del hospital Melchor Romero -nosocomio al que fueron conducidos de urgencia luego de la revuelta- manifestaron que las heridas eran de importancia pero no riesgosas para la vida de los tres hombres. En tanto, fuentes policiales de la Jefatura Departamental volvieron a manifestar -ya lo habían hecho con posterioridad a la revuelta- que entre los 56 menores que se amotinaron no existen heridos. No obstante, la madre de un interno que se comunicó a esta redacción dijo que “es mentira lo que dice la policía. Sabemos bien que algunos chicos recibieron golpes que les ocasionaron distintas heridas”. La revuelta se inició a las 4.20 de la tarde del viernes luego de que un grupo reducido de internos tomaran de rehén a tres celadores. Durante tres horas mantuvieron en jaque al poder policial. Pedían mejoras en las condiciones de alojamiento y traslados.

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23 de febrero - Vejámenes y tormentos Cuatro empleados de Minoridad están acusados de castigos físicos y psíquicos a un grupo de menores con causas asistenciales, muchos de ellos con discapacidades. La denuncia fue realizada en 1999. Ayer fueron detenidas tres mujeres y falta la aprehensión de una cuarta persona Tres empleadas del Consejo del Menor y la Familia quedaron detenidas ayer mientras que un cuarto sujeto no pudo ser localizado, todos acusados del delito de vejámenes reiterados en perjuicio de un grupo de chicos tutelados por el estado que se encontraban alojados en el instituto de Menores de 121 entre 33 y 34, de El Dique.
La denuncia por el tratamiento degradante físico y moral de los chicos, muchos de ellos con síndrome de down, fue realizada en junio de 1999 por la entonces jueza de Menores Irma Lima ante la Unidad Funcional de Instrucción Números 2 de La Plata a cargo de los fiscales Mariano Ignacio Lasarte y Ana Medina, con intervención del juez de Garantías César Ricardo Melazo.
Desde entonces la causa- número 31434- siguió sus pasos y pudo comprobar la existencia de malos tratos hacia los menores.
Mientras la investigación seguía su curso, en forma preventiva el personal sospechado fue retirado del trato con los chicos y derivado a tareas administrativas.
Finalmente el juez Ricardo Melazo ordenó las detenciones de los cuatros empleados.
Las capturas
Ayer, poco después de las 14, una comisión policial de la Comisaría Tercera de Ensenada procedió a la aprehensión de Gladiz Ramona Illescas de 41 años, Ada Dorotea Congregado de 49 y Vilma Estela Pérez de 40.
Las tres mujeres fueron demoradas en sus lugares de trabajo y trasladas a la Comisaría de la Mujer donde permanecerán detenidas hasta que sea definida su situación.
Según indicaron las fuentes, los arrestos se efectivizaron una sede administrativa de Minoridad, donde las tres mujeres cumplen funciones desde que fueron separadas del trato con los menores.
En tanto, un cuarto empleado, cuyo datos filiatorios no se dan a conocer para no entorpecer la investigación, no pudo ser localizado porque no se encontraba en la ciudad ya, según se informó, estaría de vacaciones en la Costa.
De todas formas, los familiares de este imputado contrataron a un abogado particular que anoche presentó un pedido de excarcelación ante el juzgado de Garantías, por intermedio de la Secretaría a cargo del Dr. Cristian Citterio.
Según se desprende de la investigación judicial, los empleados habrían propinado todo tipo de malos tratos hacia los menores tuteados.
Entre las acusaciones que figuran en el expediente, se encuentran que los chicos, en su mayoría con serios problemas de salud, no solo eran privados de afectos y atenciones sino que muchas veces no eran alimentados, los hacían dormir desnudos, los insultaban y golpeaban.
Por citar sólo uno de los casos que figura, a uno de los chiquitos se le constató una lesión de carácter grave en la espalda tras haber recibido “latigazos” con un trapo de piso, a modo de reprimenda.
Las tres detenidas serán trasladadas a primera hora de hoy a las fiscalías de calle 7 y 56 donde el fiscal Mariano Lasarte les tomará declaración indagatoria.
El delito que se imputa es el de “Vejámenes reiterados”. Se trata de las continuas y graves degradaciones físicas y morales a las que fueron sometidos los pequeños, que se encontraban privados de su libertad o internados en el marco de un régimen asistencial.
Si bien ayer se concretaron la mayoría de las detenciones, llamó la atención en ámbitos tribunalicios el tiempo empleado para la tramitación del expediente. Las terribles lesiones se cometieron hace casi tres años. Durante todo ese tiempo los acusados siguieron trabajando bajo la misma órbita del Consejo del Menor.
Un antecedente
En noviembre del año pasado la Justicia Penal platense procesó a ocho celadores acusados de golpear con palos y caños a siete internos del Instituto Araoz Alfaro.
Además, los empleados fueron acusados de haber organizado una fuga masiva que protagonizaron 43 menores del Instituto el 10 de febrero de ese año. La medida fue adoptada por los fiscales platenses Marcelo Eduardo Martini y Carlos Alpino Vercellone, tras evaluar las declaraciones de los adolescentes y los informes médicos y las fotografías que reflejaban las lesiones sufridas por los menores.
Las fotos, tomadas por los peritos policiales esa misma noche, indican que no existió una lucha, y que sólo hubo un bando que soportó los golpes, el de los menores, y que esos golpes fueron propinados con total salvajismo.
Los celadores imputados de los delitos de apremios ilegales y lesiones graves en concurso ideal fueron identificados como Oscar Eulogio Aranda, jefe de Seguridad del Aráoz Alfaro; José Miguel Barrionuevo, José Luis Alvez, Gerardo Daniel Giménez, Roberto Gabriel Fernández, Carlos Alberto Caballero, Néstor Américo Ponce y Héctor Ruiz.

22 de febrero - Salvajes castigos e insultos Los menores alojados en un instituto eran golpeados con palos y gomas. Los empleados propinaban un trato denigrante y los sometian a reales torturas. Ayer, se negaron a declarar las tres mujeres detenidas Se negaron a declarar ayer, las tres empleados del Consejo del Menor y la Familia, detenidas el miércoles, acusadas del delito de vejámenes reiterados en perjuicio de un grupo de chicos tutelados por el estado que se encontraban alojados en el instituto de Menores de 121 entre 33 y 34, de El Dique. En tanto, trascendieron detalles de los aterradores castigos a los que sometían a los pequeños. Gladiz Ramona Illescas ( 41), Ada Dorotea Congregado (49) y Vilma Estela Pérez (40), fueron trasladadas ayer desde la Comisaría de la Mujer donde permanecen, alojadas hasta la Unidad Funcional de Instrucción Números 2 de La Plata a cargo de los fiscales Mariano Ignacio Lasarte y Ana Medina. Sin embargo, las detenidas optaron por el silencio y decidieron no someterse a la indagatoria de la Justicia. Las mujeres junto a un cómplice que se encuentra aún prófugo, fueron denunciados en 1999 por la entonces jueza de Menores Irma Lima, tras tomar conocimiento de los tormentos a los que eran sometidos los niños discapacitados -leves y moderados- que eran tutelados por el estado.Según se desprende de la investigación, los castigos físicos resultaban ser una práctica habitual. El empleado masculino utilizaba para los castigos indistintamente “una goma que quitaba de un secador o el palo que también quitaba, o un trapo de piso mojado, una zapatilla o sus propias manos, las femeninas, indistintamente emplearon sus manos, dándoles cachetadas o golpes en la cola o zapatillas y ojotas”. Los chiquitos también eran sometidos a constantes humillaciones. Les decían: “guacho de mierda”, “por algo estás acá”, “por qué no aprendes, cuándo vas a aprender”, “rengo de mierda”, “pendejo de mierda”, “puto de mierda, que sos puto”, “tarado de mierda”, “monguis”, entre otras cosas. Dos de las femeninas, además, los desnudaron y encerraron en sus cuartos, en varias ocasiones, dejándolos arbitrariamente sin comer.

20 de febrero - De Batán a Melchor Romero Sesenta y nueve internos desataron un motín. Fueron derivados a la Unidad 29: la “supercárcel”. Habían quemado colchones en un pabellón y armaron una barricada en la puerta. Había internos muy peligrosos Un total de 69 reclusos que reclamaban ser trasladados a otras penitenciarias y se amotinaron en la Unidad Carcelaria XV de Batan fueron trasladados ayer a la mañana a la Unidad Nro. 29 de Máxima Seguridad de Melchor Romero, ubicada en la avenida 520 entre 174 y 175. Fuentes penitenciarias informaron a este medio que en la revuelta desatada en Batán “no hubo heridos ni rehenes” aunque, de todos modos “la superioridad dispuso el traslado de la totalidad de los revoltosos a la Unidad 29 por sus especiales, individuales y estrictas condiciones de alojamiento”. Los denominados “revoltosos” fueron sometidos ayer a una revisación médica que fue supervisada por los fiscales de Ejecución Penal de La Plata Marcelo Carlos Romero y Maribel Furnus. De los 69 internos, sólo 11 quedarían alojados en la unidad 29, por poseer antecedentes de mayor peligrosidad. El resto de los presos será derivado a otras cárceles penales más cercanas a sus domicilios legales para poder ser visitados por sus familiares. La revuelta en Batán comenzó el lunes a la noche, alrededor de las 20, y finalizó dos horas más tarde en el pabellón número 6, participaron unos 69 internos provenientes del Gran Buenos Aires, los cuales disconformes por su detención en el penal de Batan, exigían ser trasladados a otras prisiones cercanas a sus domicilios. Los presos habrían quemado los colchones que había en ese pabellón e hicieron una barricada en la puerta de ingreso del sector para que los efectivos del servicio penitenciario no pudieran ingresar. La policía informó que no hubo lesionados ni rehenes a pesar de la tensa situación que se vivió por momentos. El motín culminó cuando el fiscal de Mar del Plata, Marcos Pagella se hizo presente en la cárcel y luego de unos minutos concedió el pedido de los reos

18 de febrero - El peligro siempre latente de una revuelta alarma a los vecinos de las seccionales Las comisarías de la región están desbordadas. La gente teme por las fugas masivas. Esta semana una jueza ordenó el realojamiento de cien internos. El Servicio Penitenciario advirtió que las cárceles no alcanzan. En La Plata hay quinientos presos alojados en calabozos de dependencias barriales El alojamiento de internos en comisarías se encuentra tan desbordado como el de las cárceles. El Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario bonaerense debieron responder esta semana a un pedido de informes que solicitó la jueza de Ejecución penal Claudia Marengo. Las autoridades alertaron, una vez más, sobre la incapacidad para continuar alojando presos. En los últimos meses se incrementó el delito y por ende, las detenciones. Pero no se completaron las construcciones de las unidades carcelarias que estaban planificadas ni tampoco se reacondicionaron las existentes. Eso mismo fue lo que contestaron las autoridades respectivas a la jueza Marengo. La magistrada debía resolver un habeas corpus presentado por el fiscal Marcelo Romero en el que se denunciaba la superpoblación en las comisarías de La Plata y se requería un urgente traslado. La jueza de Ejecución hizo lugar el jueves al habeas y dispuso los traslados. En total serán 100 internos los que derivarán a cárceles sobre un total de 500 que se encuentran alojados en los calabozos de las seccionales barriales. Pero irán solo siete por semana. Es decir, que todavía no se había producido los primeros siete traslados cuando ayer se registró la primer revuelta. Ocurrió en la Novena de La Plata, en 5 y 59. Una dependencia ubicada, según la jerga policial, en una de las “zonas más calientes” del égido urbano. La seccional tiene a su cargo la vigilancia del fuero penal de 8 y 56, la custodia de jueces y fiscales, el traslado de presos para las indagatorias, el correo oficial, otras coberturas en edificios públicos (como el de Obras Públicas) y sanatorios. Ante este panorama, la posibilidad de una fuga masiva o un incendio provocado está siempre latente, en particular, en una comisaría como la de 5 y 59. Superpoblación del 300 por ciento Una semanas atrás, el fiscal Marcelo Romero había presentado un recurso de hábeas corpus frente a “presuntos agravamientos en las condiciones de detención de un centenar de personas alojadas en comisarías y subcomisarías dependientes de la Jefatura Departamental La Plata”. La jueza Claudia Marengo (ver recuadro) hizo lugar a la petición del fiscal basándose en los datos aportados por el letrado. No es la primera vez que el fiscal Romero toma una iniciativa para contribuir en el mejoramiento del pasar de los presos. Lejos de tomar distancia de la paupérrima situación carcelaria de la provincia de Buenos Aires, Romero fue claro y contundente a la hora de dar las razones que fundamentaban su pedido: “Las comisarías están desbordadas en su capacidad en un 300 por ciento”. La capacidad de las seccionales que se encuentran dentro de la jurisdicción liderada por Roberto Savasta “se encuentra superada en un 300 por ciento, de lo que resulta un hacinamiento por demás palmario. Dicha circunstancia -por sí sola- constituye un agravamiento arbitrario de las condiciones de detención -agregó Romero-. La problemática carcelaria y los detenidos en comisarías son capítulos pendientes en la política cri-minal de la provincia de Buenos Aires, circunstancia que se viene agravando en los últimos años”. De manera coincidente, el fiscal y la jueza reconocieron que el trámite del hábeas corpus “no es una solución de fondo, sino una mera salida coyuntural de la situación de uno de los 18 departamentos judiciales de la Provincia”.

18 de febrero de 2002 - Motín en la Novena - Los detenidos quemaron colchones y ropa. Intervino Gendarmería y Bomberos. La revuelta se inició en simultáneo con el fútbol y el personal policial estaba destinado a la cancha. Hay uniformados y presos heridos. Para la policía “querían fugarse”. Pero trascendió que pedían traslados Quienes se hayan quedado sólo con el clásico jugado en el bosque entre Gimnasia y Estudiantes están equivocados. En realidad fueron dos los clásicos. Se jugaron a la misma hora y a pocas cuadras uno del otro. Hubo público en los dos aunque sólo se pagó entrada a uno. El menos violento se disputó sobre los 6.850 metros cuadrados de césped de la cancha del Pincha. El otro fue más reducido: se disputó en 4 celdas de entre 6 y 8 metros cuadrados cada una de la comisaría Novena. A la cancha entraron 22, once para cada lado. En las celdas eran como 60, 23 de un lado y el resto del otro. En la cancha competían los rojiblancos y los albiazules. Uno de los bandos de las celdas eran azules, los policías. Los demás, es decir, el equipo de 23 presos, estaba vestido de todos los colores... eso del uniforme para los detenidos quedó en la historia, no hay presupuesto. “Hay humo en la comisaría”, le gritó un vecino a otro. Y abandonaron la radio para salir a la calle a ver qué pasaba. “Ah, otra vez un motín”, se escuchó por ahí, y el clásico -el otro clásico- ya tenía su público cautivo. Fueron 23 internos que prendieron fuego todo lo que tuvieron a mano en la celda. Están detenidos por distintos delitos. La comisaría se transformó en un caos. Fuego y humo por todos lados. A pesar de tener un escuadrón antimotines la seccional que ayer estaba a cargo del sub comisario López tuvo que pedir ayuda a Gendarmería: “la mayoría del personal estaba trabajando en la cancha”, dijo un policía. Llegó Gendarmería, más apoyo y los bomberos. Hubo detenidos y personal policial heridos. Finalmente, todo estuvo controlado: los detenidos tras las rejas y del fuego sólo quedaron cenizas. La hora pautada No es casualidad el día y la hora en que se produjo el motín. Los presos vieron en el gran despliegue policial afectado al clásico platense la posibilidad de ganar terreno e iniciaron la revuelta. Eran las 15.50 cuando los pocos uniformados que seguían en el edificio de la Novena comenzaron a escuchar los gritos y el sonido estridente de los golpes contra los barrotes. Cuando la policía fue a las celdas se encontró con colchones que comenzaban a incendiarse, frazadas y sábanas que volaban envueltas en llamas y el grito desesperado de los presos. A pocas cuadras los “triperos” mostraban la cola ante el ingreso de los jugadores “pincharratas”. Con el escaso personal policial no se podía enfrentar la fuerza furiosa de los 23 amotinados. Se pidió reiteradamente por handy bomberos e Infantería. Al mismo tiempo rodearon la manzana porque temieron una fuga masiva. Todas las esquinas fueron cerradas con móviles porque no había personal suficiente para apostarlos. Pasaban los minutos, la tensión se acrecentaba y no llegaba la ayuda. Poco después de las 16.15 volvieron a pedir Infantería. Uno de los grupos que estaba en la cancha se movilizó a la comisaría y así, el estadio, que ya tenía reducida su seguridad por una baja en el presupuesto, tuvo menos efectivos todavía. Afortunadamente no hubo incidentes durante ese lapso en el partido. Los bomberos del cuartel La Plata tuvieron que trabajar con equipos autónomos ya que por la quema de colchones que son altamente tóxicos era imposible acercarse al lugar para atacar las llamas. Si bien la primera media hora tiraron agua desde la calle, luego sí ingresaron a las celdas. Esto pasó una vez que un gran número de integrantes del cuerpo de Infantería enfrentó cara a cara a los internos y los redujo. Esta vez los heridos -y no los muertos- son el saldo. Junto con otro nítido reflejo de la mísera situación del sistema penitenciario argentino donde, por superpoblación en las cárceles, los detenidos son alojados en las comisarías. El hacinamiento y el maltrato envuelven en furia los ánimos de los presos que buscan una y otra manera de protestar. Siguen, así, los “clásicos” motines. Y contrariamente a lo que pasó en el césped, en 5 y 59 nadie se llevó los laureles: todos, como siempre en estos casos, fueron netos perdedores. El 20 de febrero se concluyo que el motín en realidad habia sido un intento de fuga. Los fiscales Virginia Inés Bravo y Gabriel Sagastume finalizaban las indagatorias de los 23 acusados de provocar un motín y un incendio en la Comisaría Novena de 5 y 59 el domingo último, cuando, a pocas cuadras de allí se disputaba el clásido entre Estudiantes y Gimnasia. Declararon sólo tres presos. El resto se negó. Los que hablaron dijeron que el motín fue organizado por los reos más viejos y que sólo se debió a un reclamo por la calidad de comida. Sin embargo, la fiscalía constató que mientras se incendiaban colchones en el patio, otros terminaban de limar los barrotes de una ventana que da a la calle 59.

13 de Febrero 2002 - Cien presos de comisarías a cárceles - Una jueza ordenó el urgente traslado. Es una medida de emergencia. Apunta a descomprimir la superpoblación y el hacinamiento en las seccionales de La Plata. Denuncian que no hay nuevas unidades ni se refaccionaron las existentes. Reclaman soluciones de Política Criminal La jueza de Ejecución Penal de La Plata Claudia Matilde Marengo dispuso ayer el traslado progresivo de cien detenidos que hasta anoche se encontraban alojados en distintas comisarías de nuestra región, para que sean remitidos a unidades penitenciarias.
A través de esta resolución, la jueza Marengo hizo lugar a la petición de hábeas corpus promovida la semana pasada por el fiscal Marcelo Carlos Romero frente a “presuntos agravamientos en las condiciones de detención de un centenar de personas alojadas en comisarías y subcomisarías dependientes de la Jefatura Departamental La Plata”.
El fiscal argumentó que las comisarías “están desbordadas en su capacidad en un 300 por ciento”.
En el hábeas corpus se tuvo en cuenta un informe aportado por el jefe de la Departamental La Plata, Roberto Savasta, quien sostuvo que en su jurisdicción “se encuentran privadas de su libertad 550 personas, y que sobre 100 de ellas ya se ha dispuesto su traslado a unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, medida que no se cumplió hasta el momento”.
Ayer, la titular del Juzgado de Ejecución de La Plata Claudia Marengo por la secretaría de Carlos Vanitoso, dispuso que las autoridades del Servicio Penitenciario bonaerense arbitren las medidas necesarias para concretar los traslados en forma gradual. Al parecer, se derivarían siete internos por semana hasta llegar a los cien. Así se vería solucionada, en un mediano plazo, la preocupante superpoblación que se viene registrando en las comisarías de nuestra región.
La capacidad de estas seccionales “se encuentra superada en un 300 por ciento, de lo que resulta un hacinamiento por demás palmario. Dicha circunstancia -por sí sola- constituye un agravamiento arbitrario de las condiciones de detención” fundamentó el fiscal Romero.
La jueza Marengo hizo lugar ayer al planteo de la fiscalía luego de recibir un informe del Servicio Penitenciario en el que se hicieron constar las razones por las cuales no se hicieron los traslados de comisarías a unidades carcelarias dispuestos en su oportunidad por distintos jueces de Garantías.
Marengo realizó una denuncia penal contra el SPB por no cumplir las ordenes de traslado. Aunque las autoridades del SPB alegaron a través de un informe que se torna imposible el alojamiento de más presos porque debido a la crisis económica en la Provincia de Buenos Aires no se han construido nuevas cárceles ni tampoco se han refaccionado las existentes.
Con esos indicadores, el panorama solo tendería a agravarse. La difícil situación fue advertida por la jueza de Ejecución penal en un tramo de su resolución. Marengo resaltó que “el problema de superpoblación no es solo atinente a las comisarías sino también al Servicio Penitenciario y sus Unidades”.
La magistrada instó a los “niveles de decisión superior” a que encuentren “urgentes soluciones de fondo” ante la grave situación que se atraviesa en las cárceles bonaerenses, “problemática que va más allá de la simple construcción de nuevos establecimientos de detención”.
De manera coincidente, el fiscal Romero había señalado en su habeas corpus que “la problemática carcelaria y los detenidos en comisarías son capítulos pendientes en la política criminal de la provincia de Buenos Aires, circunstancia que se viene agravando en los últimos años”.
El fiscal y la jueza reconocieron que el trámite del hábeas corpus “no es una solución de fondo, sino una mera salida coyuntural de la situación de uno de los 18 departamentos judiciales de la Provincia”.

SPB: capacidad colmada En un informe de la Dirección de Regimen del Servicio Penitenciario bonaerense elevado -en el trámite de hábeas corpus- ante la jueza de Ejecución Penal Claudia Marengo, se arriesgó una serie de explicaciones en torno a la actual situación carcelaria.
Se dijo que “debido a que no se han creado nuevas unidades ni se han ampliado las ya existentes que se encuentran colmadas en su capacidad y dado las escasas vacantes que se producen, por libertades y traslados a otra jurisdicción es que nos vemos limitados a incorporar detenidos al sistema”.

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13 de febrero - Contra las torturas Una comisión integrada por representantes del Gobierno bonaerense, legisladores y miembros del Poder judicial provincial se encargará de investigar y sancionar hechos de tortura cometidos en unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires. La creación de este cuerpo investigativo es una respuesta a la denuncia efectuada en diciembre último por la Defensoría de Casación penal provincial sobre 176 casos de malos tratos registrados en los últimos meses del año pasado en cárceles bonaerenses.
El titular de la Defensoría, Mario Coriolano, explicó que “se trata de una comisión interinstitucional para la prevención y sanción de hechos de tortura y malos tratos a personas alojadas en establecimientos carcelarios”.
“La comisión se encargará de seguir los hechos denunciados, qué pasó con las causas judiciales y los sumarios administrativos sustanciados contra personal implicado en las denuncias”, dijo el funcionario.

Mil casos en sólo dos años El Banco de Torturas que funciona en la Defensoría de Casación Penal constató cerca de mil casos de torturas en unidades penitenciarias y comisarías en los dos años que lleva desde su creación. Según las estadísticas, desde marzo del 2000 hasta la fecha, el Banco constató en comisarías bonaerenses y unidades penales un total de 994 casos. Los datos revelan que en comisarías de las provincias de Buenos Aires existieron 370 casos de torturas no denunciadas y otros 320 que fueron denunciadas ante los fiscales de turno. Los voceros explicaron que los casos no denunciados corresponden a malos tratos que son constatados por los defensores oficiales en sus visitas a los internos y que estos no denuncian por temor a represalias.
En las cárceles bonaerenses el Banco constató 29 casos no denunciados y 195 denunciados, en tanto que sin dependencia especificada hubo 31 casos no denunciados y otros 49 denunciados.

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Noticias del año 2001

19 de diciembre 2001 (La Plata) Fiscal pidió traslados en la Novena El fiscal de Ejecución penal de La Plata, Marcelo Carlos Romero, interpuso ayer un recurso de hábeas corpus luego de constatar la superpoblación en la comisaría Novena de esta ciudad, que tiene capacidad para 12 personas y alberga actualmente 39 presos. La presentación del fiscal fue realizada ante la Jueza de Ejecución Claudia Marengo, a fin de que se trasladen los detenidos a otra seccional policial. “La cantidad de presos alojados en esa comisaría supone un agravamiento de las condiciones de detención”, explicó el fiscal Romero, quien aclaró que los detenidos “no denunciaron malos tratos ni problemas con la comida”. El fiscal precisó que “la magistrada tiene un plazo de cinco días para resolver el hábeas”, y remarcó que Marengo “es específicamente competente, más allá de la competencia universal de todos los jueces letrados de la provincia, para entender este tipo de cuestiones”. “Esa seccional tiene no más de siete calabozos con 39 presos, y lo que pido es que se traslade un número razonable de detenidos a otra dependencia para equiparar el cupo”, precisó el fiscal. El 12 de noviembre último, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense un hábeas corpus masivo en defensa de los presos alojados “en situación de hacinamiento” en comisarías bonaerenses. El director ejecutivo del organismo, Víctor Abramovich, explicó en esa oportunidad que “las 640 comisarías de la provincia de Buenos aires tienen una capacidad de alojamiento para 3.000 personas y, según informes oficiales, del 30 de octubre último, se alojaban en ellas unas 6.410 personas, en una situación de ilegalidad generalizada que reviste gravedad institucional”. El CELS detalló en el hábeas que “hay presos que deben turnarse para dormir; 10 personas alojadas en superficies de 1,8 por 2,5 metros; celdas sin luz natural ni ventilación; agujeros en el piso que se utilizan como baños; y personas infectadas con HIV/SIDA o tuberculosis que no reciben ningún tratamiento”. También se destacó el incremento de motines en reclamo de mejoras en las condiciones de hacinamiento y de violencia entre internos y agentes policiales.

18/12/2001 - 18:16 El Gobierno instalará radios escuela en las cárceles del país El ministerio de Justicia de la Nación y el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) acordaron hoy la instalación de emisoras de radio de baja potencia en las unidades penitenciarias federales, a través de la firma de un convenio suscrito por sus titulares, Jorge de la Rúa y Gustavo López, respectivamente.

12 de diciembre - Motines y lista negra Abogados de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional denunciaron que el Servicio Penitenciario Bonaerense los tiene marcados, bajo la acusación de ingresar armas a los penales y generar motines. Frente a esto, nueve letrados presentaron un recurso de hábeas data Abogados de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunciaron ayer que el Servicio Penitenciario Bonaerense los tiene marcados en una “lista negra”, y que los acusa por un supuesto anónimo de ingresar armas a los penales y generar fugas y motines. El caso motivó que los nueve abogados denunciantes presentaran un recurso de hábeas data ante la Justicia en lo civil de La Plata para que el Estado declare qué información maneja sobre ellos y sus actividades personales y profesionales. Por su parte, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires envió notas al Ministerio de Justicia y al Subsecretario de Política Penitenciaria y Readaptación Social para que “se tomen las medidas necesarias y se investiguen los hechos denunciados”. “Debe instruirse una actuación sumarial tendiente a deslindar las responsabilidades del caso, y se apliquen las medidas sancionatorias procedentes”, expresó Juan Carlos Abud, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Además, Abud se hizo cargo de patrocinar a los abogados denunciantes, y esta mañana, a partir de las 10, concurrirá a una audiencia fijada por el juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 19 de nuestra ciudad, a cargo de Oscar Bustos Berrondo, donde se tramita el hábeas data. “En esa audiencia -explicó el abogado Sergio Smietniansky, uno de los denunciantes-, declarará un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense, identificado como Carlos Scheffer, cuyo nombre figura al pie de una comunicación interna de la cárcel Junín donde aparece la lista negra”. Según la Correpi, el caso se inició el 27 de junio de este año cuando la abogada María Fernanda Doldán Aristizábal se presentó en la Unidad Penal 13 de Junín para entrevistarse con un preso. De acuerdo con la denuncia, “en la guardia le pidieron la credencial, y le dijeron que debían verificar si estaba incluida en el despacho 02/01”. “Doldán preguntó de qué se trataba el despacho, y el guardia le contestó que la nota estaba fechada el 26 de enero de este año”, contó Smietniansky. Según el abogado, “también le dijo que en el despacho, el oficial Carlos A. Scheffer ordenaba que cada vez que en algún penal bonaerense se presentará algún abogado mencionado en la lista, debía ser comunicado a la superioridad”. “Lo obvio es que la orden hablaba de un seguimiento a los que figurábamos en la lista”, añadió. Según el letrado, Doldán alcanzó a detectar quienes aparecían en la lista negra. “Se trata de Doldán, León Zimerman, actual diputado provincial, María del Carmen Verdú, Daniel Straga, Daniel Lerner, Gerardo Etcheverry, Sergio Smietniansky, Rubén Tripi y Luis Valenga, quien fue suplente de Alfonsín en la candidatura a senador”, relató. En la actualidad, y si bien pasaron por Correpi, Valenga, Doldán y Tripi ya no integran la Coordinadora. Por la gravedad del caso, la Correpi presentó un recurso de hábeas data ante el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial La Plata número 19, a cargo de Oscar Bustos Berrondo. El abogado Smietniansky explicó que el hábeas data es el derecho que tiene cada ciudadano a que el Estado le informe qué información tiene sobre él. Según el letrado, tras la presentación, la Justicia corrió vista a la fiscalía de Estado para que explique con qué fundamento los letrados aparecían en la lista, y fue aquí donde los abogados de Correpi se llevaron la segunda sorpresa. “La Fiscalía de Estado contestó que la lista no existe, pero mencionó un anónimo del 22 de enero de este año que un interno habría remitido a autoridades penitenciarias para señalar que los letrados de Correpi promueven motines en las cárceles de Olmos y Sierra Chica”, relató. “Según el supuesto anónimo que invocó la fiscalía para tal designio, los letrados ingresan armas de fuego a los penales y preparan fugas con apoyo”, precisó. Para Smietniansky, “es tan ridículo todo, que se hace figurar a Zimerman hasta con el alias de ‘Toto’, como si se tratara de un delincuente”. En la contestación, según Correpi, la fiscalía de Estado también dijo que había una causa en la defensoría 4 de Morón donde se denunciaban las supuestas actividades ilícitas de los abogados. “Fuimos a ver esa causa y lo único que hay es la madre de un preso que dice que si se deroga la ley del 2 x 1 va a haber motines a fin de año”, contó Smietniansky. “Creemos que el Servicio Penitenciario Bonaerense para justificar la inteligencia que nos hace inventó esa causa de Morón, pero lo más curioso es que en el relato no hay acusación hacia los abogados de Correpi”, agregó. En el plano internacional, la supuesta existencia de la lista negra de letrados motivo una presentación de Correpi ante Amnesty Internacional. Este mediodía, tras la audiencia en el juzgado 19 en lo civil y comercial de La Plata, la Correpi realizará una conferencia de prensa para informar sobre el caso.

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS VISITÓ LA UNIDAD 29 DE MELCHOR ROMERO A RAIZ DE DENUNCIAS POR TORTURAS   LA PLATA, Diciembre 05 La subsecretaria de Derechos Humanos de la nación, Diana Conti, realizó  una visita de inspección a la Unidad 29 de la penitenciaria ·Melchor Romero·, que cuenta con la tecnología necesaria para ser considerada la unidad de mayor seguridad de La Plata. La visita de Conti, se realizó a raíz de las denuncias por torturas efectuadas por algunos presos de la entidad. Allí se entrevistó con el interno Víctor Esquivel Barrionuevo, uno de los integrantes de la banda de los Doce Apóstoles, que junto a otros detenidos se encuentran en huelga de hambre exigiendo el ·cambio de las condiciones de detención y el cese de los apremios ilegales·, describió la subsecretaria. Cabe recordar que dichos presos habían solicitado un pedido de habeas corpus mediante el cual exigían el traslado a otra Unidad penitenciaria. Ante la gravedad de los hechos, el fiscal Marcelo Romero había enviado a la Suprema Corte una medida de ·no innovar·, por considerar que los presos son de alta peligrosidad para la comunidad y que por esto, ·no pueden ser trasladados a una Unidad de menores niveles de seguridad·. Tanto Barrionuevo, como Brandán Juárez, entre otros, formaban parte de la banda de los Doce Apóstoles y participaron del motín de Cierra Chica donde mataron a siete personas, las descuartizaron y jugaron con partes de su cuerpo. Conti se había reunido por la tarde con el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Antonio Arcuri,  tras un pedido de intervención de los familiares de los internos, luego del encuentro la semana pasada, con la defensora oficial María Dolores Gómez, que interpuso varios habeas corpus por apremios ilegales. Después de una charla en la que Arcuri y Conti acordaron trabajar en conjunto para asegurar la integridad física de los presos, recorrieron las dependencias del Melchor Romero junto con el defensor de casación Mario Corialano, el fiscal Marcelo Romero y el camarista Pedro Soria. ·Deben permitirse visitas periódicas de control de los defensores oficiales, los particulares y las organizaciones no gubernamentales·, puntualizó Conti al término de su entrevista con sus detenidos.

6 de diciembre/2001 Casación denuncia torturas que no se investigan en cárceles bonaerenses El Banco de Torturas de la Defensoría de Casación Penal reclamó el esclarecimiento de las denuncias. El Gobierno dice que se trata de viejos casos. Pero las quejas son respecto de la falta de investigaciones internas. Y revelan “la sistematicidad de la tortura y la impunidad de sus autores” Al menos 176 casos de malos tratos se registraron en los últimos meses en unidades penales dependientes del Servicio Penitenciario bonaerense, sin que hayan sido investigados internamente, según se denunció ayer en el Banco de Torturas de la Defensoría de Casación Penal. Voceros del Ministerio de Justicia provincial indicaron que, por cada denuncia, se iniciarion sumarios administrativos y causas penales, sin que haya ningún agente penitenciario procesado. El titular de la Defensoría, Mario Coriolano, al dar a conocer estos casos, aseguró que las autoridades penitenciarias provinciales “no investigaron estos episodios” y reclamó al gobernador Carlos Ruckauf que colabore con las medidas necesarias para investigarlos y esclarecerlos. En tanto, voceros de la cartera de Justicia dijeron “estar sorprendidos por las declaraciones de Coriolano” y aseguraron que “los datos suministrados por el Defensor de Casación ya habían sido denunciados con anterioridad”. Explicaron que esas denuncias “determinaron que el Servicio Penitenciario bonaerense le pidiera precisiones al funcionario judicial en los meses de abril y agosto”. Coriolano emitió ayer una resolución, en la que destaca que el jefe del Servicio Penitenciario bonaerense, Estaban Mazante, al conocer estos casos, “negó que hechos de tales características puedan tener lugar en la órbita de su repartición”. Dijo que lo sostenido por el jefe penitenciario “se contrapone con la información reunida en el Banco de Datos de Casos de Torturas, creado a fines de marzo del año pasado por la Defensoría”. “De los 176 casos denunciados ante el Banco de Torturas, unos 157 registran denuncia ante las autoridades y los restantes 19 casos fueron conocidos bajo secreto profesional”, precisó Coriolano en su resolución. Detalló que de esos 19 casos, 2 ocurrieron en el penal número 1 de Olmos; 1 en el penal número 2 de Sierra Chica; 2 en el penal número 4 de Bahía Blanca; 1 en el penal número 6 de Dolores; 1 en el penal número 8 de La Plata; 2 en el penal de Junín y 1 en la unidad número 23 de Florencio Varela. Los otros 3 casos se registraron en el penal de Magdalena; 2 en el penal de máxima seguridad 29 de Melchor Romero; 3 en la unidad número 30 de General Alvear y 1 en sede de los Tribunales de Quilmes. “A pesar de la existencia de estas investigaciones en sede penal, de la respuesta del jefe del Servicio Penitenciario provincial, se colige que no se habría actuado en sede administrativa para esclarecer las eventuales responsabilidades que en el ámbito interno pudieren derivar de tales hechos, en su totalidad”, remarcó el escrito del Defensor de Casación. Para Coriolano, “la cantidad de casos denunciados e informados y la ausencia de respuestas para su esclarecimiento, son reveladoras de dos graves características: la sistematicidad de la tortura y la impunidad de sus autores”. “Los registros obrantes en el Banco de Datos, desde que reflejan sólo la información que llega a las Defensorías Oficiales de la Provincia desde su implementación (fines de marzo 2000) constituyen un relevamiento de carácter parcial”, destacó Coriolano. El Defensor consideró que el relevamiento “debiera ser completado con los hechos ocurridos con anterioridad a su instrumentación, como los casos que obran en Fiscalías de Cámaras y departamentales antes y después de la creación del Banco”. Coriolano informó sobre esta situación al gobernador Ruckauf, a la Suprema Corte de Justicia bonaerense, al Procurador General de la Corte y a las cámaras de Diputados y Senadores, además del Servicio Penitenciario. Periodistas en controles por torturas El fiscal Marcelo Romero señaló ayer a Trama Urbana que durante el procedimiento de inspección efectuado en la Unidad 29, el pasado martes, se realizaron seis horas de filmación y que esas cintas luego fueron resguardadas, dentro de un sobre sellado y lacrado, y puestas a disposición de los fiscales que llevan adelante la investigación en torno a las condiciones de alojamiento en ese penal. Durante los registros de video, fueron filmados cada interno de cuerpo entero y se constató la inexistencia de lesiones, con la debida constatación de los médicos, según precisó el fiscal. Sólo se advirtieron en tres detenidos la presencia de hongos plantares, por el uso de zapatillas y por el intenso calor, se indicó en tribunales. El fiscal de Ejecución penal Romero adelantó ayer que dispuso que los próximos reconocimientos médicos de los internos, puedan ser supervisados por periodistas a fin de avalar los procedimientos. Estos reconocimientos fueron hechos luego de que 17 detenidos denunciaran torturas. Presos hacinados en una comisaría de Ensenada Hay lugar para 10 donde duermen 21 presos. Hay problemas en las cloacas, que rebasan hacia los calabozos y no hay forma de evitar dormir sobre los excrementos. Aunque ayer les podrían haber comprado 10 kilos del mejor asado, sólo había para comer un kilo de menudos de pollo. Es lo que denunció el defensor oficial de turno, Claudio Ritters, ante el fiscal Mariano Lasarte, luego de constatar personalmente las condiciones de hacinamiento y superpoblación en la comisaría Tercera de El Dique, en Ensenada, informaron fuentes tribunalicias. El fiscal dispuso un procedimiento de inspección, al que concurrió junto a médicos de tribunales, y pudo constatar que había tres celdas, con una capacidad máxima para diez detenidos: pero había 21. Cada calabozo es de dos por dos metros y medio. Cuenta con dos camastros de cemento por celda. La mayoría de los detenidos duerme en el piso. Son ingresados a las 22 y permanecen allí hasta las 7 del otro día. Durante la noche los presos hacen sus necesidades dentro de una botella, dijeron los instructores judiciales.El fiscal Lasarte, mientras tramita la denuncia, dio inicio a un habeas corpus ante el juez de Garantías de turno Néstor de Aspro, quien ayer tomó declaración a todos los detenidos, antes de ordenar sus traslados a otras dependencias policiales. Durante el procedimiento, se verificó que el único baño existente estaba tapado y los líquidos residuales y la material fecal desbordaban por el piso. También hubo denuncias por la mala calidad de la comida. Por día a la seccional se le dan 41 pesos para alimento. Ayer, la fiscalía constató que con ese dinero se había comprado, apenas, un kilo de menudos de pollo.

2 de diciembre de 2001 (Diario El Dia, La Plata) ¿Quién controla las cárceles? Hay 2 jueces y 2 fiscales para 15 mil reclusos y 35 unidades carcelarias. El presupuesto no alcanza y podría recortarse el año próximo. Los peligros de la situación actual "El sistema carcelario adolece de graves deficiencias estructurales e ideológicas, y así se pretende que un juez -o dos o tres- puedan brindar soluciones mágicas e instantáneas. Es absurdo", dispara Marcelo Romero, uno de los dos fiscales de ejecución penal del Departamento Judicial La Plata. En realidad, de la Provincia. La reforma procesal penal iniciada el 28 de septiembre de 1998 instauró, entre otros muchos cambios, un contralor judicial de la ejecución de las penas privativas de la libertad impuestas por los juzgados y los tribunales penales. Así, el nuevo sistema de ejecución penal se anunció con bombos y platillos. Pero más de tres años después es casi un mero enunciado. Más de 15 mil reclusos y 35 unidades carcelarias dispersas por toda la Provincia son el campo de acción de apenas 2 jueces -uno en La Plata y otro en Azul-, dos fiscales con jurisdicción sólo para el departamento judicial platense -Romero y Maribel Furnus- y un área de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, por lo que el resto del Poder Judicial bonaerense mantiene su competencia en forma supletoria para cubrir los "baches" del nuevo sistema. "Esto pasa más por el esfuerzo personal de quienes trabajan en las cárceles", asegura Susana Marchiano, subsecretaria de la Procuración y coordinadora del Area Carcelaria. "En la dependencia central somos 6 abogados y 3 empleados, y luego en cada oficina que hay para cada cárcel de la Provincia hay entre 1 y 3 personas, aunque en Azul o La Plata, por ejemplo, un par de personas deben encargarse de varias cárceles y miles de presos a la vez". BUENAS INTENCIONES, ABANDONO OFICIAL Los juzgados de Ejecución Penal y los fiscales del fuero deben, en principio, controlar cómo se ejecutan las condenas, vigilar que se respeten todas las garantías de las que gozan los condenados, procesados e imputados, y hasta revisar incluso las sanciones disciplinarias que imponen las autoridades del Servicio Penitenciario bonaerense. "Somos los garantizadores de que se ejecute la sentencia y se respeten los derechos constitucionales de los presos", resume Romero. Sin embargo, no es tan sencillo. Sólo hay 2 jueces en la Provincia para todas las cárceles. Uno de ellos, en La Plata. La doctora Claudia Marengo juró el 10 de septiembre y desde entonces -sólo doce semanas- ya debió intervenir en 210 actuaciones e incidentes, cifra que aumentaría exponencialmente si se incluyeran las visitas carcelarias de rigor. El juez restante, Juan Bergoglio Oyhramburu, asumió en Azul casi dos meses antes que Marengo, el 19 de julio, convirtiéndose así en el primer juez de ejecución de la Provincia. "En estos casi cuatro meses y medio ya debimos intervenir en más de mil causas, sin contar los incidentes y las visitas carcelarias", comenta. "Hasta ahora recorrí las unidades carcelarias de Azul y General Alvear, mientras que en los próximos días haré lo propio en Sierra Chica", agrega. "Esto, a pesar del grave problema presupuestario que enfrentamos y que hace que tengamos menos personal que cualquier juzgado correccional y que aún quede por definir, en parte, cuál es nuestra competencia". NO SOLO FALTA DINERO, TAMBIEN UNA ESTRATEGIA La carencia de jueces y fiscales hace que cada Cámara de cada Departamento Judicial actúe en forma supletoria y genere confusiones sobre cuáles son los límites territoriales y la competencia de cada funcionario judicial, lo que quedó evidenciado hace unos 10 días, cuando el intento de trasladar unos reclusos de la Unidad 29 provocó un fuerte cruce entre fiscales y magistrados de La Plata y San Isidro. "Esto hace que todo el sistema de ejecución sea más impreciso", comenta Marchiano, "sin mencionar que en las condiciones presupuestarias actuales nos vemos obligados a actuar sólo en las emergencias y a responder las cuestiones informativas, es decir, los pedidos de ayuda de los reclusos para resolver algún divorcio o una visita de su familia a la cárcel". El presupuesto de la Procuración de este año ronda los 146,5 millones de pesos, cifra que -aunque elevada- no cubre sus necesidades. "En nuestra área faltan entre 10 y 15 cargos para establecer todas las oficinas judiciales y, si sirve de ejemplo, las computadoras y los fax llegaron hace apenas 3 años", agrega, "pero parece que para el presupuesto del año próximo tendremos que estar contentos si no nos recortan fondos". Romero describe algunas de las restricciones con las que operan. "La estructura brindada a los flamantes jueces es muy precaria", dice, "producto de la actual coyuntura económica y los constantes recortes al presupuesto judicial. Esto hace que Furnus como yo no estemos abocados específicamente al área de ejecución penal, sino que además conservamos las tareas que veníamos cumpliendo en nuestras fiscalías". Marchiano, sin embargo, destaca que no se trata simplemente de una cuestión economicista. "Acá no pasa por construir más cárceles, se trata de un fenómeno más profundo, social. Es un sistema que debe ir a la reinserción progresiva de los reclusos, no a lo meramente represivo. Ese es uno de los ejes de los juzgados y fiscalías de Ejecución Penal".

20/11/2001 - La Plata (El Dia) Nueva presentación judicial por los traslados de presos Hasta el momento la Cámara de San Isidro dispuso cambiar de cárcel a 17 internos. Un fiscal platense se opuso y solicitó una medida cautelar para evitar el éxodo masivo de peligrosos reclusos El fiscal de ejecución penal de La Plata, Marcelo Romero, solicitó ayer una medida cautelar de no innovar para evitar el masivo traslado de presos de la cárcel de máxima seguridad de Melchor Romero, por lo menos hasta que la Corte provincial se expida sobre la polémica desatada con una serie de fallos de camaristas de San Isidro, que dispusieron la reubicación de peligrosos detenidos -entre ellos los integrantes de la banda de los "Doce Apóstoles"- a otras cárceles. Hasta ayer, la Sala III de la Cámara de San Isidro -integrada por los jueces Raúl Borrino y Celia Vázquez- dispuso el traslado de 17 presos de la Unidad 29 de Romero, al hacer lugar a recursos de hábeas corpus, planteados por las rigurosas condiciones de detención de esa dependencia.
La crisis empezó la semana pasada con el traslado a una cárcel común de los cabecillas del sangriento motín de Sierra Chica de 1996, y el viernes último alcanzó la cúspide de tensión cuando los jueces de San Isidro dispusieron que los 170 presos que están actualmente alojados en la Unidad 29 sean sometidos a pericias médicas y puestos a disposición de ese tribunal.
Al conocerse esa medida el jefe del Servicio Penitenciario, Esteban Mazzante, se reunió con el fiscal Romero y otras autoridades para tratar el conflicto. CARCELES MENOS SEGURAS Los camaristas de San Isidro habían aceptado la semana pasada recursos de hábeas corpus presentados por los defensores de diez presos, entre ellos los condenados por el motín en Sierra Chica, Marcelo Brandán Juárez y Carlos Esquivel Barrionuevo. Y ordenaron alojarlos en la Unidad Penal 9 de nuestra ciudad, que no cuenta con los sofisticados sistemas de seguridad que posee la Unidad 29 de Romero. En la medida, se mencionó que tanto Brandán Juárez como Esquivel Barrionuevo denunciaron que, además de ser sometidos a un supuesto sistema inhumano -están encerrados casi todo el día en celdas individuales-, fueron torturados y golpeados en varias oportunidades por los guardiacárceles. Cabe aclarar que estos dos presos ya están en la UP 9.
Por eso, mientras la Corte analiza el pedido de intervención que fue planteado por el fiscal Romero para que analice el caso de Brandán Juárez -al considerar que no puede estar alojado en una cárcel común-, la Sala III de la Cámara de San Isidro le comunicó al Servicio Penitenciario que, desde el viernes último los 170 presos que están en Melchor Romero quedaban a disposición de ellos. Y, a la vez, encargó que los detenidos fueran sometidos a revisaciones médicas, para constatar si fueron torturados o no. Romero, junto a la fiscal de turno Maribel Furnus, ordenó, a su vez, al Servicio Penitenciario que no trasladara a ningún detenido de la Unidad 29. LA MEDIDA CAUTELAR Como el conflicto siguió avanzando ayer -los camaristas de San Isidro dispusieron dos nuevos traslados de peligrosos presos de la Unidad 29- el fiscal Romero le pidió al juez de garantías de turno en La Plata, César Melazo, una medida de no innovar, para que no sea trasladado ningún preso de la Unidad 29. El fiscal le pidió a Melazo que confirme la medida que adoptó el viernes último, originada por cuestiones de gravedad y urgencia. Ahora, el magistrado analiza si hace lugar o no al requerimiento. En tanto, pudo saberse que los jueces de San Isidro le enviaron copias de las actuaciones al ministro de Justicia bonaerense, Antonio Arcuri, a quien le pidieron que le inicie un sumario por "falta grave" al jefe del Servicio Penitenciario, por haber incumplido con la orden impartida por el tribunal de alzada. En tal sentido y al ser consultado sobre la posibilidad de que también se le formule algún cargo en su contra, el doctor Romero sostuvo que "si alguien cree que me asusto con una denuncia se equivocaron de fiscal".

7 de octubre de 2001 - Tendencia: nuevas formas para prevenir el delito El fracaso de las cárceles Especialistas internacionales creen que la respuesta represiva ya pasó (La Nacion) SAN JOSE DE COSTA RICA.- "El uso de la prisión creció en todo el mundo y eso no redujo la delincuencia. El delito no se previene con más cárceles, sino con mejor funcionamiento de las instituciones básicas, la familia, la escuela; mayor empleo y nutrición. La equidad social es la mejor herramienta para llevar paz a las calles."
Esta afirmación parecerá un desatino a aquellos que consideran que a la delincuencia que atemoriza a la comunidad hay que combatirla con mayor dosis de represión. Pero el doctor Pedro David, uno de esos personajes que en nuestra sociedad sin brújula permanece desconocido para el gran público, habla con la experiencia que tienen muy pocos criminólogos en todo el mundo, pues estudió y participó en la reforma de los sistemas penales de más de cien países. La humildad de este abogado tucumano, nacido en Alberdi hace 72 años, y su discurso pausado y risueño esconden que el hoy juez de la Cámara Nacional de Casación Penal trabajó durante treinta años para Naciones Unidas, donde se desempeñó como consejero interregional de Prevención del Delito y Justicia Penal y fue jefe del Centro para la Prevención del Delito.
Fue su bagaje de datos y vivencias lo que tuvo en cuenta el secretario general de la ONU, Kofi Annan, cuando, en 1999, le encomendó que evaluara, junto con otros cuatro expertos, el funcionamiento de los tribunales penales internacionales de Yugoslavia y de Ruanda, cuyos resultados fueron considerados para el diseño de la Corte Penal Internacional de Roma.
David también tuvo una importante actividad académica. Discípulo directo de Gerome Hall, adscribe al criterio de que la realidad, compleja en valores, desborda la estrechez de las normas jurídicas; el último de la decena de libros que publicó, Globalización y prevención del delito , acaba de ser editado por Giuffré Edittore, Milán; dictó clases en universidades de los cinco continentes y, en especial, fue titular de cátedra de Sociología del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; ex decano de la Universidad de Albuquerque, Nuevo México (Estados Unidos); profesor honorario de la University of Hull, Inglaterra, y es miembro de honor de la Real Academia de Medicina de Barcelona (España).
Este periodista participó como invitado en un seminario sobre prevención del delito que organizó en esta ciudad el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (Ilanud), donde se presentó en su homenaje el volumen Política criminal, derechos humanos y sistemas jurídicos, en el siglo XXI (Editorial Depalma-Lexis Nexis), con muy valiosos artículos de juristas norteamericanos, europeos y latinoamericanos.
La respuesta del pánico
"Los ciudadanos se sienten inseguros y los gobiernos les proponen más cárceles y más presos. Pero la prisión es la solución de la política criminal del pánico y ya fracasó", afirma David.
Una muestra palpable es lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, donde hay 23.000 presos en cárceles y comisarías y el azote de la delincuencia no cede.
Elías Carranza, director del Ilanud, sobre la base de estudios comparados de la realidad de toda la región, certifica que "las tasas de presos (por cada cien mil habitantes) crecieron durante los últimos 10 años. Y esto se debe, en un 90 por ciento, al mayor uso de la prisión como respuesta. Sólo el 10 por ciento es consecuencia del crecimiento vegetativo".
Los números de lo que ocurrió en América latina en los años noventa son elocuentes. Así, entre 1992 y 1999 (estadísticas de Naciones Unidas), vemos que:
En todos los países creció la tasa de presos por cien mil habitantes: en la Argentina pasó de 63 a 107; en Brasil, de 74 a 113; en Chile, de 155 a 205, en México, de 102 a 143. Y Lo mismo sucedió en todos los Estados.
Esta realidad coincide con lo que ocurrió en el resto del mundo, según explica otro especialista, el canadiense Brian Tkachuk, sobre la base de las cifras del Ministerio del Interior del Reino Unido: Rusia tiene la tasa de presos más alta del mundo, con 730 personas por cien mil habitantes; el segundo en el ranking es Estados Unidos (680); terceros, Bielorrusia y Kazajstán y los países del Caribe -fundamentalmente, encarcelamientos por drogas, con tasas cercanas que oscilan entre 400 y 700-; América latina y, finalmente Europ a y Canadá.
Si se compara el número de personas presas en cada país, el crecimiento es el siguiente: en la Argentina, uno de los países de la región con mayor incremento, el número de detenidos subió el 84 por ciento; en Bolivia, 33; en Brasil, 70; en Chile, 47; Colombia, 70; Costa Rica, 99 por ciento; Honduras, 90, y Nicaragua, 113 por ciento. Obviamente, en casi todos los países, las cárceles están excedidas en su capacidad. En otros lugares, en cambio, se recurre menos a la prisión: en Japón el crecimiento fue de sólo el 10 por ciento; en Europa, de entre el 20 y el 40 por ciento, y en Sudáfrica, el 33 por ciento.
La pena de muerte no es la solución. No sólo en los Estados Unidos no tiene efecto disuasivo, sino que Guatemala contempla esta sanción y tiene índices muy altos de criminalidad.
"Todo eso demuestra que es falso que la prisión se use poco. Y también prueba que ésa no es la respuesta correcta, porque paralelamente las tasas de criminalidad subieron en casi todos los países de América latina", concluye Carranza, organizador del seminario.
"Ya en 1980, en un momento en que los economistas de todo el mundo comenzaban a hacer permanentes ajustes, la Declaración de Caracas de Naciones Unidas advirtió que el delito se previene con mayores dosis de equidad social. Nadie prestó atención a ese documento, porque comenzaba a desaparecer el estado de bienestar. Pero actualmente, en el mundo, hay 1600 millones de personas que viven con menos de un dólar diario, según cifras de la ONU. Además, como los gobiernos no supieron advertir el problema, también creció la delincuencia organizada", sostiene David.
Casi no hay país de América latina que escape por completo al diagnóstico: pauperización de la sociedad, mayor corrupción oficial y más delincuencia callejera.
La otra respuesta
En el Viejo Mundo ya se asimiló que la respuesta meramente represiva no es la mejor. La baronesa Vivien Stern, miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido y directora del Centro Internacional de Estudios sobre Prisiones, del King´s College de Londres, explicó a LA NACION: "No queremos más prisiones, porque se llenan rápidamente. No queremos más derecho penal. En algunos países de Europa funciona mejor el trabajo para la comunidad. En Francia se lo acepta mejor que en el Reino Unido. Pero es el camino más promisorio".
En las sociedades en crisis, los ciudadanos esperan demasiado de sus jueces. Pretenden que les den solución a la incorrecta distribución de la riqueza y, también, que aseguren la paz social que otros estamentos del gobierno, con sus medidas políticas y económicas, no resguardan. Se le pide a la Justicia demasiado, y "eso sólo deriva en el desprestigio del Estado de Derecho", asegura David.
"En el encarcelamiento hay un contrasentido. Porque la sociedad trata a la persona como a un enemigo y lo excluye, pero pretende que, cuando salga, sea nuevamente un buen ciudadano. Por ejemplo, los presos deben poder votar, porque son ciudadanos. Pero en los Estados Unidos hay 3,9 millones de detenidos y ex detenidos que no pueden hacerlo. Esa es la democracia en América", afirma Stern, acompañando la crítica con una sonrisa.
Y agrega: "La sociedad debe involucrarse, incluso con los presos. En mi país, Toyota entrena a muchos detenidos y se compromete a contratarlos cuando se gradúen. La empresa hace publicidad con esa política y es un buen modelo. Ahora el gobierno intenta que otras firmas hagan lo mismo", explica Stern.
"La prisión sólo puede ser la última instancia de la prevención del delito, para responder a los hechos más graves, incluso las defraudaciones que cometen los funcionarios públicos en perjuicio del Estado. Para los demás casos, nos debemos inclinar por respuestas alternativas, como la mediación, el arbitraje, la probation ", considera David.
David promueve el uso de la probation -un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, actualmente en estudio, propone modificar las condiciones de su aplicación-, un mecanismo que les permite a los sospechosos que están acusados de cometer el primer delito de sus vidas lograr la suspensión del proceso a prueba y evitar la cárcel si se someten a un régimen de trabajo social o de estudio supervisado por oficiales.
"En Canadá, el 70 por ciento de las condenas se transforma en una pena alternativa a la prisión, entre ellas la probation , y las estadísticas de reincidencia son menores incluso que las de Inglaterra, que tiene un sistema más antiguo", explica. ¿Y qué ocurre en la Argentina? "Aunque la gente no lo crea, las perspectivas son muy buenas", asegura.
En efecto, en la ciudad de Buenos Aires hay 2360 personas bajo este régimen, el 97 por ciento de las cuales no reinciden en el crimen.
Ana María Ramponi, directora del Patronato de Liberados, confirma con números esa apreciación: "La probation sólo se aplica a los delincuentes primarios y realmente los mejora. Sereinsertan mejor en el trabajo y tienen un nivel muy bajo de reincidencia. En cambio, el porcentaje de delincuentes que pasa por prisión y vuelve a ser detenido siempre es mucho mayor".
Para que la respuesta tenga efecto disuasivo, lo importante no es que se trate de una pena de prisión. Puede ser prisión de fin de semana, trabajo comunitario, multa o cualquier otra alternativa. Lo importante es "que llegue rápido, poco después de cometido el hecho, y que la sociedad la encuentre útil. Debemos ir hacia la justicia restaurativa, que en lugar de concentrarse en el sufrimiento del preso se ocupe de que quienes están detenidos o reciben sanciones alternativas presten servicios para la víctima, para los hospitales, para la sociedad", coinciden Stern y David. Así la gente volverá a sentir que el sistema es eficaz y útil.
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¿Sanas y limpias? Por Jorge Carlos Brinsek BUENOS AIRES, 3 SEP (AIBA-Infosic). Si hay algo realmente utópico en el contenido de nuestra Constitución es el párrafo que sostiene que las cárceles de la Nación serán "sanas y limpias" no para castigo sino para custodia y protección de quienes están alojados en ellas. Pues bien. Las cárceles argentinas --tanto las nacionales como las provinciales-- son lo más parecido al infierno, donde quienes no son criminales aprenden a serlo y en las que la dignidad de las personas es algo tan ausente y lejano como lo puede ser la Tierra de la Luna. Y como las cárceles ya no dan abasto, los presos son amontonados en comisarías y aún en camiones celulares que les sirven de infame alojamiento a veces durante semanas. El desdichado episodio del fin de semana donde tres detenidos por robo murieron atrapados en un incendio en una dependencia policial del suburbio bonaerense de Hudson, exime de cualquier otro comentario. Es un problema de difícil solución, es cierto, y además --como otras veces se ha comentado aquí-- también se ve alimentado por otras razones. Una de ellas, es que el crimen organizado y su más tenebroso aliado, el narcotráfico, han hecho carne en las prisiones argentinas. Sus tentáculos han logrado corroer incluso a altas estructuras del servicio penitenciario y los niveles de perversión adquieren dimensiones de espanto. Tiempo atrás, tras una crisis que descabezó a la entonces cúpula del sistema carcelario federal desnudó una estructura inmersa en el descontrol y la inmoralidad, donde sólo pueden prevalecer los más fuertes o los que poseen mejores abogados y recursos y en los que la industria del delito se recicla sin solución de continuidad. En esa ocasión, el juez Alberto Baños comprobó que en las prisiones, los peores criminales obtenían permisos de sus carceleros para salir a robar y a matar. Como había llegado demasiado lejos con su investigación los guardias planificaron su asesinato y comisionaron a uno de los convictos para cometerlo. Este, temeroso y arrepentido, alertó al juez y así, en principio, pudo desbaratarse tan siniestra maniobra. Pero eso fue apenas el principio de algo que, como se preveía todavía no avizora un final. Si un infeliz cae preso, probablemente sea violado y sistemáticamente reducido a servidumbre de los más poderosos. Estos a su vez controlan --junto con los guardiacárceles-- el mercado interno de la droga y el comercio de todo tipo de artículos, incluso de la propia prostitución. No es un secreto para nadie que todo en el interior de los penales está tarifado. Dormir tranquilo, sin ser molestado, tiene un precio. Comer una comida aceptable, otro. Poder ir al baño sin ser violado, también tiene un arancel. Las bebidas alcohólicas, la marihuana, la cocaína y demás "placeres" también requieren jugosos desembolsos. Es mucho el dinero que se mueve y en el cual participan todos. Los cabecillas que son amos y verdugos de los presos más dóciles y sumisos. Los guardiacárceles y, como ahora se está investigando, los jefes de éstos. Moralizar una prisión no es cosa fácil desde luego, especialmente cuando todo huele a podrido. Pero cuando esa putrefacción es estructural e institucionalizada y desciende verticalmente desde las cúpulas hasta las bases, cualquier solución es poco menos que imposible. Peor aún hacerlo en una comisaría, donde los policías no están preparados para asumir responsabilidades de guardiacárcles; las celdas son harto precarias y diseñadas para que un detenido esté pocas horas --no días, semanas y aún meses-- en ellas, los sistemas de higiene y alimentación son por cierto inadecuados y desde luego se favorece aquél cuyos familiares o influencias pueden hacerlo acreedor a un mejor "servicio". Los reiterados motines en esas sedes policiales, en busca de mejor trato y condiciones de habitabilidad, siempre tienen --más allá de la condición moral de quienes encabezan las protestas-- una causal entendible. Volviendo a las prisiones, por cierto que en ellas hay funcionarios honrados y de bien, pero en muchos casos no tienen otra alternativa que mirar hacia otro lado. Es que si no hay un respaldo superior, sus vidas no valen absolutamente nada. O son ultimados por los reclusos o sufren un extraño "accidente" urdido por sus propios "compañeros". Escribir sobre lo que pasa en el interior de las cárceles demandaría una legión de redactores y toda una biblioteca y como se dijo más arriba, ninguna solución es simple. Por lo demás es un tema tabú. En la ya lanzada campaña electoral legislativa no se avizoran en las plataformas de ninguno de los candidatos un particular hincapié sobre lo que ocurre en las cárceles y desde luego en las comisarías. No estaría mal que en los días de campaña que restan hasta octubre, quienes aspiran a ser legisladores, se de una vuelta por los pabellones de esos establecimientos para ver siquiera como es una celda de cerca y cómo viven los presos. (AIBA)

Carlos Ruckauf: "Es mentira que no se vayan a hacer cárceles; sólo se van a retrasar un poco" ENSENADA, 4 MAY (AIBA). El gobernador Carlos Ruckauf aseguró esta mañana que el programa de construcción de siete nuevas cárceles de máxima seguridad en la Provincia -anunciado hace más de un año- "sólo sufrirá una postergación" y no está definitivamente cancelado, con lo que reformuló el alcance de las afirmaciones que brindó ayer, cuando admitió que el crecimiento del riesgo país "impide obtener créditos convenientes" para desarrollar el proyecto.
Luego de participar en los actos centrales por el bicentenario de Ensenada, el mandatario provincial se mostró molesto porque "hoy pude ver que varios medios decían que no íbamos a construir las unidades penitenciarias planeadas por la crisis financiera nacional y eso es una mentira"; tras lo cual reiteró que "lo que se ha hecho es una postergación en el llamado a licitación, que será dentro de tres semanas".
El jueves, el subsecretario de Políticas Penitenciarias y Readaptación Social bonaerense, Miguel Angel Pló, había reconocido la necesidad de retrasar las obras previstas para Benito Juárez, Dolores, Campana, Tandil, Saavedra, General La Madrid y Bolívar, en el marco de un programa que apunta a distender la superpoblación en las cárceles y en las comisarías, en este último caso a través de la ejecución de alcaidías.

Hasta abril Prorrogaron la licitación para construir siete cárceles LA PLATA, 22 MAR (AIBA). El subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense, Miguel Angel Pló, informó que la apertura de sobres para la construcción de siete cárceles en la Provincia fue prorrogada hasta el 10 de abril, ya que siete nuevas empresas se mostraron interesadas en participar en la licitación. Las nuevas unidades penales permitirán alojar a unos 640 internos cada una y se levantarán en Campana, Dolores, Barker -Partido de Benito Juárez--; Vela -Partido de Tandil--; Saavedra, General La Madrid y Urdampilleta, Partido de Bolívar. Como se recordará, la construcción se realizará por el sistema de leasing y el gobierno no deberá desembolsar fondos hasta que las cárceles estén finalizadas y equipadas.

Exigirán emplear obreros argentinos durante la construcción de cárceles LA PLATA, 16 NOV (AIBA). La Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de las Políticas de Prevención y Seguridad de la Cámara de Senadores provincial introdujo, en su última reunión, importantes modificaciones en el proyecto de construcción de siete nuevas cárceles para el territorio bonaerense. De ese modo, los ocho legisladores que conforman el cuerpo -cuatro senadores y cuatro diputados-determinaron que "entre los cambios pautados se prevé exigir que la totalidad de la mano de obra que se contrate esté legalmente radicada en Argentina, y que se otorgue preferencia y participación a las Pymes provinciales". También se confirmó que los establecimientos penitenciarios de máxima seguridad -que tendrán una capacidad para 640 internos cada uno-estarán ubicados en Campana, Dolores, Barquer (Partido de Benito Juárez), Vela (Partido de Tandil), Pigüé (Partido de Saavedra), General La Madrid, y Urdampilleta (Partido de Bolívar).

Puan se concentrará en la ruta nacional 35 para reclamar la instalación de una cárcel - PUAN, 26 OCT (AIBA). Bajo el lema "El éxito dependerá de la participación y el trabajo de todos", los vecinos de Puan realizarán mañana -entre las 8 y las 19--una concentración sobre la ruta nacional 35 para reclamar a las autoridades provinciales que elijan a Villa Iris para la instalación de una unidad penitenciaria. El vocero de la Mesa Villa Iris, Rubén Serain, explicó que "se llega a esta instancia porque es necesario que el pueblo se movilice ante la ausencia de una respuesta afirmativa en la instalación de una unidad carcelaria", y precisó que el fin de la manifestación es "expresar a las autoridades provinciales que para el pueblo es muy importante lograr una respuesta afirmativa a este proyecto que aparejará la reactivación de la economía local". "No sabemos qué es lo que pasa porque todavía no fueron adjudicadas las dos plazas que quedan para completar las 10 unidades penitenciarias que se prevén construir en la Provincia", advirtió, en tanto recordó que "mientras Villa Iris ya cumplió todos los requisitos exigidos por el gobernador (Carlos) Ruckauf para que se instale una cárcel; Azul -que es la otra ciudad con posibilidades--, todavía no realizó el plebiscito, condición imprescindible para lograr la adjudicación".

EN AGOTE - MERCEDES SE CONSTRUIRA UNA DE LAS CARCELES. LANZAMIENTO DE CONSTRUCCION DE CARCELES 2000 Durante el acto de lanzamiento de construcción de cárceles, el presidente Fernando de la Rúa pidió que este se comience sin demoras a fin de "responder al aumento del crimen". El costo del Plan cuyo fin es federalizar territorialmente las unidades carcelarias , ampliar la infraestructura penitenciaria y humanizar el hábitat de los detenidos, alcanza a los 150 millones de pesos dijo a la prensa tras el acto la Secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios Patrica Bullrich El Programa establece como fecha para el llamado a licitación de las obras el periodo 2001 - 2002 mientras que la construción de las unidades carcelarias se inciará en el 2001 estimándose para su finalización el 2004. Bulrich indicó que las primeras cárceles que comenzarán a construirse en el marco de este programa son el Complejo Federal de Condenados de Mercedes, El Centro Penitenciario Federal del Noroeste (Salta), y el Centro Penitenciario Federal de Cordoba- Santa FE, en la Localidad santafesina de Coronda.