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La última década ha coincidido con un avance notable de las reivindicaciones históricas del movimiento feminista y con la superación del marco legal en que se apoyaba la desigualdad entre hombres y mujeres. A pesar de ese avance legal, siguen vigentes las estructuras creadas por la sociedad patriarcal que instituyó la división social del trabajo en razón del sexo, según la cual vida pública y privada quedaron divididas como dos ámbitos separados, configurando una organización social sexista que ha asignado a las mujeres durante siglos el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos y de la familia y a los hombres el espacio de lo público con el protagonismo en el trabajo remunerado, la política, la cultura y el poder en general. El mundo de lo privado ha permanecido en una situación de dependencia, subordinación y falta de reconocimiento, mientras que el mundo de lo público estaba en una situación preeminente, de valoración social y dominación, legitimado y sancionado por las normas sociales, políticas y jurídicas que conformaban la sociedad.

A partir de la segunda guerra mundial, sin embargo, y, sobre todo en los países desarrollados, se ha comenzado a quebrar la frontera que separaba el mundo privado del público debido a la incorporación masiva de las mujeres a la educación y al empleo, a los cambios legislativos, a las posibilidades existentes para decidir sobre la maternidad y a la modificación de la propia percepción del papel de las mujeres en la organización social. El resultado es una situación en la cual las mujeres han penetrado en los espacios anteriormente masculinos, sin que se haya producido en cambio y correlativamente, la participación de los hombres en las responsabilidades familiares y domésticas que configuran el espacio privado. En la organización social siguen perviviendo, además, las viejas estructuras de la sociedad patriarcal que no se han adaptado a la realidad.

Esta combinación de factores implica:

1. la realización de una doble jornada por las mujeres que además del trabajo asalariado siguen asumiendo mayoritariamente el trabajo doméstico y las responsabilidades familiares.
2. grandes disfunciones en la organización social que afectan a la familia y personas a su cargo pero también a la organización del trabajo y de los servicios.
3. la percepción por parte de las mujeres de su exclusión del poder y de la toma de decisiones en el ámbito público contradictoria con su creciente grado de participación en el mismo.

La crisis de un modelo de organización basada en la división sexual del trabajo se superpone y se interrelaciona con la derivada del crecimiento estructural del desempleo, consecuencia entre otros factores, del desarrollo de las nuevas tecnologías. Como en situaciones históricas anteriores, el desarrollo tecnológico disminuye la necesidad de mano de obra en la producción de bienes y servicios, lo que está impulsando la búsqueda de fórmulas innovadoras para conseguir ajustar la oferta de empleo a la demanda existente, de la cual las mujeres forman una parte cada vez más significativa tanto cualitativa como cuantitativamente.

Ante esta realidad, el reparto del trabajo y una nueva cultura de la ecuación trabajo/ocio o vida privada, constituyen estrategias que concilian la necesidad de satisfacer el derecho al empleo de los ciudadanos/as con la posibilidad de que hombres y mujeres puedan hacer compatible el trabajo y la vida familiar.

La situación provocada por el cambio en el papel social de las mujeres y el desarrollo tecnológico, ha hecho coincidir la necesidad de un cambio estructural con el avance de las mujeres y su oportunidad para enfrentarse al mismo desde una perspectiva de género.

Las mujeres como colectivo social están, además, legitimadas para demandar y protagonizar ese cambio estructural por diferentes razones. Hay, en primer lugar, una legitimidad ético-jurídica amparada en el propio sistema democrático como garante de la igualdad de oportunidades. Existe una legitimidad de facto motivada por el potencial de las mujeres como agentes económicos con niveles crecientes de formación y cualificación que aportan, además, un trabajo (el doméstico) no cuantificado hasta ahora en el PIB, pero imprescindible para el funcionamiento social.

Las mujeres, además, se están configurando como un cuerpo electoral con intereses definidos capaz de decidir los resultados electorales en función de la identificación de las diferentes propuestas políticas con los mismos.

Sin embargo, y pese a todo lo anterior, la realidad social sigue siendo fuertemente discriminatoria como ponen de manifiesto los análisis de la situación social de la mujer en España y en el mundo, por lo que los organismos internacionales durante los últimos años están adoptando posturas muy nítidas a favor de los cambios estructurales desde una perspectiva de género.

La IV Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Pekín ha supuesto un espaldarazo a las posiciones feministas por parte de Naciones Unidas. El avance sancionado en la IV Conferencia de la Mujer, de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer ha sido considerado como "el mayor proyecto político del siglo, porque da una nueva universalidad y legitimidad a la comunidad mundial". A final del milenio somos testigos de que la necesidad de un cambio estructural coincide con el reconocimiento de la legitimidad de la mujer para protagonizar el cambio. La estrategia reivindicativa que ha permitido el reconocimiento legal de los derechos de las mujeres ha de dar paso a un proyecto activo de cambio social, un cambio estructural para acceder al nuevo pacto social.

Los medios de comunicación, el lenguaje y la publicidad, son instrumentos privilegiados para la creación de modelos de comportamiento. Por ello cualquier estrategia dirigida al cambio del papel de la mujer en la sociedad, desde la igualdad de oportunidades hasta el nuevo pacto social, ha de incluir como referente clave, la aparición en todos los ámbitos, de una imagen de la mujer acorde con su realidad actual, que sólo así podrá irse consolidando.

Desde una óptica de progreso, nos enfrentamos, pues, al reto de consolidar las conquistas sociales obtenidas, al tiempo que rediseñamos nuevas instituciones y otras reglas de juego para una sociedad que ha de adaptarse a las exigencias y posibilidades resultantes de la evolución tecnológica y económica y atender a un tiempo a las necesidades cambiantes de sus miembros.

El modelo de sociedad que surgió en los países desarrollados lleva varios años en crisis. El problema del empleo, y de la financiación de los servicios públicos y sistema de protección social, tiene que resolverse hoy de una forma nueva. Como siempre que se vive un proceso de transformación estructural, la solución que se encuentre definirá el modelo de vida durante los próximos años. A diferencia de momentos históricos anteriores, ahora las mujeres podemos y debemos propugnar que ese modelo pase por compartir el trabajo dentro y fuera de la casa, por el reparto del trabajo mediante fórmulas que mantengan la productividad y el bienestar, y que a la vez den a mujeres y hombres la posibilidad de elegir sus tiempos de trabajo, adaptándolos a las necesidades familiares y a sus propias trayectorias personales. Ese nuevo modelo exige un pacto social que sustituya al antiguo basado en la división y en la separación del mundo en dos mitades. El nuevo pacto supone la sustitución de la exclusión por la participación compartida. La filosofía de compartir se constituye en motor del cambio estructural que planteamos para hacer efectiva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y establecer las condiciones culturales, educativas, económicas y sociales, que posibiliten esa sociedad compartida. Compartir el trabajo, compartir la familia, compartir el ocio o el poder y en definitiva compartir la vida es el fundamento del pacto social que proponemos las y los socialistas.

Objetivos esenciales del nuevo pacto social son:

1.- Compartir responsabilidades familiares

2.- Compartir el trabajo

3.- Compartir el poder

4.- Promover las condiciones que posibiliten una sociedad compartida

El nuevo pacto social abordará el desarrollo de estos objetivos poniendo en marcha medidas encaminadas a su consecución.

Desde una perspectiva de género, el primer reto histórico y una de las mayores conquistas de las mujeres ha sido conseguir el reconocimiento del derecho al trabajo. Salir del ámbito doméstico en que han permanecido relegadas durante siglos para acceder al mercado de trabajo, es un logro reciente e irreversible de las mujeres del mundo desarrollado. Ahora bien, este trascendental avance social se produce en una etapa de crisis del modelo social de los países industrializados derivada, entre otras razones, de la profundidad del cambio tecnológico, que junto a la demanda generalizada (hombres y mujeres) de empleo, convierten este último en un bien escaso que hay que repartir.

Ante la crisis del empleo, parece cada vez más evidente que el futuro pasa por buscar nuevas vías de redistribución de los aumentos de productividad generados por el cambio tecnológico, a través, entre otras medidas, de una paulatina reducción, reordenación y reparto del tiempo de trabajo. Asimismo, la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo se convierte en un objetivo de interés económico y social. Dichas medidas no podrán desarrollarse satisfactoriamente sin la participación de las mujeres, tanto por su papel central en la organización social y familiar, como en la actividad productiva, participación que aspiran a consolidar e incrementar prosiguiendo el camino iniciado, hace varias décadas, de igualdad de oportunidades. Además las mujeres participan, como agentes económicos, desde una doble contribución: a través del trabajo remunerado y a través del trabajo "invisible"en el hogar, no remunerado que se hace preciso aflorar en la contabilidad nacional como riqueza realmente existente. La consideración de este trabajo como yacimiento de nuevos empleos, permitirá ampliar el mercado de trabajo.

Hasta tanto no se consiga una representación equilibrada de las mujeres en la toma de decisiones la sociedad seguirá adoleciendo de déficit democrático. Sólo la democracia paritaria, tal como se viene reclamando desde la Cumbre europea de Mujeres en el Poder (Atenas 1992) -ni más del 60% ni menos del 40% para hombres y mujeres- resolverá ese déficit y sentará las bases de una democracia sin exclusiones. Para ello se proponen las siguientes actuaciones:

Promover las condiciones que posibiliten una sociedad compartida

Para alcanzar los objetivos anteriormente señalados se hace imprescindible remover los obstáculos que impiden su realización. Por ello, son objetivos básicos para promover las condiciones que posibiliten una sociedad compartida: impulsar nuevos valores sociales; defender los sistemas de bienestar social necesarios como garantía de derechos sociales universales; desarrollar políticas urbanistas y de vivienda que recuperen el espacio para la convivencia; y desarrollar medidas de acción positiva específicamente orientadas a superar los déficits de igualdad en la situación de las mujeres.